MADRID – La Fiscalía de Madrid ha solicitado formalmente la absolución total de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un paso significativo dentro del proceso judicial. En el escrito de conclusiones provisionales presentado al juzgado, el Ministerio Público determina que las acciones investigadas no presentan relevancia penal, afirmando que «los hechos descritos no constituyen una infracción penal» y que, por ende, «sin delito no hay autor».
Este documento se opone claramente a la postura del juez instructor Juan Carlos Peinado, quien recientemente decidió llevar el caso a juicio con jurado popular, e incluye también la petición de exoneración total para la asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.
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Beneficio nulo y falta de presiones
El argumento principal del fiscal desacredita las acusaciones de tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida y malversación que han estado en el centro de la investigación desde abril de 2024. Según el escrito, no se ha probado ningún daño patrimonial ni beneficio ilícito.
La Fiscalía sostiene con claridad que «ni Begoña Gómez, ni Cristina Álvarez, ni Juan Carlos Barrabés recibieron una remuneración o beneficio, directo o indirecto» relacionado con la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, estableciendo en «cero euros» el beneficio que podría haber percibido Gómez por dicha cátedra y el software involucrado en la controversia.
Además, el Ministerio Público subraya que los implicados no ejercieron «presión alguna sobre las empresas para obtener promoción o patrocinios». En cuanto a Juan Carlos Barrabés, aclara que sus labores docentes se ajustaron estrictamente a las condiciones salariales oficiales de la universidad, descartando cualquier contribución irregular a las actividades académicas de Gómez.
Designación de la asesora y criterios académicos
La Fiscalía defiende también la actuación de la asesora Cristina Álvarez, indicando que su nombramiento en 2018 «cumplió con los procedimientos legales establecidos» y que ha llevado a cabo sus responsabilidades de manera continua y legítima.
Por otro lado, el escrito desestima las críticas de las acusaciones populares sobre la preparación académica de Begoña Gómez para codirigir estos estudios. El fiscal señala que la normativa vigente para las cátedras extraordinarias no requería que Gómez tuviera título de licenciada, diplomada, funcionaria o catedrática para participar en la promoción o dirección.
Discrepancias sobre medidas cautelares y ausencia de riesgo de fuga
Este posicionamiento de la Fiscalía se da en un contexto de tensión judicial. Paralelamente, el Ministerio Público ha calificado como «injustificada» la retirada del pasaporte a Begoña Gómez y ha apelado contra esta medida cautelar impuesta por el juez Peinado, acusándolo de «confabulación». Mientras el juez justificó esta restricción citando un supuesto riesgo de fuga —refiriéndose a ocasiones anteriores de mandatarios europeos que evitaron la justicia— la Fiscalía rechaza totalmente tal posibilidad y enmarca la causa como una investigación surgida de denuncias basadas en recortes de prensa sin respaldo penal.
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