El Ministerio del Interior ha decidido actualizar su protocolo respecto al empleo del espray de defensa personal o gas pimienta, estableciendo que este producto ya no estará autorizado para utilizarse en operaciones de orden público, tales como manifestaciones, protestas o huelgas. Esta disposición se adopta a raíz de la huelga general celebrada el miércoles 11 de noviembre, jornada en la que se registraron diversas denuncias por intervenciones policiales polémicas, incluyendo el uso de gas pimienta y cargas durante enfrentamientos entre piquetes y manifestantes, así como personas no vinculadas a los incidentes.
Fuentes del departamento explican que la modificación responde a la polémica suscitada por determinadas imágenes que “no concilian adecuadamente con los principios de proporcionalidad” y que serán objeto de análisis. Interior manifiesta que la Dirección General de la Policía revisará las incidencias acontecidas aquel día y actualizará el protocolo para prohibir el uso del espray de defensa en el marco de dispositivos de orden público. No obstante, la utilización de artificios fumígenos y gases lacrimógenos continuará autorizada siguiendo los protocolos vigentes, por considerarse instrumentos “inocuos” y “no lesivos”.
Estos cambios se anuncian pocas horas después de que el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordenara una investigación interna independiente sobre las cargas policiales y actuaciones de los cuerpos de seguridad durante las manifestaciones del 11N, aparte de la inspección interna habitual que verifica la legalidad de las intervenciones.
Reacciones al veto del espray y postura de los sindicatos policiales
Los principales sindicatos policiales han manifestado su rechazo unánime frente a la instrucción ministerial que prohíbe el uso del gas lacrimógeno en manifestaciones —y en cierta interpretación, del espray de defensa—, advirtiendo que eliminar herramientas intermedias podría dejar a los agentes “sin protección” frente a posibles agresiones. Según estos grupos, la intervención del 11N estuvo marcada por escenarios complicados y tensos, por lo que el uso de tales medios estaría avalado por los “principios de proporcionalidad, oportunidad y congruencia”.
Normativa vigente y proporcionalidad en el empleo de medios de control
La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establece que los agentes deben actuar siempre bajo los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Por su parte, la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 determina que las medidas en reuniones públicas y manifestaciones han de ser escalonadas y proporcionadas, y que la disolución de una concentración debe ser el último recurso, tras haber advertido a los participantes.
En lo que respecta a los dispositivos antidisturbios, el reglamento interno de la Policía contempla procedimientos específicos para su manejo, que incluyen documentos confidenciales sobre el empleo de gases lacrimógenos, artificios fumígenos y otros elementos para controlar masas. Estas herramientas deben usarse conforme al protocolo de “empleo progresivo de medios”, que sitúa al espray de defensa personal en un nivel inferior respecto a otros dispositivos más agresivos, pero su uso debe estar reglado y debidamente registrado.
Situación nacional tras la huelga del 11N
Durante la jornada del miércoles, la Policía Nacional, Guardia Civil y cuerpos autonómicos contabilizaron un total de 1.144 incidencias vinculadas a manifestaciones, con 47 detenciones hasta las 23:00 horas, cifra que excluye datos de Cataluña y País Vasco. En Madrid, los sindicatos CCOO y UGT han denunciado un empleo “excesivo” de la fuerza, especialmente relacionado con el rociamiento de gas pimienta hacia manifestantes pacíficos en zonas como Gran Vía.
Por otra parte, Amnistía Internacional España ha expresado su preocupación por ciertas “actuaciones policiales problemáticas” observadas durante la huelga en distintas ciudades. Marlaska ha asegurado que las investigaciones aclararán posibles incumplimientos de protocolos y que se tomarán las medidas pertinentes.
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