Hacienda pospone la implantación de Verifactu hasta octubre de 2028 para sincronizarlo con la factura electrónica obligatoria

El Ministerio dirigido por Arcadi España coordina los calendarios normativos y técnicos para atender las necesidades de pymes, autónomos y asesores fiscales, ampliando el plazo de adaptación para mitigar los costes operativos.

MADRID / CEUTA — La cartera de Hacienda ha resuelto aplazar otra vez la entrada en vigor de Verifactu, el sistema para emitir facturas verificables creado por la Agencia Tributaria para luchar contra el fraude fiscal. Bajo la dirección del ministro Arcadi España, se ha establecido octubre de 2028 como nueva fecha de implementación, coincidiendo así con la obligatoriedad de la factura electrónica para pymes y autónomos.

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Esta decisión implica una modificación significativa respecto a los plazos anteriores, que establecían la obligación para las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades en enero de 2027 y para otros contribuyentes en julio de ese mismo año. Según un comunicado del departamento fiscal, esta «alineación» busca facilitar la convergencia normativa y técnica entre ambos sistemas, al tiempo que prepara el marco legal para adaptarse a la directiva europea sobre IVA digital (ViDA) prevista para 2030.

Respuesta a las demandas del tejido productivo y los asesores fiscales

La medida responde a solicitudes reiteradas de pymes, autónomos, gestores administrativos y asociaciones profesionales como la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). El sector empresarial había advertido sobre la limitada preparación técnica de muchos profesionales a pocos meses del plazo inicial y sobre el impacto económico de los costes de transición para actualizar sus programas de facturación.

Verifactu establece que cualquier software comercial debe generar automáticamente un registro inalterable de cada factura emitida para garantizar su trazabilidad, evitando modificaciones o eliminaciones posteriores. Con este aplazamiento —seguido especialmente en foros informativos de comunidades como Ceuta—, las empresas y profesionales no sujetos al Suministro Inmediato de Información (SII) ni a los regímenes forales vasco y navarro dispondrán de más de dos años para adaptar sus sistemas tecnológicos sin incurrir en duplicidades operativas.