Las principales centrales sindicales y las plataformas de acampadas han acordado convocar la primera huelga general respaldada por UGT y CC.OO. en 14 años, mientras la patronal y la oposición califican la convocatoria de «inadmisible» y con fines políticos.
MADRID — Las organizaciones sindicales que apoyan las protestas por la crisis en el mercado de la vivienda han pactado con representantes de acampadas ciudadanas la fecha para realizar una huelga general en defensa del derecho a la vivienda. Esta protesta masiva tendrá lugar el miércoles 11 de noviembre, a solo dos días del inicio oficial de la campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre.
La convocatoria cuenta con el respaldo explícito de las principales centrales sindicales, así como de sindicatos autonómicos como la gallega CIG y las vascas ELA y LAB, aunque otros colectivos como el Sindicato de Inquilinas aún ajustarán detalles del acuerdo en las próximas horas. Esta jornada será la novena huelga general apoyada por Comisiones Obreras y UGT en la historia democrática española, y la primera de esta índole desde el 14 de noviembre de 2012, cuando se protestó contra los recortes presupuestarios derivados de la crisis financiera.
Rechazo de la patronal y los partidos de la oposición
La elección de la fecha de la huelga, justo antes del inicio formal de las votaciones, ha generado críticas por parte de la patronal y la oposición conservadora. Las confederaciones empresariales CEOE y Cepyme han calificado la convocatoria de «inadmisible», argumentando que las reivindicaciones «no son de índole laboral» y criticando que se cargue a las empresas y la actividad económica el costo de una presión destinada principalmente a cuestionar la gestión del Gobierno. De manera similar, el Partido Popular y Vox han cuestionado la conveniencia del paro, acusando a los sindicatos de perseguir fines electoralistas.
En contraste con la oposición empresarial y política, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido una posición institucional neutral respecto a la convocatoria, señalando que el conflicto responde a una problemática real que «afecta a muchos trabajadores y sus familias», por lo que su Ejecutivo se limitará a «respetar un derecho constitucional».
Únete al canal de WhatsApp de Más que al día
Recibe las alertas de última hora directamente en tu móvil.
UNIRME GRATIS AL CANALLas principales centrales sindicales y las plataformas de acampadas han acordado convocar la primera huelga general respaldada por UGT y CC.OO. en 14 años, mientras la patronal y la oposición califican la convocatoria de «inadmisible» y con fines políticos.
MADRID — Las organizaciones sindicales que apoyan las protestas por la crisis en el mercado de la vivienda han pactado con representantes de acampadas ciudadanas la fecha para realizar una huelga general en defensa del derecho a la vivienda. Esta protesta masiva tendrá lugar el miércoles 11 de noviembre, a solo dos días del inicio oficial de la campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre.
La convocatoria cuenta con el respaldo explícito de las principales centrales sindicales, así como de sindicatos autonómicos como la gallega CIG y las vascas ELA y LAB, aunque otros colectivos como el Sindicato de Inquilinas aún ajustarán detalles del acuerdo en las próximas horas. Esta jornada será la novena huelga general apoyada por Comisiones Obreras y UGT en la historia democrática española, y la primera de esta índole desde el 14 de noviembre de 2012, cuando se protestó contra los recortes presupuestarios derivados de la crisis financiera.
Rechazo de la patronal y los partidos de la oposición
La elección de la fecha de la huelga, justo antes del inicio formal de las votaciones, ha generado críticas por parte de la patronal y la oposición conservadora. Las confederaciones empresariales CEOE y Cepyme han calificado la convocatoria de «inadmisible», argumentando que las reivindicaciones «no son de índole laboral» y criticando que se cargue a las empresas y la actividad económica el costo de una presión destinada principalmente a cuestionar la gestión del Gobierno. De manera similar, el Partido Popular y Vox han cuestionado la conveniencia del paro, acusando a los sindicatos de perseguir fines electoralistas.
En contraste con la oposición empresarial y política, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido una posición institucional neutral respecto a la convocatoria, señalando que el conflicto responde a una problemática real que «afecta a muchos trabajadores y sus familias», por lo que su Ejecutivo se limitará a «respetar un derecho constitucional».
Te puede interesar
Las principales centrales sindicales y las plataformas de acampadas han acordado convocar la primera huelga general respaldada por UGT y CC.OO. en 14 años, mientras la patronal y la oposición califican la convocatoria de «inadmisible» y con fines políticos.
MADRID — Las organizaciones sindicales que apoyan las protestas por la crisis en el mercado de la vivienda han pactado con representantes de acampadas ciudadanas la fecha para realizar una huelga general en defensa del derecho a la vivienda. Esta protesta masiva tendrá lugar el miércoles 11 de noviembre, a solo dos días del inicio oficial de la campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre.
La convocatoria cuenta con el respaldo explícito de las principales centrales sindicales, así como de sindicatos autonómicos como la gallega CIG y las vascas ELA y LAB, aunque otros colectivos como el Sindicato de Inquilinas aún ajustarán detalles del acuerdo en las próximas horas. Esta jornada será la novena huelga general apoyada por Comisiones Obreras y UGT en la historia democrática española, y la primera de esta índole desde el 14 de noviembre de 2012, cuando se protestó contra los recortes presupuestarios derivados de la crisis financiera.
Rechazo de la patronal y los partidos de la oposición
La elección de la fecha de la huelga, justo antes del inicio formal de las votaciones, ha generado críticas por parte de la patronal y la oposición conservadora. Las confederaciones empresariales CEOE y Cepyme han calificado la convocatoria de «inadmisible», argumentando que las reivindicaciones «no son de índole laboral» y criticando que se cargue a las empresas y la actividad económica el costo de una presión destinada principalmente a cuestionar la gestión del Gobierno. De manera similar, el Partido Popular y Vox han cuestionado la conveniencia del paro, acusando a los sindicatos de perseguir fines electoralistas.
En contraste con la oposición empresarial y política, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido una posición institucional neutral respecto a la convocatoria, señalando que el conflicto responde a una problemática real que «afecta a muchos trabajadores y sus familias», por lo que su Ejecutivo se limitará a «respetar un derecho constitucional».
Únete al canal de WhatsApp de Más que al día
Recibe las alertas de última hora directamente en tu móvil.
UNIRME GRATIS AL CANALLas principales centrales sindicales y las plataformas de acampadas han acordado convocar la primera huelga general respaldada por UGT y CC.OO. en 14 años, mientras la patronal y la oposición califican la convocatoria de «inadmisible» y con fines políticos.
MADRID — Las organizaciones sindicales que apoyan las protestas por la crisis en el mercado de la vivienda han pactado con representantes de acampadas ciudadanas la fecha para realizar una huelga general en defensa del derecho a la vivienda. Esta protesta masiva tendrá lugar el miércoles 11 de noviembre, a solo dos días del inicio oficial de la campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre.
La convocatoria cuenta con el respaldo explícito de las principales centrales sindicales, así como de sindicatos autonómicos como la gallega CIG y las vascas ELA y LAB, aunque otros colectivos como el Sindicato de Inquilinas aún ajustarán detalles del acuerdo en las próximas horas. Esta jornada será la novena huelga general apoyada por Comisiones Obreras y UGT en la historia democrática española, y la primera de esta índole desde el 14 de noviembre de 2012, cuando se protestó contra los recortes presupuestarios derivados de la crisis financiera.
Rechazo de la patronal y los partidos de la oposición
La elección de la fecha de la huelga, justo antes del inicio formal de las votaciones, ha generado críticas por parte de la patronal y la oposición conservadora. Las confederaciones empresariales CEOE y Cepyme han calificado la convocatoria de «inadmisible», argumentando que las reivindicaciones «no son de índole laboral» y criticando que se cargue a las empresas y la actividad económica el costo de una presión destinada principalmente a cuestionar la gestión del Gobierno. De manera similar, el Partido Popular y Vox han cuestionado la conveniencia del paro, acusando a los sindicatos de perseguir fines electoralistas.
En contraste con la oposición empresarial y política, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido una posición institucional neutral respecto a la convocatoria, señalando que el conflicto responde a una problemática real que «afecta a muchos trabajadores y sus familias», por lo que su Ejecutivo se limitará a «respetar un derecho constitucional».
