Siete documentos confidenciales muestran la implicación de un abogado con historial delictivo en las maniobras del Ministerio del Interior para desacreditar al partido
La estrategia de un sector de la Policía Nacional contra Podemos durante el último Gobierno del Partido Popular sigue revelando nuevas y alarmantes informaciones. elDiario.es ha tenido acceso a siete informes secretos que confirman cómo el Ministerio del Interior reclutó al abogado José Aliste, un colaborador policial con antecedentes por estafa y blanqueo de capitales, para construir una narrativa falsa sobre la financiación del partido.
Aliste, condenado en los noventa por estafa y actualmente imputado en varias causas, elaboró en 2016 una serie de documentos que supuestamente probaban la recepción de 30 millones de dólares por parte de Podemos, provenientes de Venezuela bajo órdenes de Hugo Chávez. No obstante, tras una década de investigaciones, estas acusaciones nunca han sido corroboradas judicialmente.
Las operaciones «Bolívar» y «Venus»
Los documentos elaborados por Aliste fueron utilizados por la brigada política del Ministerio del Interior para intentar vincular a Podemos con el chavismo y erosionar su imagen pública en un contexto político clave. En los informes, Aliste aseguraba haber obtenido información tanto de su cliente, el exviceministro de Energía Eléctrica venezolano José Alvarado Ochoa, como de fuentes en Miami. Entre las pruebas utilizadas estaban los ingresos de la Fundación Ceps, un grupo de investigación en el que participaron fundadores de Podemos, seis años antes de la creación del partido.
Residencias y nacionalidades como pago
Uno de los aspectos más graves de la investigación es la sospecha de que el Gobierno de Mariano Rajoy facilitó la residencia y posterior nacionalización española de Alvarado Ochoa como recompensa por su colaboración en la difusión de informaciones falsas. En 2015, el Ministerio del Interior había rechazado renovar su permiso de residencia, pero un año después, coincidiendo con su implicación en las acusaciones contra Podemos, la autorización fue concedida. En 2019, logró la nacionalidad española, lo que evitó su extradición a Estados Unidos.
Reuniones secretas y documentos sin pruebas
Según los informes, Aliste viajó a Miami en 2016 para reunirse con altos cargos del chavismo con el objetivo de obtener testimonios perjudiciales para Podemos. En los documentos se menciona un encuentro en el Hotel Trump de Collins Avenue, donde se discutieron presuntas pruebas de pagos ilegales al partido español. Sin embargo, ninguna documentación válida fue presentada.
Otro de los episodios clave revelados es la reunión del inspector jefe José Ángel Fuentes Gago con el exministro venezolano Rafael Isea en el Consulado de España en Nueva York. En esta reunión, según la grabación revelada posteriormente, Fuentes Gago afirmó que su objetivo era evitar que Podemos llegara al Gobierno.
Implicaciones y causas judiciales
Actualmente, la guerra sucia contra Podemos es investigada en la Audiencia Nacional. Figuras como el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el exdirector adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, están imputados. Además, Aliste enfrenta varios procesos judiciales, incluyendo el caso Caranjuez, donde se investiga una trama de extorsión a exjerarcas venezolanos.
Los informes secretos revelan que la brigada política del Ministerio del Interior aplicó en 2016 la misma estrategia utilizada en 2012 contra el independentismo catalán: fabricar informes policiales sin base para influir en la opinión pública a través de medios afines.
Un escándalo con repercusiones políticas
Las nuevas revelaciones refuerzan la sospecha de que se instrumentalizó a la Policía con fines políticos, en un intento de debilitar a un partido en ascenso antes de unas elecciones clave. La publicación de estos documentos podría traer nuevas consecuencias legales para los implicados y reabrir el debate sobre la utilización de las instituciones del Estado para intereses partidistas.
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