El acusado, enfrentado a cargos por violencia habitual, amenazas y vejaciones hacia su expareja, no pudo confirmar el acuerdo de conformidad a causa de dificultades en la conexión.
La Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ceuta tuvo que posponer este jueves la audiencia judicial contra un hombre identificado por las iniciales M.E.A., acusado de presuntos crímenes relacionados con violencia habitual, amenazas y vejaciones injustas en el contexto de violencia de género. Los hechos imputados ocurrieron contra su expareja sentimental.
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Insultos y amenazas a través de medios digitales
Según el escrito de calificación provisional presentado por el Ministerio Fiscal durante la vista del 9 de julio, el acusado y la denunciante mantuvieron una relación sentimental que se extendió hasta abril de 2025, periodo durante el cual convivieron en Alemania.
La Fiscalía señala que, concretamente el 2 de abril de ese año, el investigado se comunicó con la víctima por vía telefónica y mediante la aplicación WhatsApp, proferiéndole insultos graves como «yonki», «puta» y «guarra».
Un inconveniente técnico impide la ratificación del acuerdo
La audiencia preliminar programada para este jueves tenía como objetivo que el acusado reconociera formalmente los hechos delictivos a cambio de una reducción significativa de la pena solicitada por la Fiscalía. Aunque existía un principio de acuerdo entre las partes para alcanzar una sentencia de conformidad, la sesión debía realizarse de manera telemática.
Una falla en la conexión de la videoconferencia imposibilitó que el acusado declarase y ratificase el acuerdo, lo que provocó la suspensión de la audiencia.
Advertencia judicial de cara a próximas fechas
Debido a la imposibilidad de continuar, el magistrado titular del Juzgado número 2 de la Sección de lo Penal, Miguel Ángel Cano, programó la celebración del juicio definitivo para los próximos meses, fecha en la que se espera formalizar la conformidad entre las partes.
El juez emitió además una advertencia seria al investigado: si no garantiza su presencia en la próxima cita —independientemente de si reconoce o no los cargos—, se ordenará su búsqueda y detención inmediata. Esto se debe a que la pena privativa de libertad inicialmente solicitada por el Ministerio Público supera ampliamente los dos años de prisión. Pese a la severidad de la pena propuesta, fuentes jurídicas indican que no se contempla ingreso en prisión debido a la ausencia de antecedentes penales y al propósito de cerrar el procedimiento mediante el acuerdo mencionado.
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