El Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta ha decidido remitir al Juzgado de Instrucción un caso en el que tres médicos del Hospital Universitario están imputados por un posible delito de homicidio por imprudencia grave, vinculado al fallecimiento de un paciente en 2017.
Esta resolución judicial se tomó tras descubrir que no se notificó el proceso a la aseguradora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), entidad que debía estar formalmente incorporada al caso. Para proteger el derecho de defensa de esta compañía, el magistrado ordenó retroceder en las actuaciones y concedió un plazo de diez días para que presente su escrito.
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El incidente ocurrió el 23 de julio de 2017 cuando el paciente, con antecedentes de hidrocefalia, fue atendido en su domicilio por el servicio de emergencias 061, tras una alerta por posible intoxicación farmacológica. La exploración inicial mostró un estado de obnubilación, pero fue diagnosticado con hidrocefalia y trasladado al Hospital Universitario de Ceuta.
En urgencias, el primer médico acusado centró el diagnóstico en una posible intoxicación por antidepresivos tras un test rápido positivo en orina. Se administró tratamiento con carbón activado y antídotos, pero según la Fiscalía, no se solicitó de inmediato una tomografía axial computarizada (TAC) cerebral, prueba clave para confirmar o descartar la hidrocefalia reflejada en el historial clínico.
Durante la tarde, el paciente presentó un empeoramiento neurológico progresivo hasta entrar en coma, aunque el TAC no se solicitó hasta las 19:04, cuando el deterioro ya era evidente.
El segundo médico, encargado del paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos, mantuvo el diagnóstico de intoxicación farmacológica y tampoco ordenó la realización del TAC durante su turno. Según el Ministerio Fiscal, no se adoptaron las medidas necesarias para facilitar dicha prueba, a pesar de que el paciente mostraba movimientos espontáneos mientras estaba inconsciente.
El tercer facultativo, al relevar al anterior, continuó con el mismo diagnóstico y, conforme al escrito del fiscal, tampoco solicitó inmediatamente el TAC.
Esta prueba diagnóstica se efectuó finalmente a las 12:57 horas del 24 de julio, más de 24 horas después del ingreso hospitalario. El TAC confirmó hidrocefalia triventricular grave con efecto masa y borramiento de los surcos cerebrales. Debido a la gravedad, el paciente fue trasladado con urgencia al Hospital Puerta del Mar de Cádiz, donde cuenta con servicio de neurocirugía, e ingresó en la UCI. Falleció el 5 de agosto de 2017.
La Fiscalía argumenta que hubo un «retraso consciente» en la solicitud de una prueba diagnóstica esencial, lo que impidió una intervención temprana que podría haber evitado el fallecimiento. Considera que la actuación de los tres médicos constituye una infracción grave de los protocolos asistenciales y de las normas básicas de cuidado estipuladas por la lex artis. Esta información ha sido obtenida de una publicación de El faro de ceuta, tal como ha podido confirmar este medio.
Por estos motivos, el Ministerio Fiscal pide para cada uno de los médicos una condena de cuatro años de prisión y seis años de inhabilitación especial para ejercer la medicina. Además, solicita que los médicos, el Ingesa de Ceuta y las aseguradoras involucradas indemnicen solidariamente a los herederos del paciente por la suma que se determine en ejecución de sentencia.
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