En un hecho sin precedentes en la Asamblea de Madrid, el Partido Popular y Vox han sumado sus votos este jueves para aprobar una iniciativa que solicita al Gobierno central condicionar las ayudas sociales y la vivienda protegida al principio de «prioridad nacional», tomando como base criterios de arraigo histórico y contribución laboral.
El escenario político en Madrid experimentó un cambio notable este jueves durante el pleno de la Asamblea. El Partido Popular (PP) y Vox acordaron aprobar una proposición no de ley (PNL) que insta al Gobierno de España a que todas las subvenciones, apoyos públicos y vivienda social se otorguen bajo el concepto de «prioridad nacional». Por primera vez, el grupo popular en Madrid acepta de forma explícita este término, central en el discurso de la formación liderada por Santiago Abascal.
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Aunque la iniciativa no tiene carácter vinculante, representa un avance legislativo al convertirse en la primera propuesta con esta denominación que se aprueba en un parlamento autonómico. El texto definitivo, elaborado por el PP mediante una enmienda de modificación aprobada por Vox, replica la fórmula utilizada en los pactos de gobierno de ambas formaciones en zonas como Aragón y Extremadura.
Arraigo y contribución laboral La propuesta se centra en el «arraigo y la conexión con el territorio». Respecto a las ayudas públicas, solicita establecer periodos mínimos de empadronamiento más exigentes y relacionar el acceso a las prestaciones con la historia de cotización y permanencia en el sistema. Además, plantea excluir de las ayudas sociales regulares a los inmigrantes en situación irregular, limitando su recepción solo en casos de «urgencia vital».
En cuanto a la vivienda, la PNL establece que el acceso debe estar vinculado a un «arraigo real y prolongado». Propone requisitos de empadronamiento histórico de al menos diez años para la compra de vivienda protegida y cinco años para acceder al alquiler social. Estos criterios ya están siendo incorporados en el nuevo reglamento de vivienda que está tramitando el Gobierno regional.
Reacciones políticas Isabel Pérez Moñino, portavoz de Vox, valoró positivamente el acuerdo, señalando que la prioridad nacional «no es una extravagancia, sino un retorno al sentido común», y advirtió a la presidenta Díaz Ayuso que «tendrá que negociar con Vox». Por su parte, Mónica García Molina (PP) calificó la medida como «razonable», basada en la «legalidad y la racionalidad», aunque criticó a sus socios de voto por la falta de rigor jurídico en algunas de sus propuestas iniciales.
La oposición mostró críticas duras. Samuel Escudero, de Más Madrid, describió la iniciativa como un «residuo moral» destinado a perjudicar a las personas más vulnerables. Mientras tanto, el socialista Juan José Marcano acusó al PP de abandonar su «sentido de Estado» para convertirse en una «parodia de la extrema derecha».
A pesar del consenso alcanzado, el PP rechazó incluir en la versión definitiva de la redacción las demandas más extremas de Vox, como la deportación obligatoria de inmigrantes ilegales o la derogación del real decreto que garantiza la universalidad sanitaria, enfocando la medida exclusivamente en la administración de recursos y ayudas públicas.
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