El Ayuntamiento de Valls (Tarragona) ha sido sentenciado a indemnizar con casi 350.000 euros a un agente de la Policía Local que intervino en la acción contra los terroristas el 17 de agosto de 2017 en Cambrils, mientras estaba fuera de servicio. Desde entonces, el agente padece un trastorno de estrés postraumático y, según la resolución judicial, el consistorio lo dejó «en una situación de total desamparo» durante un periodo de ocho años.
El policía actuó voluntariamente y de manera decisiva al intentar detener a uno de los yihadistas responsables del atentado de Cambrils, ocurrido pocas horas después del ataque en Las Ramblas de Barcelona. Como consecuencia de aquella actuación, el agente sufrió graves secuelas psicológicas que le impidieron reincorporarse plenamente a su trabajo.
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El tribunal determinó que el Ayuntamiento no le proporcionó el apoyo médico, psicológico ni administrativo necesario para su situación, y que incumplió sus obligaciones laborales y de protección hacia un empleado que había participado en una intervención de carácter extraordinario.
Por ello, la justicia ordenó el pago de una indemnización de 348.000 euros por daños morales, pérdidas económicas y gastos derivados de su tratamiento.
La sentencia pone fin a un prolongado proceso judicial en el que el agente denunció la falta de respaldo institucional a pesar de haber actuado “con profesionalismo y valentía” durante los atentados. Además, resalta la importancia de ofrecer un acompañamiento adecuado a los miembros de los cuerpos de seguridad afectados por situaciones de alto riesgo, incluso si se encuentran fuera de servicio.
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