Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, presentó su renuncia este martes mientras comparecía ante el Congreso de los Diputados, responsabilizándose políticamente del grave accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) que ha provocado la muerte de 69 personas. La dimisión se produjo a seis días del choque entre el AVE y un tren de Iryo, en un contexto de elevada tensión social y política, motivada por la exigencia casi unánime de responsabilidades entre los grupos parlamentarios de la Cámara Baja.
Durante su intervención en la comisión parlamentaria, el exministro defendió la labor técnica de su departamento, señalando que la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla no está desatendida y que el sistema de señalización LZB, que presentó fallos en el accidente, es una tecnología ampliamente utilizada en la red ferroviaria europea. Además, Puente negó rotundamente que existieran directrices internas que dieran prioridad a la puntualidad de los trenes sobre las garantías de seguridad en la circulación comercial.
Petición judicial para reabrir el corredor andaluz en diez días
Antes de formalizar su dimisión, el ministro informó sobre la petición presentada en el juzgado encargado de la investigación para obtener permiso para reparar y acondicionar el tramo de vía afectado por el siniestro en Toledo. El Gobierno estima que la conexión de alta velocidad entre Madrid y Andalucía podría restablecerse en un plazo máximo de diez días tras la autorización de la magistrada instructora, aunque el servicio operará con una reducción notable de frecuencias respecto a las habituales.
Esta disminución de trenes diarios tiene como objetivo asegurar la mayor fiabilidad de la red después de que el Consejo de Ministros aprobase un plan extraordinario para reforzar la seguridad ferroviaria. El paquete también incluye un régimen de ayudas económicas directas para las familias de las víctimas y la implementación de topes tarifarios para evitar la especulación en los precios de los servicios de transporte alternativos durante periodos de emergencia nacional.
Aumento de la presión política y familiar tras el dictamen en el Congreso
La renuncia tuvo lugar en un contexto de fuerte conmoción social, caracterizado por intervenciones críticas de familiares de las víctimas que demandaron responsabilidades directas al Ejecutivo. La presión política ejercida por la oposición y algunos socios de investidura aceleró la salida del titular del Ministerio de Transportes, quedando solo el PSOE y EH Bildu a favor de aplazar la depuración de cargos hasta culminar las auditorías de la investigación judicial.
La dimisión de Óscar Puente genera una crisis gubernamental en un momento clave de la legislatura, forzando una remodelación urgente en el Ministerio para recuperar la confianza ciudadana en el sistema ferroviario. Ahora, la prioridad es ejecutar las tareas de reparación en Toledo y coordinar con Adif la implementación de nuevos protocolos de supervisión humana y automática en los centros de control de tráfico.
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