Madrid — Este jueves, el Partido Popular ha intensificado su acción política tras las recientes revelaciones del sumario del caso Leire. La oposición ha pedido la renuncia inmediata del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, debido a la existencia de un vínculo anterior entre esta última y la exmilitante socialista, antes de su nombramiento.
Durante una rueda de prensa, la vicesecretaria de Coordinación Territorial del PP, Alma Ezcurra, expresó la posición del partido señalando que la directora de la Guardia Civil «demora su salida» acusándola de «presuntamente intentar perjudicar» a sus propios compañeros. Ezcurra también criticó duramente al ministro del Interior, afirmando que ha convertido su departamento en un punto central de corrupción.
Calificativos de “Delincuencia de Estado” y objeciones a la defensa de Marlaska
El PP respondió a las declaraciones del ministro Marlaska, quien defendió la «total integridad» de Mercedes González, descartando cualquier influencia institucional y asegurando no tener conocimiento de ninguna interferencia de los mandos de la Guardia Civil hacia los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO).
Ezcurra respondió: «Es lamentable que alguien que fue juez avale ataques tan severos contra investigaciones judiciales».
La líder popular considera que la situación actual supera lo aceptable, calificándola como “delincuencia de Estado”. Según el PP, se estaría empleando el aparato estatal para atacar a los contrapesos democráticos y «perseguir a quien dificulta» las investigaciones sobre el entorno personal del presidente del Gobierno. Ezcurra advirtió que el tiempo de las «dimisiones parciales» ha concluido y sentenció: «Deben dimitir todos», señalando finalmente al presidente Pedro Sánchez.
Presión sobre el PNV tras registros en Tubos Reunidos
La comparecencia también abordó la situación en el País Vasco y la relación con los socios de investidura. Ezcurra hizo referencia al reciente registro realizado por la UCO en la sede de la empresa Tubos Reunidos en Bilbao y su planta en Amurrio, una acción vinculada a una pieza reservada dirigida por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.
El PP considera que esta actuación judicial obliga al Partido Nacionalista Vasco (PNV) a tomar una posición clara:
- Solicitud de aclaraciones: Los populares demandan que el PNV informe a la ciudadanía sobre las medidas que adoptará tras verse afectado uno de sus principales activos por la corrupción relacionada con el caso Leire.
- Cuestión sobre una posible moción de censura: Ezcurra trasladó la presión hacia los socios de coalición, indicando que corresponde a ellos decidir «si están a favor o en contra de la lucha contra la corrupción».
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