El presidente autonómico explica en la Audiencia Nacional que formalmente pidió refuerzos policiales preventivos ante el colapso del sistema de menores, pero el Ejecutivo central remitió las alertas a la Delegación del Gobierno.
MADRID.— Juan Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, compareció este miércoles como testigo ante la magistrada María Tardón en la Audiencia Nacional, en el marco de la investigación sobre las medidas previas, durante y posteriores a la entrada masiva de migrantes ocurrida los días 30 y 31 de julio. A la salida del juzgado, donde la administración ceutí actúa como acusación particular, Vivas confirmó que trasladó «con detalle» los avisos que el Gobierno central desestimó antes del inicio de la crisis.
El responsable del Ejecutivo local manifestó que, días antes de los hechos, pidió formalmente a la Administración General del Estado la adopción urgente de tres medidas: declarar la emergencia nacional, crear un mando único y aumentar de forma significativa las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ninguna de estas solicitudes fue respondida a tiempo por el Gobierno central.
Un flujo masivo de llegadas que alertó a las autoridades locales
Vivas argumentó ante la jueza que, aunque no contó con acceso a los informes de inteligencia estatales como los del CNI, los datos epidemiológicos, asistenciales y de seguridad existentes en la ciudad exigían una acción preventiva inmediata. En un lapso de diez días, Ceuta recibió a 1.500 personas, y el número de menores no acompañados bajo custodia pasó de 180 a 800.
“Esta situación suponía una clara señal de alerta que requería la adopción de medidas preventivas. No se declaró la emergencia nacional, no se estableció el mando único y, aunque pudo haber algún refuerzo policial, no fue suficiente, como quedó patente con la entrada masiva”, afirmó el presidente ceutí ante los medios.
Diez contactos a Sánchez con respuestas que derivaban la responsabilidad
En su relato sobre lo sucedido entre el 27 y el 29 de julio, el presidente ceutí detalló que se efectuaron diez intentos de comunicación mediante llamadas y mensajes directos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La Ciudad Autónoma recibió solo tres respuestas, todas a través del jefe de Gabinete de la Presidencia.
En los dos primeros contactos, se justificó la demora señalando que el asunto estaba siendo gestionado únicamente desde el ámbito migratorio. No obstante, en la tercera respuesta, Moncloa informó formalmente a Vivas que la Presidencia cerraba esta vía de contacto, indicando que cualquier comunicación futura debía canalizarse exclusivamente a través del delegado del Gobierno en Ceuta.
Vivas finalizó su declaración enfatizando que lo ocurrido en Ceuta constituye “el tema más serio en materia de seguridad nacional en España en los últimos 50 años” y expresó su confianza en que la instrucción de la Audiencia Nacional ayude a esclarecer las responsabilidades institucionales de una crisis cuyos efectos aún impactan a la población ceutí.
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MADRID.— Juan Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, compareció este miércoles como testigo ante la magistrada María Tardón en la Audiencia Nacional, en el marco de la investigación sobre las medidas previas, durante y posteriores a la entrada masiva de migrantes ocurrida los días 30 y 31 de julio. A la salida del juzgado, donde la administración ceutí actúa como acusación particular, Vivas confirmó que trasladó «con detalle» los avisos que el Gobierno central desestimó antes del inicio de la crisis.
El responsable del Ejecutivo local manifestó que, días antes de los hechos, pidió formalmente a la Administración General del Estado la adopción urgente de tres medidas: declarar la emergencia nacional, crear un mando único y aumentar de forma significativa las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ninguna de estas solicitudes fue respondida a tiempo por el Gobierno central.
Un flujo masivo de llegadas que alertó a las autoridades locales
Vivas argumentó ante la jueza que, aunque no contó con acceso a los informes de inteligencia estatales como los del CNI, los datos epidemiológicos, asistenciales y de seguridad existentes en la ciudad exigían una acción preventiva inmediata. En un lapso de diez días, Ceuta recibió a 1.500 personas, y el número de menores no acompañados bajo custodia pasó de 180 a 800.
“Esta situación suponía una clara señal de alerta que requería la adopción de medidas preventivas. No se declaró la emergencia nacional, no se estableció el mando único y, aunque pudo haber algún refuerzo policial, no fue suficiente, como quedó patente con la entrada masiva”, afirmó el presidente ceutí ante los medios.
Diez contactos a Sánchez con respuestas que derivaban la responsabilidad
En su relato sobre lo sucedido entre el 27 y el 29 de julio, el presidente ceutí detalló que se efectuaron diez intentos de comunicación mediante llamadas y mensajes directos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La Ciudad Autónoma recibió solo tres respuestas, todas a través del jefe de Gabinete de la Presidencia.
En los dos primeros contactos, se justificó la demora señalando que el asunto estaba siendo gestionado únicamente desde el ámbito migratorio. No obstante, en la tercera respuesta, Moncloa informó formalmente a Vivas que la Presidencia cerraba esta vía de contacto, indicando que cualquier comunicación futura debía canalizarse exclusivamente a través del delegado del Gobierno en Ceuta.
Vivas finalizó su declaración enfatizando que lo ocurrido en Ceuta constituye “el tema más serio en materia de seguridad nacional en España en los últimos 50 años” y expresó su confianza en que la instrucción de la Audiencia Nacional ayude a esclarecer las responsabilidades institucionales de una crisis cuyos efectos aún impactan a la población ceutí.
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“Esta situación suponía una clara señal de alerta que requería la adopción de medidas preventivas. No se declaró la emergencia nacional, no se estableció el mando único y, aunque pudo haber algún refuerzo policial, no fue suficiente, como quedó patente con la entrada masiva”, afirmó el presidente ceutí ante los medios.
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En los dos primeros contactos, se justificó la demora señalando que el asunto estaba siendo gestionado únicamente desde el ámbito migratorio. No obstante, en la tercera respuesta, Moncloa informó formalmente a Vivas que la Presidencia cerraba esta vía de contacto, indicando que cualquier comunicación futura debía canalizarse exclusivamente a través del delegado del Gobierno en Ceuta.
Vivas finalizó su declaración enfatizando que lo ocurrido en Ceuta constituye “el tema más serio en materia de seguridad nacional en España en los últimos 50 años” y expresó su confianza en que la instrucción de la Audiencia Nacional ayude a esclarecer las responsabilidades institucionales de una crisis cuyos efectos aún impactan a la población ceutí.
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MADRID.— Juan Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, compareció este miércoles como testigo ante la magistrada María Tardón en la Audiencia Nacional, en el marco de la investigación sobre las medidas previas, durante y posteriores a la entrada masiva de migrantes ocurrida los días 30 y 31 de julio. A la salida del juzgado, donde la administración ceutí actúa como acusación particular, Vivas confirmó que trasladó «con detalle» los avisos que el Gobierno central desestimó antes del inicio de la crisis.
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