Antonio López considera que la decisión firmada por la presidenta del Parlamento andaluz, Ana Mestre, podría ser una «posible ilegalidad» tras una investigación interna que confirmó la realización de labores incompatibles con su cargo público.
Antonio Manuel López Hernández, expresidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía y hasta ahora consejero del órgano de control propuesto por el Grupo Socialista, comunicó este miércoles que presentará un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La impugnación busca cuestionar la «posible ilegalidad» de su cese, aprobado por Ana Mestre, después de constatarse que llevó a cabo actividades contradictorias con sus funciones públicas, incluyendo la prestación de apoyo legal y técnico no autorizado a Begoña Gómez en una causa penal que investiga presuntas irregularidades en la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
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La destitución de López del órgano encargado de fiscalizar el gasto autonómico se declaró tras comprobar que incumplió sus obligaciones institucionales al compaginar su rol en la Cámara de Cuentas con trabajos externos. La resolución adoptada por la Presidencia de la Cámara legislativa se basa en la existencia de hasta «seis situaciones» que se clasifican como «incompatibilidad sobrevenida» según lo previsto para el puesto para el que fue reelegido en 2021 por iniciativa del PSOE.
Denuncia por vulneración de la inamovilidad e invasión de competencias
En un comunicado, Antonio López expresó su «más absoluto rechazo» hacia una resolución que considera «contraria a las garantías legales que protegen la independencia de los miembros de esta institución». El exresponsable de la entidad fiscalizadora anunció que solicitará al TSJA la suspensión cautelar de su destitución, fundamentando su petición en la garantía legal de «inamovilidad durante su mandato» que ampara a los consejeros de la Cámara de Cuentas tras ser designados por mayoría cualificada en el Pleno de la Cámara legislativa.
En su defensa, López argumenta que la decisión de la Presidencia del Parlamento carece de validez procedimental, puesto que no se sometió la destitución al órgano que lo eligió. Según el afectado, el acuerdo de la Cámara de Cuentas que confirmó su incompatibilidad «no fue pactado por unanimidad, sino que contó sólo con el respaldo de cuatro de los siete consejeros que integran el Pleno, precisamente aquellos propuestos por PP y Vox». Considera de «extraordinaria gravedad» que haya sido apartado «por la resolución de una única persona, su presidenta, sin que el Pleno del Parlamento pudiera pronunciarse».
Impugnación de la vía reglamentaria empleada para la expulsión
El escrito destinado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía cuestiona también la base reglamentaria utilizada por la entidad fiscalizadora. López destaca que el propio acuerdo emitido por la Cámara de Cuentas reconoce que el Reglamento vigente no otorga de manera explícita a su Pleno la competencia para declarar las causas de cese por incompatibilidad sobrevenida, acusando a la institución de intentar «justificar su actuación mediante una interpretación de la normativa y la cita de disposiciones de un reglamento previo ya derogado».
El consejero cesado advierte que el procedimiento adoptado establece un «precedente institucional preocupante» que podría afectar la independencia de los miembros de los órganos de control externo frente a posibles interferencias políticas. López afirma que recurre a la jurisdicción contencioso-administrativa con la esperanza de que los tribunales «restablezcan la legalidad y protejan los principios de competencia, independencia institucional e inamovilidad» que regulan la fiscalización del gasto público en Andalucía.
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