El ministro de Transportes descarta renunciar ante la presión política, mientras el Ejecutivo habilita ayudas a los afectados y Adif enfrenta una propuesta de huelga para el 17 de noviembre.
MADRID.— Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, compareció este martes ante la Diputación Permanente del Congreso para dar cuenta del grave accidente ferroviario en Urda (Toledo), que causó 69 fallecidos y alrededor de 200 heridos, con 40 personas aún hospitalizadas. En su intervención, Puente defendió la seguridad del tramo y negó que la línea Madrid-Sevilla de alta velocidad sea una infraestructura «abandonada ni olvidada», enfatizando el plan de renovación en ejecución con un presupuesto de 780 millones de euros.
El ministro descartó la posibilidad de dimitir al afirmar que no ha tomado ni dejado de tomar «ninguna decisión que haya ocasionado daño». No obstante, su declaración se produjo en un contexto político tenso, donde PP, Vox, PNV y Junts—partidos que suman 35 de los 69 escaños en la Diputación Permanente—exigen de manera conjunta su salida del cargo.
Los detalles del siniestro
Al relatar el desarrollo de los acontecimientos, el ministro explicó la cadena de errores y comunicaciones previas al choque. Indicó que el centro de control de Adif en Atocha autorizó al tren AVE involucrado a continuar con la circulación normal pese a la caída previa del sistema de seguridad LZB y a que otro convoy de Iryo estaba detenido más adelante en la misma vía. El AVE recorrió aproximadamente 25 kilómetros a una velocidad superior a 160 km/h antes de colisionar con la parte trasera del tren Iryo a las 8:53 horas.
Además, se informó que la maquinista del tren Iryo contactó con Adif ocho minutos después del accidente para solicitar con urgencia el corte de tensión en la línea, ante la posibilidad de que su convoy estuviera invadiendo la vía adyacente tras el impacto.
Medidas del Gobierno y tensión sindical
Frente a la magnitud del accidente, el Consejo de Ministros aprobó un paquete de ayudas inmediatas dirigidas a las víctimas y sus familiares. Igualmente, el Gobierno comunicó que implementará una reducción temporal en las frecuencias del tráfico en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla mientras se aclaran los hechos y se garantizan los estándares de operación.
En cuanto a la gestión del incidente, generó una respuesta interna considerable dentro de la empresa de infraestructuras. El comité de empresa de Adif decidió convocar una huelga para el 17 de noviembre en protesta por la seguridad en la red ferroviaria, aunque la formalización del paro aún no se ha concretado. De manera paralela, Adif informó que protegerá los periodos de descanso de los controladores ferroviarios para asegurar una operatividad adecuada durante las horas de mayor circulación.
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