Ocho años después de destituir a Mariano Rajoy con el lema de la ejemplaridad, el presidente del Gobierno se encuentra atrapado por sus propios argumentos frente a las investigaciones judiciales que afectan a José Luis Ábalos, José Luis Rodríguez Zapatero, Begoña Gómez y su hermano David Sánchez.
Este lunes 1 de junio se cumplen ocho años de la moción de censura que situó a Pedro Sánchez al frente del Gobierno y modificó de forma definitiva el panorama político español. Así, se desalojó al Partido Popular con Mariano Rajoy tras la sentencia del caso Gürtel y se inició una etapa en la que el PSOE centró su legitimidad en la lucha contra la corrupción. Hoy, Sánchez afronta este aniversario cuestionado por los mismos principios éticos y políticos que le llevaron al poder. Mientras en 2018 se defendía que la corrupción debía tener consecuencias políticas inmediatas, el actual presidente trata de minimizar el efecto de varios procesos judiciales que afectan a su entorno y apela a la fortaleza de su partido. Paralelamente, tanto la amenaza de una nueva moción de censura como la posibilidad de adelanto electoral planean sobre el Ejecutivo.
La moción de censura contra Mariano Rajoy no se basó en una condena penal ni en acusaciones personales, sino en el impacto institucional de la sentencia Gürtel y en la imposibilidad de sostener un Gobierno manchado por la corrupción, según argumentó el PSOE con firmeza. En junio de 2018, los socialistas elevaron la exigencia política más allá de lo judicial. José Luis Ábalos, entonces secretario de Organización y actualmente pendiente de sentencia en el caso mascarillas, fue el portavoz visible en el Congreso y resumió la situación con la frase que se volvió lema: “Ya no hay suposiciones, sino certezas”. Además, acusó a Rajoy de haber desprestigiado profundamente la dignidad de la institución que representaba.
En aquel momento, el PSOE sostenía que la responsabilidad política debía asumirse sin esperar al cierre de los procesos judiciales. Sin embargo, hoy, ocho años después, Sánchez llega a este aniversario adoptando la postura contraria, con un partido cada vez más afectado por las causas de corrupción que rodean al Gobierno y la falta de aclaraciones por parte de la dirección federal. Desde la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, pasando por el llamado caso Leire que afecta a la organización socialista, hasta el caso Mascarillas que involucra a Ábalos, estos frentes generan una gran tensión interna. A pesar de la gravedad, desde Moncloa se sostiene que estos asuntos no ponen en duda la legitimidad del Ejecutivo y se insiste en la presunción de inocencia.
El principal desafío político para Sánchez no son solo las críticas de la oposición, sino la comparación incómoda con su precedente histórico. En 2018, la corrupción se consideraba motivo suficiente para aplicar consecuencias políticas inmediatas, incluso sin sentencias firmes. Hoy, el PSOE pide a la sociedad diferenciar claramente entre responsabilidades judiciales e institucionales y evitar adelantar consecuencias políticas.
Además, la comparación temporal presenta un elemento complicado. La moción de 2018 se fundamentó en denunciar la degradación institucional del poder del Estado. En cambio, el reciente auto judicial en el caso Leire eleva el daño reputacional para el partido, al investigarse si hubo una estructura organizada para interferir o desacreditar procesos judiciales relacionados con el entorno socialista. Este proceso sigue abierto, al igual que Plus Ultra y mascarillas. Curiosamente, la persona en prisión preventiva en este último caso fue quien diseñó la moción que desalojó a Rajoy por corrupción. Así, el aniversario muestra una imagen clara: Sánchez llega manteniendo la bandera de la ejemplaridad, pero ahora defiende que gobernar implica, sobre todo, resistir.
Los primeros años de Sánchez en el Gobierno estuvieron marcados por una narrativa basada en la exigencia de ejemplaridad y transparencia como condiciones básicas para gobernar. Se impulsaron medidas para aumentar la transparencia, limitar los aforamientos políticos, implantar códigos éticos rígidos y consolidar una imagen de limpieza institucional. Sin embargo, con el tiempo el foco fue cambiando.
Durante la primera y parte de la segunda legislatura, el principal desgaste para el Gobierno vino por su dependencia parlamentaria de partidos independentistas y nacionalistas. Desde la moción de censura apoyada por ERC, PDeCAT y otros socios, Sánchez entró en un patrón de negociaciones y concesiones políticas constantes. Este contexto se intensificó tras las elecciones de 2019 y más aún con la legislatura iniciada en 2023.
Los indultos a los condenados del procés, la reforma del delito de sedición, los cambios en malversación y la tramitación de la ley de amnistía constituyeron el mayor frente de desgaste para Sánchez. El PSOE asumió el coste político y electoral argumentando que estas medidas eran parte de una estrategia para normalizar la convivencia en Cataluña y que el tiempo terminaría validándolas ante la opinión pública.
Durante este periodo, Moncloa llevó el debate territorial como eje principal frente a la oposición y logró mantener la narrativa de ejemplaridad. Sin embargo, el estallido del caso Koldo, que involucra al exministro y exsecretario de Organización José Luis Ábalos, modificó esta dinámica. Su salida política forzada provocó una fractura significativa en la defensa gubernamental, que tuvo que optar por distinguir entre responsabilidades políticas y judiciales y evitar conclusiones prematuras.
En los últimos meses, la presión política ha aumentado con nuevos escándalos que no solo involucran a individuos concretos sino que afectan al prestigio del partido. La imputación de Zapatero en Plus Ultra añade complejidad, pues se trata de una figura política emblemática y referente de Sánchez, a quien ha defendido públicamente en campañas recientes.
Además, la implicación del PSOE en el caso Leire ha provocado una gran inquietud interna debido a su riesgo reputacional y su impacto sobre la estabilidad parlamentaria para el Gobierno. La respuesta desde Moncloa contrasta con la postura de 2018: ahora prevalece la presunción de inocencia, el respeto a los tiempos judiciales y la prioridad de no mezclar las investigaciones con la estabilidad institucional.
Finalmente, se suman a estos frentes nuevas investigaciones vinculadas al entorno familiar del presidente. En Madrid, su esposa Begoña Gómez debe declarar ante el juez Juan Carlos Peinado el 9 de junio. Por otro lado, en Extremadura, su hermano David Sánchez está siendo investigado por supuestas irregularidades en su contratación en la Diputación de Badajoz; el proceso judicial comenzó el pasado jueves en la Audiencia Provincial y concluirá el 4 de junio. Así, el ámbito judicial familiar también centra la atención coincidiendo con el aniversario de Sánchez en el poder.
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