El Ejecutivo regional presentará un recurso contencioso-administrativo y no descarta iniciar acciones penales tras agotarse el plazo de 48 horas otorgado a la representación del Estado en Madrid.
MADRID.— La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha optado por emprender acciones legales contra el delegado del Gobierno en Madrid después de confirmarse su negativa a ordenar el desalojo de la acampada ubicada en la Puerta del Sol. Esta decisión se tomó una vez finalizado el plazo de 48 horas que la Real Casa de Correos otorgó para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intervinieran ante lo que el Ejecutivo autonómico considera una ocupación ilegal del espacio público.
En las próximas horas, el Gobierno regional presentará un recurso contencioso-administrativo solicitando medidas cautelares urgentes para conseguir el levantamiento de la protesta; además, sus equipos jurídicos estudian la posibilidad de iniciar acciones penales contra la representación del Ejecutivo central por un presunto delito de omisión y dejación de funciones.
Denuncia de daños al patrimonio e impunidad
Desde la Consejería de Presidencia aseguran que la falta de acción del delegado responde a instrucciones políticas provenientes de la Moncloa para «permitir y respaldar» conductas incívicas en el centro de la capital. El Ejecutivo madrileño ha reiterado la denuncia respecto a los daños económicos sufridos por los comercios de la zona, así como al deterioro físico en la fachada de la sede autonómica, que en días recientes ha sido objeto de pintadas, vertidos de basura y actos vandálicos relacionados con la concentración.
Por otro lado, la Delegación del Gobierno en Madrid ha fundamentado su decisión en el ejercicio del «derecho de reunión» y ha defendido que el dispositivo policial desplegado busca mantener la proporcionalidad y prevenir incidentes mayores en la vía pública.
Choque institucional en los juzgados
La negativa a actuar incrementa la tensión institucional entre ambas administraciones. Con la presentación de las acciones legales anunciadas, el Gobierno de Díaz Ayuso traslada el asunto a los tribunales para que un juez ordene la restauración de la normalidad en la Puerta del Sol y resuelva las responsabilidades en la gestión de la seguridad ciudadana.
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MADRID.— La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha optado por emprender acciones legales contra el delegado del Gobierno en Madrid después de confirmarse su negativa a ordenar el desalojo de la acampada ubicada en la Puerta del Sol. Esta decisión se tomó una vez finalizado el plazo de 48 horas que la Real Casa de Correos otorgó para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intervinieran ante lo que el Ejecutivo autonómico considera una ocupación ilegal del espacio público.
En las próximas horas, el Gobierno regional presentará un recurso contencioso-administrativo solicitando medidas cautelares urgentes para conseguir el levantamiento de la protesta; además, sus equipos jurídicos estudian la posibilidad de iniciar acciones penales contra la representación del Ejecutivo central por un presunto delito de omisión y dejación de funciones.
Denuncia de daños al patrimonio e impunidad
Desde la Consejería de Presidencia aseguran que la falta de acción del delegado responde a instrucciones políticas provenientes de la Moncloa para «permitir y respaldar» conductas incívicas en el centro de la capital. El Ejecutivo madrileño ha reiterado la denuncia respecto a los daños económicos sufridos por los comercios de la zona, así como al deterioro físico en la fachada de la sede autonómica, que en días recientes ha sido objeto de pintadas, vertidos de basura y actos vandálicos relacionados con la concentración.
Por otro lado, la Delegación del Gobierno en Madrid ha fundamentado su decisión en el ejercicio del «derecho de reunión» y ha defendido que el dispositivo policial desplegado busca mantener la proporcionalidad y prevenir incidentes mayores en la vía pública.
Choque institucional en los juzgados
La negativa a actuar incrementa la tensión institucional entre ambas administraciones. Con la presentación de las acciones legales anunciadas, el Gobierno de Díaz Ayuso traslada el asunto a los tribunales para que un juez ordene la restauración de la normalidad en la Puerta del Sol y resuelva las responsabilidades en la gestión de la seguridad ciudadana.
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MADRID.— La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha optado por emprender acciones legales contra el delegado del Gobierno en Madrid después de confirmarse su negativa a ordenar el desalojo de la acampada ubicada en la Puerta del Sol. Esta decisión se tomó una vez finalizado el plazo de 48 horas que la Real Casa de Correos otorgó para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intervinieran ante lo que el Ejecutivo autonómico considera una ocupación ilegal del espacio público.
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Denuncia de daños al patrimonio e impunidad
Desde la Consejería de Presidencia aseguran que la falta de acción del delegado responde a instrucciones políticas provenientes de la Moncloa para «permitir y respaldar» conductas incívicas en el centro de la capital. El Ejecutivo madrileño ha reiterado la denuncia respecto a los daños económicos sufridos por los comercios de la zona, así como al deterioro físico en la fachada de la sede autonómica, que en días recientes ha sido objeto de pintadas, vertidos de basura y actos vandálicos relacionados con la concentración.
Por otro lado, la Delegación del Gobierno en Madrid ha fundamentado su decisión en el ejercicio del «derecho de reunión» y ha defendido que el dispositivo policial desplegado busca mantener la proporcionalidad y prevenir incidentes mayores en la vía pública.
Choque institucional en los juzgados
La negativa a actuar incrementa la tensión institucional entre ambas administraciones. Con la presentación de las acciones legales anunciadas, el Gobierno de Díaz Ayuso traslada el asunto a los tribunales para que un juez ordene la restauración de la normalidad en la Puerta del Sol y resuelva las responsabilidades en la gestión de la seguridad ciudadana.
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MADRID.— La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha optado por emprender acciones legales contra el delegado del Gobierno en Madrid después de confirmarse su negativa a ordenar el desalojo de la acampada ubicada en la Puerta del Sol. Esta decisión se tomó una vez finalizado el plazo de 48 horas que la Real Casa de Correos otorgó para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intervinieran ante lo que el Ejecutivo autonómico considera una ocupación ilegal del espacio público.
En las próximas horas, el Gobierno regional presentará un recurso contencioso-administrativo solicitando medidas cautelares urgentes para conseguir el levantamiento de la protesta; además, sus equipos jurídicos estudian la posibilidad de iniciar acciones penales contra la representación del Ejecutivo central por un presunto delito de omisión y dejación de funciones.
Denuncia de daños al patrimonio e impunidad
Desde la Consejería de Presidencia aseguran que la falta de acción del delegado responde a instrucciones políticas provenientes de la Moncloa para «permitir y respaldar» conductas incívicas en el centro de la capital. El Ejecutivo madrileño ha reiterado la denuncia respecto a los daños económicos sufridos por los comercios de la zona, así como al deterioro físico en la fachada de la sede autonómica, que en días recientes ha sido objeto de pintadas, vertidos de basura y actos vandálicos relacionados con la concentración.
Por otro lado, la Delegación del Gobierno en Madrid ha fundamentado su decisión en el ejercicio del «derecho de reunión» y ha defendido que el dispositivo policial desplegado busca mantener la proporcionalidad y prevenir incidentes mayores en la vía pública.
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La negativa a actuar incrementa la tensión institucional entre ambas administraciones. Con la presentación de las acciones legales anunciadas, el Gobierno de Díaz Ayuso traslada el asunto a los tribunales para que un juez ordene la restauración de la normalidad en la Puerta del Sol y resuelva las responsabilidades en la gestión de la seguridad ciudadana.
