Este martes, la coalición parlamentaria conformada por PP, Vox, UPN y Junts evitó que el Congreso convalidara el decreto del Gobierno que contemplaba la revalorización inmediata de las pensiones, un aumento del salario mínimo y un conjunto de medidas sociales dirigidas a familias en situación de vulnerabilidad. La norma fue rechazada con 178 votos en contra frente a 171 a favor, mientras que un segundo decreto relacionado con apoyos al transporte público fue finalmente aprobado.
El Ejecutivo atribuyó a la derecha parlamentaria el bloqueo de la subida de pensiones que afecta a más de 13 millones de personas, acusando a estos partidos de presentar «excusas políticas» al solicitar que las medidas sociales se tramiten de forma separada. Desde el Gobierno señalaron que esta decisión tendrá consecuencias inmediatas para una gran parte de la población.
Los grupos que votaron negativamente fundamentaron su oposición en la combinación, dentro de un único decreto, de medidas como la prohibición de desahucios sin una alternativa habitacional para familias vulnerables. PP, Vox, UPN y Junts sostienen que estas disposiciones pueden favorecer la ocupación ilegal y perjudicar a pequeños propietarios; argumento que el Gobierno negó, aclarando que las restricciones aplican exclusivamente a grandes tenedores con más de 11 viviendas.
Entre las iniciativas contempladas en el decreto rechazado se incluía un incremento del 2,7% para la mayoría de las pensiones contributivas, así como aumentos que oscilaban entre el 7% y el 11% para las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital. Además, se preveía la prórroga del bono social eléctrico, la limitación de cortes en suministros básicos y ayudas específicas destinadas a los afectados por la dana.
Junts, que ha ido distanciándose del bloque de investidura en los últimos meses, justificó su voto en contra afirmando que no rechazan la revalorización de las pensiones, sino la «mezcla de medidas» en un solo texto. Míriam Nogueras, portavoz de Junts, solicitó una ley específica para abordar las ocupaciones y declaró que su grupo apoyará el aumento de las pensiones si se presenta en un decreto independiente.
Por su parte, el PNV, socio habitual del Gobierno, expresó su descontento por la falta de negociación previa y advirtió que no dará por garantizado su respaldo en futuras votaciones si se continúa utilizando decretos de emergencia sin un consenso suficiente.
Durante la sesión, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió la agenda social del Gobierno, destacando que el objetivo es aprovechar el crecimiento económico para proteger a los sectores más vulnerables. Los grupos de izquierda y nacionalistas que apoyaron el decreto acusaron a la oposición de priorizar intereses políticos por encima de los pensionistas.
El segundo decreto, enfocado en las bonificaciones para el transporte público, fue aprobado con 179 votos a favor, aunque recibió críticas de PP y Vox relacionadas con los recientes accidentes ferroviarios.
Tras esta derrota parlamentaria, el Gobierno considera la posibilidad de aprobar un nuevo decreto que garantice el pago de las pensiones con el incremento ya aplicado en enero, con el fin de ganar tiempo para renegociar su convalidación en el Congreso.
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