El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) ha abierto una nueva línea de investigación dentro del caso que enfrenta al alcalde de la localidad, José María García Urbano, acusado de acoso sexual por un agente de la Policía Local. La pieza separada examina si la contratación en 2023 de la pareja del denunciante como cargo de confianza en el Ayuntamiento podría constituir un delito de prevaricación o malversación de fondos públicos tal y como informa el diario El Mundo
La contratación en cuestión
La compañera sentimental del agente denunciante, una auxiliar de enfermería de profesión, fue nombrada asesora del Área de Control Externo y Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Estepona entre febrero y julio de 2023. Este puesto, reservado a personal eventual de confianza, contaba con una remuneración anual de alrededor de 60.000 euros.
El juzgado ha solicitado al Ayuntamiento la documentación relativa al contrato para determinar si hubo irregularidades en su designación. La investigación busca aclarar si la contratación de la mujer podría estar relacionada con las denuncias de acoso sexual contra el regidor, ya que la auxiliar también figura como testigo clave en el caso.
El trasfondo del caso
En octubre, el mismo juzgado admitió a trámite la denuncia por acoso sexual presentada por un policía local contra García Urbano. Según el agente, tanto él como su pareja fueron objeto de conductas inapropiadas por parte del alcalde. La apertura de esta pieza separada se centra ahora en los términos de la contratación de la mujer, que inicialmente acudió al juzgado como testigo pero cuya relación laboral con el Ayuntamiento ha generado dudas sobre posibles irregularidades.
La defensa del alcalde
Desde el entorno del alcalde, niegan categóricamente cualquier irregularidad, calificando la denuncia de “falsa y sin fundamento”. La defensa de García Urbano asegura que el lunes presentará al juzgado toda la documentación requerida para demostrar que las contrataciones realizadas por el Ayuntamiento han sido legales.
Fuentes cercanas al regidor califican las acusaciones como parte de una “campaña inadmisible e injusta” cuyo objetivo es dañar su reputación y trayectoria política. Según estas mismas fuentes, las denuncias responden a “intereses espurios” de los acusadores.
Un caso en desarrollo
El juez encargado del caso continúa recabando pruebas tanto en relación con la denuncia inicial de acoso como con la nueva línea de investigación abierta esta semana. El caso ha generado un gran interés público al tratarse de un alcalde en activo y por la gravedad de las acusaciones.
La resolución judicial, aún lejana, determinará si hay base suficiente para imputar al alcalde por los delitos de prevaricación, malversación o acoso sexual, o si procede archivar el caso como reclama la defensa del regidor.
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