El ministerio público confirma la existencia de una red de corrupción en el Ministerio de Transportes. El exministro aprovecha su última intervención para tildar el proceso de «inquisitorial» y rechazar las acusaciones.
El Tribunal Supremo dejó visto para sentencia este miércoles el juicio relacionado con la supuesta trama corrupta en la adquisición de mascarillas durante la pandemia, conocida como el ‘caso Koldo’. En su informe final, la Fiscalía Anticorrupción señaló al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, como la figura principal y beneficiaria de una «estructura criminal» que habría operado aprovechando la situación de emergencia sanitaria en 2020.
El planteamiento de la Fiscalía
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ratificó sus conclusiones, afirmando que la evidencia es suficiente para demostrar la existencia de una organización ilícita cuyo objetivo era obtener ganancias ilegales a través de contratos públicos. Según el ministerio público, Ábalos ocupaba la posición máxima dentro de esta red, contando con la colaboración de su asesor, Koldo García, descrito como el principal encargado de ejecutar las operaciones.
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El empresario Víctor de Aldama fue señalado por la Fiscalía como el «mediador» y «conseguidor» que, por su cercanía al nivel directivo del Ministerio, se benefició y facilitó el pago de comisiones. Luzón explicó que Aldama se integró en la estructura ministerial para influir en la adjudicación de contratos vinculados al material sanitario.
La defensa de Ábalos: cuestionamiento del proceso
En su derecho a la última palabra, José Luis Ábalos rechazó los cargos con firmeza. Afectado, el exministro socialista manifestó que desde el comienzo de la investigación ha existido una «presunción de culpabilidad» y calificó el procedimiento judicial de un «proceso inquisitorial» motivado por intereses políticos y mediáticos. Indicó que proteger su derecho al honor es inviable bajo estas circunstancias y aseguró que no hay pruebas de dinero ilícito porque «ninguno existe».
Koldo García intervino brevemente para pedir perdón por el daño generado a su entorno, aseverando estar «destrozado» y negando haber recibido dádivas o comisiones.
Esperando la resolución
Después de semanas de declaraciones y presentación de pruebas por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el tribunal debe decidir sobre las penas solicitadas. La Fiscalía mantiene su petición de prisión para los principales acusados, mientras que las acusaciones populares, encabezadas por el PP, han resaltado las irregularidades relacionadas con el alquiler de viviendas y pagos en efectivo (conocidos como «chistorras») que presuntamente beneficiaron a la red criminal.
Se pronostica que la sentencia se conocerá antes del próximo verano, culminando uno de los procesos judiciales más significativos en el actual escenario político español.
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