El PP comunica tres medidas respecto a la ley de nietos: demanda a Exteriores respetar la resolución del Supremo, solicita personarse ante el Constitucional y pide aclaraciones sobre presuntos pasaportes en México. Establece como límite este jueves, previo al inicio del envío del voto CERA el sábado 24.
Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial y responsable del programa electoral del PP, anunció este martes tres iniciativas relacionadas con la ley de nietos. Indicó que su formación política «no permitirá que un Gobierno sin límites y orientado a vulnerar nuestro ordenamiento jurídico perjudique la democracia y la legalidad nacional».
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Las tres medidas del PP
- Exteriores: solicita de forma inmediata que se cumpla la resolución del Tribunal Supremo y se elimine del censo a los 163.020 nacionalizados registrados bajo la norma.
- Constitucional: solicita poder intervenir «para proteger un censo íntegro como garantía del proceso electoral» en el recurso presentado por el Defensor del Pueblo.
- México: solicita aclaraciones ante los informes que señalan la entrega de pasaportes en dicho país a personas «sin relación directa con padres o abuelos españoles».
Burofax y advertencia
El PP remitió un burofax a la directora general de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares, Carolina de Manueles, instándole a que acate las condiciones impuestas por el Supremo para suspender el voto de la ley de nietos. Según la formación, el Ministerio dirigido por José Manuel Albares cuenta con la información sobre quienes no son descendientes de exiliados y está «entorpeciendo» la actuación judicial «para demorar el proceso». Ezcurra advirtió que, de no cumplirse, exigirán «las responsabilidades correspondientes», incluidas las penales.
Ezcurra calificó la conducta del Gobierno como «pasiva, por no decir obstructiva», y afirmó que «no actuar constituye una decisión consciente de desobedecer un mandato judicial». Indicó como fecha límite este jueves y advirtió que, en ausencia de datos, la suspensión recaerá sobre los 163.020 electores cuya inscripción fue suspendida por el Supremo.
Lo que dice Exteriores
Albares admitió el lunes que resultará «muy complicado» que los consulados verifiquen a tiempo quiénes son descendientes de exiliados para votar el 29 de noviembre, conforme a lo solicitado por el Supremo. El Ministerio informó a Europa Press que 48 oficinas consulares han completado, «total o parcialmente», la verificación. El PP responde que, tras más de un mes de la medida cautelar, «la oficina del censo no ha recibido ni un solo dato».
Críticas al Defensor del Pueblo
Ezcurra también criticó a Ángel Gabilondo por acudir al Constitucional «a un mes de finalizar su mandato» cuando «el proceso judicial todavía no ha concluido». El Defensor presentó un recurso de amparo contra la suspensión del voto de los nacionalizados que no hayan acreditado su condición de exiliados, que sigue pendiente. Según Ezcurra, este recurso reconoce que la dificultad radica en la ineficiencia administrativa del Gobierno. Recordó que lo dictado son medidas provisionales y sostuvo que Gabilondo «debería proteger los intereses de la ciudadanía y no del Ejecutivo».
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