Madrid — La alta dirección de la Guardia Civil comparece ante la justicia. Este miércoles, el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, interroga en calidad de investigados a la directora general del cuerpo armado, Mercedes González, y a su director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas. Ambos están señalados por posibles delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia relacionados con el llamado ‘caso Leire’.
La investigación busca determinar si desde la dirección del instituto se promovió de forma indebida la apertura de expedientes disciplinarios internos con el fin de presionar y vigilar a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que realizaban las pesquisas judiciales que involucran al Gobierno de Pedro Sánchez o personas del entorno próximo.
El rol de la exmilitante socialista Leire Díez
El foco de la investigación recae en las relaciones que mantiene la directora general con la exmilitante socialista Leire Díez. La instrucción ha verificado diversas comunicaciones telefónicas entre ambas, además de al menos tres encuentros presenciales que tuvieron lugar el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024, y el 2 de abril de 2025.
Mercedes González reconoció estas reuniones durante su comparecencia en el Senado el pasado 16 de junio, aunque restó importancia a las mismas, indicando que simplemente «tomaron un café» para tratar temas sin relevancia.
La versión de la Fiscalía: Maniobras de control sobre la UCO
La posición de la dirección del cuerpo difiere de las conclusiones del juez Pedraz y de la Fiscalía, que basan sus sospechas en reportes elaborados por la propia UCO. El Ministerio Público informa que se iniciaron de manera irregular tres informaciones reservadas contra la unidad, supuestamente para investigar filtraciones a la prensa.
Estas investigaciones internas tuvieron lugar simultáneamente con pesquisas judiciales centradas «en la figura de la Presidencia del Gobierno o sus familiares».
Los investigadores centran sus dudas en varios aspectos fundamentales:
- Solicitud de listados de agentes: Dentro de uno de los expedientes internos, se requirió a la Jefatura de la UCO un inventario detallado con los nombres de todos los agentes implicados en investigaciones por corrupción vinculadas al Ejecutivo. La Fiscalía destaca que no queda claro «el propósito de esta medida ni el uso previsto para dicha información».
- Filtración de mensajes de WhatsApp de Ábalos: La UCO sospecha que Mercedes González ordenó el 12 de mayo de 2025 la apertura de un expediente para investigar si la unidad había filtrado al diario El Mundo una serie de mensajes de WhatsApp intercambiados entre el exministro José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno. Al día siguiente de esta publicación, se registraron mensajes borrados y enviados entre la directora y Leire Díez.
Incógnitas sobre la cadena de información
La Fiscalía pretende aclarar en los interrogatorios si el DAO, Manuel Llamas, estaba informado de la relación entre la directora y Leire Díez en los momentos en que recibió varias notas informativas de la causa, específicamente los días 29 de abril y 6 de mayo de 2025. Según el expediente, Llamas comunicó al general jefe de la Policía Judicial que González conocía plenamente el contenido de dichos documentos.
Asimismo, el Ministerio Público considera especialmente relevante que, durante una reunión oficial con la presencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la directora general optara por no mencionar ni revelar que había mantenido encuentros repetidos con Leire Díez.
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La investigación busca determinar si desde la dirección del instituto se promovió de forma indebida la apertura de expedientes disciplinarios internos con el fin de presionar y vigilar a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que realizaban las pesquisas judiciales que involucran al Gobierno de Pedro Sánchez o personas del entorno próximo.
El rol de la exmilitante socialista Leire Díez
El foco de la investigación recae en las relaciones que mantiene la directora general con la exmilitante socialista Leire Díez. La instrucción ha verificado diversas comunicaciones telefónicas entre ambas, además de al menos tres encuentros presenciales que tuvieron lugar el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024, y el 2 de abril de 2025.
Mercedes González reconoció estas reuniones durante su comparecencia en el Senado el pasado 16 de junio, aunque restó importancia a las mismas, indicando que simplemente «tomaron un café» para tratar temas sin relevancia.
La versión de la Fiscalía: Maniobras de control sobre la UCO
La posición de la dirección del cuerpo difiere de las conclusiones del juez Pedraz y de la Fiscalía, que basan sus sospechas en reportes elaborados por la propia UCO. El Ministerio Público informa que se iniciaron de manera irregular tres informaciones reservadas contra la unidad, supuestamente para investigar filtraciones a la prensa.
Estas investigaciones internas tuvieron lugar simultáneamente con pesquisas judiciales centradas «en la figura de la Presidencia del Gobierno o sus familiares».
Los investigadores centran sus dudas en varios aspectos fundamentales:
- Solicitud de listados de agentes: Dentro de uno de los expedientes internos, se requirió a la Jefatura de la UCO un inventario detallado con los nombres de todos los agentes implicados en investigaciones por corrupción vinculadas al Ejecutivo. La Fiscalía destaca que no queda claro «el propósito de esta medida ni el uso previsto para dicha información».
- Filtración de mensajes de WhatsApp de Ábalos: La UCO sospecha que Mercedes González ordenó el 12 de mayo de 2025 la apertura de un expediente para investigar si la unidad había filtrado al diario El Mundo una serie de mensajes de WhatsApp intercambiados entre el exministro José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno. Al día siguiente de esta publicación, se registraron mensajes borrados y enviados entre la directora y Leire Díez.
Incógnitas sobre la cadena de información
La Fiscalía pretende aclarar en los interrogatorios si el DAO, Manuel Llamas, estaba informado de la relación entre la directora y Leire Díez en los momentos en que recibió varias notas informativas de la causa, específicamente los días 29 de abril y 6 de mayo de 2025. Según el expediente, Llamas comunicó al general jefe de la Policía Judicial que González conocía plenamente el contenido de dichos documentos.
Asimismo, el Ministerio Público considera especialmente relevante que, durante una reunión oficial con la presencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la directora general optara por no mencionar ni revelar que había mantenido encuentros repetidos con Leire Díez.
Madrid — La alta dirección de la Guardia Civil comparece ante la justicia. Este miércoles, el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, interroga en calidad de investigados a la directora general del cuerpo armado, Mercedes González, y a su director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas. Ambos están señalados por posibles delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia relacionados con el llamado ‘caso Leire’.
La investigación busca determinar si desde la dirección del instituto se promovió de forma indebida la apertura de expedientes disciplinarios internos con el fin de presionar y vigilar a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que realizaban las pesquisas judiciales que involucran al Gobierno de Pedro Sánchez o personas del entorno próximo.
El rol de la exmilitante socialista Leire Díez
El foco de la investigación recae en las relaciones que mantiene la directora general con la exmilitante socialista Leire Díez. La instrucción ha verificado diversas comunicaciones telefónicas entre ambas, además de al menos tres encuentros presenciales que tuvieron lugar el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024, y el 2 de abril de 2025.
Mercedes González reconoció estas reuniones durante su comparecencia en el Senado el pasado 16 de junio, aunque restó importancia a las mismas, indicando que simplemente «tomaron un café» para tratar temas sin relevancia.
La versión de la Fiscalía: Maniobras de control sobre la UCO
La posición de la dirección del cuerpo difiere de las conclusiones del juez Pedraz y de la Fiscalía, que basan sus sospechas en reportes elaborados por la propia UCO. El Ministerio Público informa que se iniciaron de manera irregular tres informaciones reservadas contra la unidad, supuestamente para investigar filtraciones a la prensa.
Estas investigaciones internas tuvieron lugar simultáneamente con pesquisas judiciales centradas «en la figura de la Presidencia del Gobierno o sus familiares».
Los investigadores centran sus dudas en varios aspectos fundamentales:
- Solicitud de listados de agentes: Dentro de uno de los expedientes internos, se requirió a la Jefatura de la UCO un inventario detallado con los nombres de todos los agentes implicados en investigaciones por corrupción vinculadas al Ejecutivo. La Fiscalía destaca que no queda claro «el propósito de esta medida ni el uso previsto para dicha información».
- Filtración de mensajes de WhatsApp de Ábalos: La UCO sospecha que Mercedes González ordenó el 12 de mayo de 2025 la apertura de un expediente para investigar si la unidad había filtrado al diario El Mundo una serie de mensajes de WhatsApp intercambiados entre el exministro José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno. Al día siguiente de esta publicación, se registraron mensajes borrados y enviados entre la directora y Leire Díez.
Incógnitas sobre la cadena de información
La Fiscalía pretende aclarar en los interrogatorios si el DAO, Manuel Llamas, estaba informado de la relación entre la directora y Leire Díez en los momentos en que recibió varias notas informativas de la causa, específicamente los días 29 de abril y 6 de mayo de 2025. Según el expediente, Llamas comunicó al general jefe de la Policía Judicial que González conocía plenamente el contenido de dichos documentos.
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La investigación busca determinar si desde la dirección del instituto se promovió de forma indebida la apertura de expedientes disciplinarios internos con el fin de presionar y vigilar a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que realizaban las pesquisas judiciales que involucran al Gobierno de Pedro Sánchez o personas del entorno próximo.
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El foco de la investigación recae en las relaciones que mantiene la directora general con la exmilitante socialista Leire Díez. La instrucción ha verificado diversas comunicaciones telefónicas entre ambas, además de al menos tres encuentros presenciales que tuvieron lugar el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024, y el 2 de abril de 2025.
Mercedes González reconoció estas reuniones durante su comparecencia en el Senado el pasado 16 de junio, aunque restó importancia a las mismas, indicando que simplemente «tomaron un café» para tratar temas sin relevancia.
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La Fiscalía pretende aclarar en los interrogatorios si el DAO, Manuel Llamas, estaba informado de la relación entre la directora y Leire Díez en los momentos en que recibió varias notas informativas de la causa, específicamente los días 29 de abril y 6 de mayo de 2025. Según el expediente, Llamas comunicó al general jefe de la Policía Judicial que González conocía plenamente el contenido de dichos documentos.
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La investigación busca determinar si desde la dirección del instituto se promovió de forma indebida la apertura de expedientes disciplinarios internos con el fin de presionar y vigilar a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que realizaban las pesquisas judiciales que involucran al Gobierno de Pedro Sánchez o personas del entorno próximo.
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La posición de la dirección del cuerpo difiere de las conclusiones del juez Pedraz y de la Fiscalía, que basan sus sospechas en reportes elaborados por la propia UCO. El Ministerio Público informa que se iniciaron de manera irregular tres informaciones reservadas contra la unidad, supuestamente para investigar filtraciones a la prensa.
Estas investigaciones internas tuvieron lugar simultáneamente con pesquisas judiciales centradas «en la figura de la Presidencia del Gobierno o sus familiares».
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Asimismo, el Ministerio Público considera especialmente relevante que, durante una reunión oficial con la presencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la directora general optara por no mencionar ni revelar que había mantenido encuentros repetidos con Leire Díez.
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La investigación busca determinar si desde la dirección del instituto se promovió de forma indebida la apertura de expedientes disciplinarios internos con el fin de presionar y vigilar a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que realizaban las pesquisas judiciales que involucran al Gobierno de Pedro Sánchez o personas del entorno próximo.
El rol de la exmilitante socialista Leire Díez
El foco de la investigación recae en las relaciones que mantiene la directora general con la exmilitante socialista Leire Díez. La instrucción ha verificado diversas comunicaciones telefónicas entre ambas, además de al menos tres encuentros presenciales que tuvieron lugar el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024, y el 2 de abril de 2025.
Mercedes González reconoció estas reuniones durante su comparecencia en el Senado el pasado 16 de junio, aunque restó importancia a las mismas, indicando que simplemente «tomaron un café» para tratar temas sin relevancia.
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La posición de la dirección del cuerpo difiere de las conclusiones del juez Pedraz y de la Fiscalía, que basan sus sospechas en reportes elaborados por la propia UCO. El Ministerio Público informa que se iniciaron de manera irregular tres informaciones reservadas contra la unidad, supuestamente para investigar filtraciones a la prensa.
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La investigación busca determinar si desde la dirección del instituto se promovió de forma indebida la apertura de expedientes disciplinarios internos con el fin de presionar y vigilar a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que realizaban las pesquisas judiciales que involucran al Gobierno de Pedro Sánchez o personas del entorno próximo.
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Mercedes González reconoció estas reuniones durante su comparecencia en el Senado el pasado 16 de junio, aunque restó importancia a las mismas, indicando que simplemente «tomaron un café» para tratar temas sin relevancia.
La versión de la Fiscalía: Maniobras de control sobre la UCO
La posición de la dirección del cuerpo difiere de las conclusiones del juez Pedraz y de la Fiscalía, que basan sus sospechas en reportes elaborados por la propia UCO. El Ministerio Público informa que se iniciaron de manera irregular tres informaciones reservadas contra la unidad, supuestamente para investigar filtraciones a la prensa.
Estas investigaciones internas tuvieron lugar simultáneamente con pesquisas judiciales centradas «en la figura de la Presidencia del Gobierno o sus familiares».
Los investigadores centran sus dudas en varios aspectos fundamentales:
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Asimismo, el Ministerio Público considera especialmente relevante que, durante una reunión oficial con la presencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la directora general optara por no mencionar ni revelar que había mantenido encuentros repetidos con Leire Díez.
