BADAJOZ / MADRID — La fase judicial del llamado caso David Sánchez avanza con la presentación de recursos de apelación por parte de tres de los acusados. Los tres sentenciados por la Audiencia Provincial de Badajoz a una inhabilitación de nueve años por un delito de prevaricación administrativa, como cooperadores necesarios, han presentado formalmente un recurso contra el veredicto, describiéndose a sí mismos como simples «daños colaterales» dentro de una operación dirigida a alcanzar a la figura principal, el hermano del presidente del Gobierno.
De acuerdo con La Razón, en el documento firmado por el abogado Rafael Arenas se sostiene que la sentencia emitida por el tribunal es «insostenible» y demanda que sea retirada lo antes posible del ámbito legal. La defensa lamenta que la «causa general» promovida por las acusaciones populares haya sido respaldada tanto por la magistrada instructora, Beatriz Biedma, como por el tribunal que dictó la condena.
Denuncia de vulneración de derechos y quebrantamiento procesal
El recurso de apelación basa su solicitud de absolución en importantes violaciones de las normas y garantías procesales durante la tramitación del caso:
- Imparcialidad del tribunal cuestionada: La defensa argumenta que se violó el derecho fundamental a un juicio imparcial al rechazar la recusación presentada contra los tres magistrados de la Audiencia de Badajoz, señalando que estos tenían un «criterio previo» sobre el fondo del asunto por haber resuelto recursos acumulados durante la investigación.
- Limitación del derecho de defensa: El abogado destaca que la aceptación y denegación de ciertas diligencias «perjudicó gravemente los derechos» de sus clientes, constituyendo un defecto procedural que, según su criterio, debería derivar en la nulidad de todas las actuaciones.
La hipótesis de la «podredumbre» institucional
La defensa critica con contundencia lo que considera una «teoría dañina» desarrollada por los acusadores con el fin de presentar una presunta red de «podredumbre» dentro de la Diputación de Badajoz, que justificaría la contratación del músico.
Contrariamente a la conclusión del tribunal, que declaró probado que la plaza fue diseñada específicamente para el familiar del presidente del Ejecutivo, la defensa sostiene que la condena a funcionarios y cargos intermedios responde exclusivamente a un intento de dotar de apariencia formal a una acusación con motivaciones políticas. Por ello, solicitan que el órgano superior revoque completamente las inhabilitaciones y restauren la presunción de inocencia para los recurridos.
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De acuerdo con La Razón, en el documento firmado por el abogado Rafael Arenas se sostiene que la sentencia emitida por el tribunal es «insostenible» y demanda que sea retirada lo antes posible del ámbito legal. La defensa lamenta que la «causa general» promovida por las acusaciones populares haya sido respaldada tanto por la magistrada instructora, Beatriz Biedma, como por el tribunal que dictó la condena.
Denuncia de vulneración de derechos y quebrantamiento procesal
El recurso de apelación basa su solicitud de absolución en importantes violaciones de las normas y garantías procesales durante la tramitación del caso:
- Imparcialidad del tribunal cuestionada: La defensa argumenta que se violó el derecho fundamental a un juicio imparcial al rechazar la recusación presentada contra los tres magistrados de la Audiencia de Badajoz, señalando que estos tenían un «criterio previo» sobre el fondo del asunto por haber resuelto recursos acumulados durante la investigación.
- Limitación del derecho de defensa: El abogado destaca que la aceptación y denegación de ciertas diligencias «perjudicó gravemente los derechos» de sus clientes, constituyendo un defecto procedural que, según su criterio, debería derivar en la nulidad de todas las actuaciones.
La hipótesis de la «podredumbre» institucional
La defensa critica con contundencia lo que considera una «teoría dañina» desarrollada por los acusadores con el fin de presentar una presunta red de «podredumbre» dentro de la Diputación de Badajoz, que justificaría la contratación del músico.
Contrariamente a la conclusión del tribunal, que declaró probado que la plaza fue diseñada específicamente para el familiar del presidente del Ejecutivo, la defensa sostiene que la condena a funcionarios y cargos intermedios responde exclusivamente a un intento de dotar de apariencia formal a una acusación con motivaciones políticas. Por ello, solicitan que el órgano superior revoque completamente las inhabilitaciones y restauren la presunción de inocencia para los recurridos.
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De acuerdo con La Razón, en el documento firmado por el abogado Rafael Arenas se sostiene que la sentencia emitida por el tribunal es «insostenible» y demanda que sea retirada lo antes posible del ámbito legal. La defensa lamenta que la «causa general» promovida por las acusaciones populares haya sido respaldada tanto por la magistrada instructora, Beatriz Biedma, como por el tribunal que dictó la condena.
Denuncia de vulneración de derechos y quebrantamiento procesal
El recurso de apelación basa su solicitud de absolución en importantes violaciones de las normas y garantías procesales durante la tramitación del caso:
- Imparcialidad del tribunal cuestionada: La defensa argumenta que se violó el derecho fundamental a un juicio imparcial al rechazar la recusación presentada contra los tres magistrados de la Audiencia de Badajoz, señalando que estos tenían un «criterio previo» sobre el fondo del asunto por haber resuelto recursos acumulados durante la investigación.
- Limitación del derecho de defensa: El abogado destaca que la aceptación y denegación de ciertas diligencias «perjudicó gravemente los derechos» de sus clientes, constituyendo un defecto procedural que, según su criterio, debería derivar en la nulidad de todas las actuaciones.
La hipótesis de la «podredumbre» institucional
La defensa critica con contundencia lo que considera una «teoría dañina» desarrollada por los acusadores con el fin de presentar una presunta red de «podredumbre» dentro de la Diputación de Badajoz, que justificaría la contratación del músico.
Contrariamente a la conclusión del tribunal, que declaró probado que la plaza fue diseñada específicamente para el familiar del presidente del Ejecutivo, la defensa sostiene que la condena a funcionarios y cargos intermedios responde exclusivamente a un intento de dotar de apariencia formal a una acusación con motivaciones políticas. Por ello, solicitan que el órgano superior revoque completamente las inhabilitaciones y restauren la presunción de inocencia para los recurridos.
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De acuerdo con La Razón, en el documento firmado por el abogado Rafael Arenas se sostiene que la sentencia emitida por el tribunal es «insostenible» y demanda que sea retirada lo antes posible del ámbito legal. La defensa lamenta que la «causa general» promovida por las acusaciones populares haya sido respaldada tanto por la magistrada instructora, Beatriz Biedma, como por el tribunal que dictó la condena.
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- Limitación del derecho de defensa: El abogado destaca que la aceptación y denegación de ciertas diligencias «perjudicó gravemente los derechos» de sus clientes, constituyendo un defecto procedural que, según su criterio, debería derivar en la nulidad de todas las actuaciones.
La hipótesis de la «podredumbre» institucional
La defensa critica con contundencia lo que considera una «teoría dañina» desarrollada por los acusadores con el fin de presentar una presunta red de «podredumbre» dentro de la Diputación de Badajoz, que justificaría la contratación del músico.
Contrariamente a la conclusión del tribunal, que declaró probado que la plaza fue diseñada específicamente para el familiar del presidente del Ejecutivo, la defensa sostiene que la condena a funcionarios y cargos intermedios responde exclusivamente a un intento de dotar de apariencia formal a una acusación con motivaciones políticas. Por ello, solicitan que el órgano superior revoque completamente las inhabilitaciones y restauren la presunción de inocencia para los recurridos.
