La Abogacía del Estado responde al requerimiento del TSJM argumentando que un desalojo forzoso mediante «compulsión física» provocaría daños mayores a la seguridad ciudadana y al mobiliario urbano que mantener la protesta.
MADRID — La Delegación del Gobierno en Madrid ha manifestado su rechazo a la petición planteada por la Comunidad de Madrid para la disolución e intervención policial inmediata de la acampada ubicada en la Puerta del Sol. En el documento de alegaciones enviado este miércoles a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la Administración General del Estado indica que levantar la protesta implicaría consecuencias más negativas para el orden público y la seguridad que la situación actual de contención.
La posición, redactada por la Abogacía del Estado dentro del plazo concedido por el tribunal madrileño tras rechazar las medidas cautelarísimas solicitadas por la Comunidad de Madrid, responde al recurso presentado por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso debido a una supuesta «inactividad» de la Delegación para restaurar el espacio público alrededor de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia autonómica.
Precaución policial y análisis de riesgos
En su escrito judicial, los servicios jurídicos estatales sostienen de manera contundente que la opción más segura es mantener la contención operativa. El texto señala que aplicar «medidas de compulsión física sobre las personas acampadas que pudieran ser necesarias» para despejar la plaza representa un riesgo directo de provocar «incidentes con uso de fuerza que pondrían en peligro la integridad física de las personas presentes, así como los edificios y mobiliario urbano».
Con este informe técnico-jurídico presentado por la representación estatal, el TSJM cuenta ya con las posturas de ambas administraciones respecto a la conveniencia del desalojo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo debe decidir próximamente si respalda el criterio de prudencia de la Delegación del Gobierno o si, por otro lado, atiende la solicitud del gobierno autonómico de liberar el centro de la ciudad a pocas semanas de las elecciones generales del 29-N.
Únete al canal de WhatsApp de Más que al día
Recibe las alertas de última hora directamente en tu móvil.
UNIRME GRATIS AL CANALLa Abogacía del Estado responde al requerimiento del TSJM argumentando que un desalojo forzoso mediante «compulsión física» provocaría daños mayores a la seguridad ciudadana y al mobiliario urbano que mantener la protesta.
MADRID — La Delegación del Gobierno en Madrid ha manifestado su rechazo a la petición planteada por la Comunidad de Madrid para la disolución e intervención policial inmediata de la acampada ubicada en la Puerta del Sol. En el documento de alegaciones enviado este miércoles a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la Administración General del Estado indica que levantar la protesta implicaría consecuencias más negativas para el orden público y la seguridad que la situación actual de contención.
La posición, redactada por la Abogacía del Estado dentro del plazo concedido por el tribunal madrileño tras rechazar las medidas cautelarísimas solicitadas por la Comunidad de Madrid, responde al recurso presentado por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso debido a una supuesta «inactividad» de la Delegación para restaurar el espacio público alrededor de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia autonómica.
Precaución policial y análisis de riesgos
En su escrito judicial, los servicios jurídicos estatales sostienen de manera contundente que la opción más segura es mantener la contención operativa. El texto señala que aplicar «medidas de compulsión física sobre las personas acampadas que pudieran ser necesarias» para despejar la plaza representa un riesgo directo de provocar «incidentes con uso de fuerza que pondrían en peligro la integridad física de las personas presentes, así como los edificios y mobiliario urbano».
Con este informe técnico-jurídico presentado por la representación estatal, el TSJM cuenta ya con las posturas de ambas administraciones respecto a la conveniencia del desalojo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo debe decidir próximamente si respalda el criterio de prudencia de la Delegación del Gobierno o si, por otro lado, atiende la solicitud del gobierno autonómico de liberar el centro de la ciudad a pocas semanas de las elecciones generales del 29-N.
Te puede interesar
La Abogacía del Estado responde al requerimiento del TSJM argumentando que un desalojo forzoso mediante «compulsión física» provocaría daños mayores a la seguridad ciudadana y al mobiliario urbano que mantener la protesta.
MADRID — La Delegación del Gobierno en Madrid ha manifestado su rechazo a la petición planteada por la Comunidad de Madrid para la disolución e intervención policial inmediata de la acampada ubicada en la Puerta del Sol. En el documento de alegaciones enviado este miércoles a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la Administración General del Estado indica que levantar la protesta implicaría consecuencias más negativas para el orden público y la seguridad que la situación actual de contención.
La posición, redactada por la Abogacía del Estado dentro del plazo concedido por el tribunal madrileño tras rechazar las medidas cautelarísimas solicitadas por la Comunidad de Madrid, responde al recurso presentado por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso debido a una supuesta «inactividad» de la Delegación para restaurar el espacio público alrededor de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia autonómica.
Precaución policial y análisis de riesgos
En su escrito judicial, los servicios jurídicos estatales sostienen de manera contundente que la opción más segura es mantener la contención operativa. El texto señala que aplicar «medidas de compulsión física sobre las personas acampadas que pudieran ser necesarias» para despejar la plaza representa un riesgo directo de provocar «incidentes con uso de fuerza que pondrían en peligro la integridad física de las personas presentes, así como los edificios y mobiliario urbano».
Con este informe técnico-jurídico presentado por la representación estatal, el TSJM cuenta ya con las posturas de ambas administraciones respecto a la conveniencia del desalojo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo debe decidir próximamente si respalda el criterio de prudencia de la Delegación del Gobierno o si, por otro lado, atiende la solicitud del gobierno autonómico de liberar el centro de la ciudad a pocas semanas de las elecciones generales del 29-N.
Únete al canal de WhatsApp de Más que al día
Recibe las alertas de última hora directamente en tu móvil.
UNIRME GRATIS AL CANALLa Abogacía del Estado responde al requerimiento del TSJM argumentando que un desalojo forzoso mediante «compulsión física» provocaría daños mayores a la seguridad ciudadana y al mobiliario urbano que mantener la protesta.
MADRID — La Delegación del Gobierno en Madrid ha manifestado su rechazo a la petición planteada por la Comunidad de Madrid para la disolución e intervención policial inmediata de la acampada ubicada en la Puerta del Sol. En el documento de alegaciones enviado este miércoles a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la Administración General del Estado indica que levantar la protesta implicaría consecuencias más negativas para el orden público y la seguridad que la situación actual de contención.
La posición, redactada por la Abogacía del Estado dentro del plazo concedido por el tribunal madrileño tras rechazar las medidas cautelarísimas solicitadas por la Comunidad de Madrid, responde al recurso presentado por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso debido a una supuesta «inactividad» de la Delegación para restaurar el espacio público alrededor de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia autonómica.
Precaución policial y análisis de riesgos
En su escrito judicial, los servicios jurídicos estatales sostienen de manera contundente que la opción más segura es mantener la contención operativa. El texto señala que aplicar «medidas de compulsión física sobre las personas acampadas que pudieran ser necesarias» para despejar la plaza representa un riesgo directo de provocar «incidentes con uso de fuerza que pondrían en peligro la integridad física de las personas presentes, así como los edificios y mobiliario urbano».
Con este informe técnico-jurídico presentado por la representación estatal, el TSJM cuenta ya con las posturas de ambas administraciones respecto a la conveniencia del desalojo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo debe decidir próximamente si respalda el criterio de prudencia de la Delegación del Gobierno o si, por otro lado, atiende la solicitud del gobierno autonómico de liberar el centro de la ciudad a pocas semanas de las elecciones generales del 29-N.
