MADRID – La Audiencia Nacional ha sentenciado al excomisario José Manuel Villarejo a tres años y medio de cárcel por apropiarse y difundir ilegalmente la información contenida en el teléfono móvil de Dina Bousselham, quien fuera asesora de Podemos. El tribunal lo considera responsable de un delito de revelación de secretos, agravado por su condición de funcionario público en el momento en que ocurrieron los hechos.
Trayectoria de los datos sustraídos
Según la sentencia, la tarjeta de memoria del móvil sustraído a Bousselham en 2015 fue entregada a Villarejo en febrero de 2016 por un periodista del Grupo Zeta. En lugar de emplearla en una investigación oficial, el antiguo comisario almacenó y difundió su contenido en diversos medios con una intención política específica.
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- Objetivo delictivo: Los jueces indican que Villarejo proporcionó la información a El Confidencial y OkDiario para generar noticias dirigidas al «descrédito del partido político Podemos» y su entonces líder, Pablo Iglesias.
- Uso indebido de funciones: El tribunal destaca que Villarejo se apoyó en su condición de policía y en sus «funciones de inteligencia» para acceder a datos privados sin respaldo judicial alguno.
Daño moral y compensaciones
La sentencia señala que la publicación de imágenes íntimas, datos bancarios y conversaciones privadas por Telegram causó un «daño moral implícito en la humillación» al revelar detalles muy personales de los afectados.
| Afectado | Indemnización establecida | Motivo |
| Dina Bousselham | 5.000 € | Divulgación de vida privada y fotos personales. |
| Pablo Iglesias | 1.000 € | Difusión de datos bancarios y chats privados. |
Se ha declarado al Estado como responsable civil subsidiario, asegurando el pago de estas indemnizaciones en caso de que el condenado no pueda hacer frente a ellas.
Periodistas eximidos tras recibir perdón
Un aspecto destacado del caso es que los periodistas Alberto Pozas y Luis Rendueles (exdirectivos de Interviú), quienes entregaron la copia a Villarejo, fueron excluidos de la condena tras recibir el perdón de la parte afectada por parte de Bousselham e Iglesias.
El rol de Pablo Iglesias
La sentencia también aclara un punto de controversia: confirma que el Grupo Zeta entregó la tarjeta original a Pablo Iglesias, quien la mantuvo durante seis meses antes de devolverla a su asesora. No obstante, los jueces establecen que no existen pruebas de que Iglesias dañara la tarjeta, asignando la responsabilidad penal únicamente a la difusión realizada por el excomisario.
Con esta resolución, la Audiencia Nacional sanciona nuevamente las «finalidades desviadas» de Villarejo, que utilizó su posición como «tarjeta de presentación» para actuar en entornos oscuros del Estado.
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