Madrid — Desde el 26 de septiembre, la acampada en la Puerta del Sol enfrenta un aumento en los conflictos y la inestabilidad. Según fuentes policiales, el campamento se ha dividido en más de 40 grupos variados con intereses distintos, que van desde el movimiento okupa y colectivos sociales hasta personas sin hogar e inmigrantes sin documentación, lo que ha generado una clara ausencia de liderazgo y frecuentes episodios violentos bajo las carpas del Kilómetro Cero.
A diferencia del impulso inicial apoyado por el Sindicato de Inquilinas en defensa del derecho a la vivienda, la organización del espacio se ha desbordado. Esta situación quedó en evidencia cuando la Policía Nacional detuvo a un hombre de 60 años, con antecedentes por homicidio, quien amenazó con un cuchillo en el cuello a una joven de 18 años dentro del campamento.
Protocolos de expulsión y código riguroso de convivencia
Con el objetivo de frenar el incremento de conflictos y situaciones problemáticas, los organizadores han implementado varias normas de seguridad e intervención interna:
- Protocolos ante agresiones: Disponen de reglas específicas para responder frente a agresiones sexuales, físicas y verbales, así como a «violencias estructurales». Las infracciones se sancionan con avisos amarillos, naranjas y rojos, siendo este último motivo de expulsión inmediata.
- Normas de convivencia y uso del lenguaje: El reglamento prohíbe expresamente comportamientos machistas, actitudes gordofóbicas, «exotización o apropiación cultural» y la discriminación hacia identidades LGTBI (incluyendo el deadnaming o la utilización incorrecta de pronombres de forma intencionada).
- Consumo de sustancias: Se estableció la prohibición de consumir alcohol y drogas únicamente después de la medianoche.
Atención centrada en el 11 de noviembre y tensiones políticas
A pesar de la fatiga visible y los desacuerdos internos sobre la continuidad en la plaza, las movilizaciones en el ámbito de la educación pública han aumentado la presencia de los sectores más radicalizados. Diferentes grupos buscan mantenerse en Sol hasta el 11 de noviembre, fecha prevista para una huelga general, que coincide con la campaña electoral. Además, en el lugar se han habilitado puntos para recoger víveres destinados a inmigrantes que recientemente cruzaron a Ceuta y para apoyar iniciativas políticas internacionales.
La permanencia de la acampada sigue ocasionando un fuerte conflicto institucional. Tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid señalan problemas relacionados con la salud pública, la seguridad y la movilidad —con un coste aproximado de 186.000 euros para Metro de Madrid—, mientras que dentro de la Policía Nacional crece el descontento hacia la Delegación del Gobierno por no permitir el desalojo, quedando a la espera de una resolución judicial o de la finalización voluntaria de la protesta.
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