El desabastecimiento de productos básicos afecta especialmente a las regiones de Campania, Apulia, Calabria y Sicilia tras una semana de bloqueos, mientras el Ejecutivo de Giorgia Meloni ha aprobado un decreto urgente con 540 millones de euros en ayudas directas y deducciones fiscales para tratar de detener las protestas.
Las estanterías y mostradores vacíos comienzan a ser una imagen común en los supermercados del sur italiano. La huelga de transportistas, motivada por el fuerte aumento del precio del combustible, cumple este jueves siete días y ha dejado a muchos comercios sin productos básicos, poniendo en riesgo la distribución para todo el país. Los bloqueos en carreteras y autopistas han afectado gravemente la entrega de mercaderías, provocando compras anticipadas por parte de los consumidores ante la preocupación por un posible empeoramiento.
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El desabastecimiento se nota con mayor intensidad en Campania, Apulia, Calabria y Sicilia, donde los productos frescos comienzan a desaparecer de la red comercial. En ciudades como Nápoles, Caserta y Salerno, las cámaras refrigeradas están casi vacías, dificultando la obtención de leche, huevos o carne. En la capital napolitana, la prensa local describe la situación como crítica, con escasez de frutas y verduras, disminución de la pasta y ausencia de productos básicos italianos como tomates pelados o puré de tomate en los estantes. También faltan papel higiénico y pan fresco, recordando escenarios vividos en los momentos más difíciles de la pandemia.
Una cadena de impacto que perjudica la industria y los servicios esenciales
La falta de suministros se extiende más allá de los núcleos urbanos centrales. En Termoli (Molise), los comercios muestran estantes parcialmente vacíos, especialmente en frutas, verduras y algunos productos envasados. A pesar de que los pequeños comercios locales mantienen un mayor margen de suministro gracias a la relación directa con productores cercanos, la inquietud de la población ha generado compras preventivas de alimentos no perecederos como la pasta, aumentando la presión sobre una red logística paralizada desde hace varios días.
Detrás de este contexto se encuentra la protesta iniciada por los transportistas italianos el pasado viernes debido al incremento sustancial del precio del gasóleo. El alza de los combustibles, intensificada por el cierre del estrecho de Ormuz, ha incrementado los costos de transporte por carretera y de las explotaciones agrícolas. En Italia, el gasóleo agrícola ha subido de 0,85 a 1,62 euros por litro, mientras el diésel en las estaciones de servicio alcanza los 2,29 euros por litro.
Los bloqueos viales por los camiones en autopistas y centros logísticos han causado que grandes cosechas permanezcan sin distribuir, deteniendo la actividad de los procesadores de alimentos. En Sicilia, miles de toneladas de calabacines y berenjenas están almacenadas sin poder ser comercializadas, y en Campania la crisis impacta en la producción de mozzarella de búfala en Caserta, debido a la imposibilidad de transportar la leche a las queserías en el límite operativo de 60 horas. Según datos de Legacoop Agroalimentare, las pérdidas en el sector del kiwi amarillo se estiman en 30 millones de euros tras solo cinco días. También la industria de la pasta ha experimentado paros productivos, afectando a empresas como Rummo, que detuvo sus plantas, y La Molisana, que redujo su producción.
La situación se extiende más allá del sector alimentario. La escasez de combustible ha provocado largas colas en gasolineras y problemas en infraestructuras clave. Los aeropuertos de Crotone y Reggio Calabria se han visto afectados por la falta de queroseno para aviación, y el de Nápoles ha establecido restricciones para el repostaje. Además, Poste Italiane ha suspendido la entrega de paquetería y correspondencia con origen o destino en varias regiones del sur.
El Gobierno aprueba un decreto urgente con ayudas inmediatas
Frente a la gravedad de la situación, el Gobierno italiano aprobó este jueves en Consejo de Ministros un decreto-ley urgente para liberar fondos que apoyen a los sectores del transporte, agricultura y pesca y así terminar con los paros. «Hemos firmado un acuerdo con las asociaciones del transporte. No son promesas, son recursos que ya están llegando. El Ministerio de Transportes comenzó los pagos», afirmó la primera ministra, Giorgia Meloni.
El decreto incluye la liberación inmediata de 480 millones de euros en créditos fiscales para el gasto en gasóleo durante el periodo de marzo a agosto, cuya tramitación estaba paralizada desde hace meses. Las cerca de 32.000 empresas beneficiadas recibirán un anticipo en los próximos días, dejando las verificaciones administrativas para etapas posteriores para evitar obstáculos burocráticos. Además, se permite postergar el pago de cuotas de contratos de leasing de vehículos y contempla un fondo de 60 millones de euros para ofrecer incentivos que reduzcan en 45 céntimos el litro de carburante agrícola, según explicó el ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida.
Por otro lado, el viceministro de Infraestructuras y Transportes, Edoardo Rixi, anunció que el Gobierno aplicará el «método español», un sistema legal mediante el cual el transportista puede trasladar el aumento del precio del gasóleo a la factura, compartiendo el coste adicional con el contratante. En la presentación del decreto, Lollobrigida calificó los bloqueos de carretera como «injustificados» y pidió que se permita el paso de mercancías para no agravar las pérdidas en las explotaciones del sur.
Tensión en las carreteras y amenaza para los servicios urbanos
A pesar de las medidas anunciadas por el Gobierno, las protestas no han cesado por completo. Aunque algunas agrupaciones de transportistas en Sicilia levantaron los bloqueos, los paros continúan en varias áreas del sur. La tensión en las vías ha llevado a actos de coacción; en la provincia de Caserta se reportaron sabotajes con pinchazos a neumáticos de camiones para presionar a los conductores, además de la colocación de neumáticos en las carreteras para bloquear el paso de vehículos pesados.
Las fuerzas del orden han denunciado a 71 personas, identificado a más de 1.300 manifestantes y desplegado escoltas para permitir el tránsito de transportes con bienes esenciales. También se investiga la posible infiltración de grupos relacionados con la criminalidad organizada en los piquetes. En este contexto, los alcaldes de Nápoles y Bari han advertido que la continuidad del conflicto podría interrumpir servicios municipales clave, como la recogida de residuos, y han pedido una pronta solución al conflicto logístico.
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