MADRID – La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha avanzado significativamente en la causa relacionada con el caso Leire Díez. Según informa El País, los agentes han puesto el foco en la gerente actual del PSOE, Ana Fuentes, y en dos empleadas más de la sede central del partido en Ferraz, solicitando autorización judicial para examinar detalladamente los datos de sus teléfonos móviles.
Esta solicitud fue presentada ante el juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y encargado del caso. El propósito es esclarecer al máximo el registro documental y los intercambios de comunicaciones relacionados con la presunta estructura dedicada a obstaculizar las investigaciones judiciales y policiales vinculadas al Partido Socialista y al entorno gubernamental.
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El rol de la gerencia bajo investigación
Ana Fuentes está vinculada a la causa penal desde finales de mayo y vuelve a estar en el punto de mira tras los informes presentados por la UCO. La hipótesis que manejan los investigadores es que la gerencia pudo haber estado informada o involucrada en un sistema de «facturas falsas» y empresas pantalla empleados para canalizar más de 180.000 euros procedentes del partido, destinados a financiar actividades relacionadas con la exmilitante Leire Díez.
Los indagadores explican que estas transferencias encubiertas, que comprendían pagos mensuales de 4.000 euros coordinados presuntamente por el exsecretario de Organización Santos Cerdán, se utilizaron para financiar campañas de distracción mediática, asesorías jurídicas ficticias y tentativas de compra de voluntades. El objetivo principal era desacreditar a los altos responsables de la propia UCO y bloquear investigaciones sensibles como el caso Koldo.
Nuevo giro en el proceso investigativo
La petición para acceder a los datos de los terminales telefónicos de la gerente y las dos empleadas de Ferraz coincide con una semana de intensa actividad en el ámbito judicial. En días recientes, la investigación ha implicado a destacados exdirigentes del partido, como Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos, y ha provocado la imputación de la cúpula de la Guardia Civil por posibles presiones sobre el equipo investigador.
La decisión que adopte el juez Pedraz respecto a la autorización para examinar estos dispositivos será determinante para el curso inmediato de un procedimiento que pone bajo estrecha vigilancia la estructura financiera y de control interno del PSOE.
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