La burocracia en Rabat bloquea la puesta en práctica de los convenios de repatriación, suspendiendo las solicitudes de presos que desean cumplir sus sentencias en España.
MADRID.— Las autoridades marroquíes han detenido la gestión de los expedientes para trasladar a presos españoles que cumplen condena en cárceles alauíes y que solicitan ser repatriados a centros penitenciarios peninsulares. Esta decisión implica la paralización de facto del proceso bilateral establecido para la transferencia de condenados en Marruecos.
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Este bloqueo administrativo afecta a decenas de españoles que ya cumplían los requisitos para acogerse a estos convenios. Las familias de los internos denuncian la suspensión de las comisiones mixtas y retrasos prolongados en las autorizaciones administrativas indispensables para efectuar los traslados, lo que genera gran incertidumbre.
Respuesta ante un contexto de tensión diplomática
Fuentes cercanas explican que esta paralización se produce en un contexto complicado en las relaciones entre Madrid y Rabat, marcado por sucesos recientes vinculados a migración y seguridad en Ceuta. La gestión fronteriza y los procesos de devolución de ciudadanos han enfriado los canales institucionales, afectando directamente la cooperación judicial y penitenciaria.
Tradicionalmente, estos traslados requerían la homologación de sentencias por los tribunales españoles y la aprobación definitiva del Ministerio de Justicia marroquí. No obstante, la interrupción en la comunicación entre departamentos ha detenido la tramitación, dejando a los reclusos españoles en las cárceles marroquíes sin certezas sobre sus fechas de regreso a España.
Alarma por las condiciones de reclusión
Organizaciones que brindan apoyo a presos en el extranjero y familiares han expresado su inquietud ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, demandando intervenciones diplomáticas inmediatas para que las autoridades marroquíes desbloqueen las transferencias penitenciarias.
Este colectivo advierte que la paralización de los expedientes mantiene a los ciudadanos españoles en prisión en condiciones vulnerables y pide que los acuerdos humanitarios y de cooperación judicial no se vean afectados por discrepancias políticas entre ambos gobiernos.
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