El Consejo de Ministros ha activado el mecanismo para extranjeros arribados antes del 1 de enero de 2026. El Ministerio de Justicia asumirá la gestión del certificado penal a través de vías diplomáticas, tras las observaciones planteadas por el Consejo de Estado.
Este martes, el Gobierno de España ratificó en el Consejo de Ministros el real decreto que implementa una regularización extraordinaria para inmigrantes en situación irregular. Con efecto inmediato desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles, la iniciativa hará posible que entre 500.000 y un millón de personas obtengan un permiso de residencia y trabajo con una duración inicial de un año.
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La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, justificó esta medida con la finalidad de garantizar derechos y responsabilidades a quienes forman parte de la sociedad española. Según su departamento, el 65% de los solicitantes ya están trabajando en España, aunque sin reconocimiento legal.
Comienzo de las solicitudes: calendario y puntos de atención
Mientras se espera la publicación oficial en el BOE este miércoles, el Ejecutivo ha organizado un plan operativo con dos fases para el inicio de las solicitudes:
- Jueves, 16 de abril: Apertura del registro telemático mediante el portal oficial, disponible las 24 horas.
- Lunes, 20 de abril: Inicio de la atención presencial solo con cita previa en las ventanillas habilitadas.
Para gestionar el gran volumen de solicitudes previsto, el Gobierno incrementará su plantilla con más de 550 trabajadores adicionales. Participarán en el proceso 60 oficinas de la Seguridad Social, 371 de Correos y cinco de Extranjería. El plazo para presentar la solicitud concluirá el 30 de junio.
Certificado penal: el Ministerio de Justicia asume la gestión
Un aspecto que generó debate y cambios de último momento es la comprobación de la ausencia de antecedentes penales. Ante las dudas del Consejo de Estado sobre aceptar únicamente una declaración jurada, el Gobierno ha reforzado las medidas de control.
Ahora, si el solicitante no presenta el certificado de su país de origen en un mes, puede entregar una declaración responsable indicando que ha realizado las gestiones pertinentes. En ese caso, el Ministerio de Justicia solicitará el certificado por vías diplomáticas. Si transcurridos tres meses no se obtiene respuesta, la solicitud será rechazada después de un aviso final de 15 días.
Condiciones y documentación para la regularización
El decreto exige como condición principal haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y demostrar una residencia continua mínima de cinco meses al momento de la solicitud. Además, los solicitantes deben acreditar uno de los siguientes supuestos: haber trabajado bajo contrato, formar parte de una unidad familiar con menores o dependientes, o encontrarse en situación de vulnerabilidad reconocida por una entidad social.
Entre los documentos requeridos están la copia completa del pasaporte (incluso si está caducado) y evidencias de residencia efectiva, como el padrón municipal, contratos de alquiler, justificantes de envío de remesas o informes médicos. El proceso excluye expresamente a los apátridas, especialmente la población saharaui, dado que el Gobierno entiende que su situación debe tramitarse mediante otros procedimientos administrativos para evitar conflictos legales.
Una vez que se comunique la resolución favorable, cuyo plazo oscila entre 15 días y tres meses, el beneficiario dispondrá de un mes para gestionar su Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) y la afiliación a la Seguridad Social.
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