Gonzalo Sanz comparece como testigo después de su renuncia y asegura que informó a sus superiores sobre los avisos en redes sociales que llamaban a asaltar la frontera el 30 de julio.
MADRID.— Gonzalo Sanz, antiguo jefe de gabinete en la Delegación del Gobierno en Ceuta, ha prestado declaración este jueves como testigo ante la magistrada María Tardón de la Audiencia Nacional, dentro del proceso abierto para determinar las responsabilidades institucionales relacionadas con la crisis migratoria ocurrida a finales de julio. Su citación genera gran interés judicial al darse a conocer tras su renuncia y después de confirmar que transmitió a la cadena de mando la alerta recibida de un agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) un día antes de los hechos.
Sanz acude al juzgado en Madrid tras la reciente dimisión de su superior inmediato, Miguel Ángel Pérez Triano, quien renunció este lunes como delegado del Gobierno en Ceuta y a la secretaría general del PSOE local, allanando el camino para la designación de David de la Encina.
Los mensajes de WhatsApp del 29 de julio
El núcleo del interrogatorio se centra en una conversación a través de WhatsApp el 29 de julio a las 13:52 horas. En esa charla, un enlace enviado por el CNI comunicó de forma oficial a Sanz que se detectaban importantes movimientos en redes sociales para organizar un asalto a la valla y al puerto marítimo al día siguiente a las 20:00 horas. Esta acción coincidía con la Fiesta del Trono marroquí, lo que se estimaba provocaría una relajación en los controles de seguridad en el lado marroquí de la frontera.
En mensajes posteriores, los servicios de inteligencia detallaron la existencia de dos grupos estructurados en plataformas digitales, con un total acumulado de 180.000 seguidores, alertando sobre el considerable alcance de la convocatoria. Sanz sostiene que tras responder informalmente para indicar la seriedad de la alerta, elevó rápidamente la información a los responsables de la Delegación.
Progreso de las diligencias sobre la crisis en la frontera
La declaración de Sanz se añade a las del jefe de la Policía Local de Ceuta y el presidente de la comunidad autónoma, Juan Vivas, quien señaló que Moncloa tenía conocimiento previo sobre los riesgos, tras detallar hasta diez intentos de llamada sin respuesta desde la Presidencia del Gobierno.
La juez Tardón avanza en la investigación sobre la cadena de mando para determinar si la ausencia de refuerzos preventivos puede ser considerada un delito, calificando en sus autos este suceso como un «ataque grave a la integridad territorial de España». Además, la Audiencia Nacional se prepara para asumir la causa paralela contra el exdelegado Miguel Ángel Pérez Triano una vez se formalice la inhibición por parte del juzgado de origen.
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MADRID.— Gonzalo Sanz, antiguo jefe de gabinete en la Delegación del Gobierno en Ceuta, ha prestado declaración este jueves como testigo ante la magistrada María Tardón de la Audiencia Nacional, dentro del proceso abierto para determinar las responsabilidades institucionales relacionadas con la crisis migratoria ocurrida a finales de julio. Su citación genera gran interés judicial al darse a conocer tras su renuncia y después de confirmar que transmitió a la cadena de mando la alerta recibida de un agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) un día antes de los hechos.
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El núcleo del interrogatorio se centra en una conversación a través de WhatsApp el 29 de julio a las 13:52 horas. En esa charla, un enlace enviado por el CNI comunicó de forma oficial a Sanz que se detectaban importantes movimientos en redes sociales para organizar un asalto a la valla y al puerto marítimo al día siguiente a las 20:00 horas. Esta acción coincidía con la Fiesta del Trono marroquí, lo que se estimaba provocaría una relajación en los controles de seguridad en el lado marroquí de la frontera.
En mensajes posteriores, los servicios de inteligencia detallaron la existencia de dos grupos estructurados en plataformas digitales, con un total acumulado de 180.000 seguidores, alertando sobre el considerable alcance de la convocatoria. Sanz sostiene que tras responder informalmente para indicar la seriedad de la alerta, elevó rápidamente la información a los responsables de la Delegación.
Progreso de las diligencias sobre la crisis en la frontera
La declaración de Sanz se añade a las del jefe de la Policía Local de Ceuta y el presidente de la comunidad autónoma, Juan Vivas, quien señaló que Moncloa tenía conocimiento previo sobre los riesgos, tras detallar hasta diez intentos de llamada sin respuesta desde la Presidencia del Gobierno.
La juez Tardón avanza en la investigación sobre la cadena de mando para determinar si la ausencia de refuerzos preventivos puede ser considerada un delito, calificando en sus autos este suceso como un «ataque grave a la integridad territorial de España». Además, la Audiencia Nacional se prepara para asumir la causa paralela contra el exdelegado Miguel Ángel Pérez Triano una vez se formalice la inhibición por parte del juzgado de origen.
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El núcleo del interrogatorio se centra en una conversación a través de WhatsApp el 29 de julio a las 13:52 horas. En esa charla, un enlace enviado por el CNI comunicó de forma oficial a Sanz que se detectaban importantes movimientos en redes sociales para organizar un asalto a la valla y al puerto marítimo al día siguiente a las 20:00 horas. Esta acción coincidía con la Fiesta del Trono marroquí, lo que se estimaba provocaría una relajación en los controles de seguridad en el lado marroquí de la frontera.
En mensajes posteriores, los servicios de inteligencia detallaron la existencia de dos grupos estructurados en plataformas digitales, con un total acumulado de 180.000 seguidores, alertando sobre el considerable alcance de la convocatoria. Sanz sostiene que tras responder informalmente para indicar la seriedad de la alerta, elevó rápidamente la información a los responsables de la Delegación.
Progreso de las diligencias sobre la crisis en la frontera
La declaración de Sanz se añade a las del jefe de la Policía Local de Ceuta y el presidente de la comunidad autónoma, Juan Vivas, quien señaló que Moncloa tenía conocimiento previo sobre los riesgos, tras detallar hasta diez intentos de llamada sin respuesta desde la Presidencia del Gobierno.
La juez Tardón avanza en la investigación sobre la cadena de mando para determinar si la ausencia de refuerzos preventivos puede ser considerada un delito, calificando en sus autos este suceso como un «ataque grave a la integridad territorial de España». Además, la Audiencia Nacional se prepara para asumir la causa paralela contra el exdelegado Miguel Ángel Pérez Triano una vez se formalice la inhibición por parte del juzgado de origen.
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