La manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas provoca cortes de tráfico en la Castellana, intervenciones policiales y protestas similares en ciudades como Barcelona.
MADRID.— Cerca de 10.000 personas, de acuerdo con los datos proporcionados por la Delegación del Gobierno, protestaron en las calles de Madrid el miércoles por la noche en rechazo al desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que fue desalojada tras un largo conflicto inmobiliario. La concentración, organizada de forma urgente por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, reunió a los manifestantes en el barrio de Chamberí frente al edificio que recientemente adquirió la empresa pública regional Planifica Madrid, bajo el lema de pedir el «ático de Ayuso para Maricarmen».
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La protesta provocó el corte del tráfico en la calle General Martínez Campos y se desplazó luego al Paseo de la Castellana en la zona de Rubén Darío, donde los participantes realizaron una sentada. Durante los incidentes, policías de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional usaron equipo antidisturbios y realizaron disparos al aire con pelotas de goma para controlar el avance de la manifestación.
Descontento dirigido a las administraciones autonómica y estatal
Las consignas del evento apuntaron directamente a los gobiernos regional y nacional. Además de las críticas hacia la presidenta autonómica, los asistentes dirigieron sus pancartas y cánticos contra el Gobierno central y el Ministerio de Vivienda, poniendo en duda la efectividad de la Ley de Vivienda vigente y calificando de «hipócrita» la respuesta a la crisis habitacional.
«¿Dónde está el Gobierno progresista?» y «Para Ayuso, un ático; para nuestra clase, desahucios» fueron algunos de los lemas que mostraron los asistentes, quienes exhibieron las llaves de sus casas como símbolo del derecho a una vivienda digna.
Operativo de siete horas y desalojo en camilla
La marcha nocturna dio fin a una jornada que comenzó al amanecer en la calle Alcalde Sáinz de Baranda, donde numerosos activistas acamparon e intentaron impedir el desalojo. La anciana, que tiene un grado reconocido de discapacidad y ha vivido en la vivienda de renta antigua durante siete décadas, fue retirada del inmueble a la una de la tarde en camilla y trasladada al Hospital Gregorio Marañón tras un operativo policial que duró más de siete horas.
El conflicto judicial se inició en 2018 tras la adquisición del edificio por parte de la inmobiliaria Renta Corporación, que luego lo vendió a la socimi Urbagestión Desarrollo e Inversión SL. Los propietarios reclamaron una renta mensual de 1.650 euros a la inquilina, cantidad que excede la pensión de 1.450 euros que ella percibe.
Movilizaciones similares en Barcelona
La preocupación por el caso se extendió más allá de Madrid. En Barcelona, cientos de personas convocadas por el Sindicat de Llogateres y la plataforma Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya se reunieron frente a la Delegación del Gobierno en Cataluña bajo el eslogan «Maricarmen no estás sola». Durante esta marcha, los representantes vecinales anunciaron que podrían organizar protestas de mayor envergadura si el Gobierno no implementa urgentemente medidas para proteger a personas vulnerables frente a los desahucios.
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