El asentamiento por la vivienda alcanza las 28 noches de permanencia en el Kilómetro Cero, derivando en una estructura más hermética tras la acogida de personas sin hogar y la marcha de colectivos originarios hacia la preparación de la huelga del 11-N.
La denominada Acampada por la Vivienda de la Puerta del Sol se encuentra a punto de igualar este sábado las 28 noches de estancia continuada que registraron los activistas del Movimiento 15-M en el año 2011. La movilización en el centro de la capital alcanza este hito temporal en medio de una profunda transformación organizativa y de un evidente hermetismo, caracterizado por el despliegue de lonas perimetrales sobre las tiendas de campaña orientadas a combatir el frío, la lluvia y resolver episodios de conflicto derivado del cambio de perfil de los acampados.
Las primeras instalaciones del campamento se fijaron la noche del 26 de septiembre como respuesta al desahucio de una vecina en Madrid y tras una convocatoria promovida por el Sindicato de Inquilinas de Madrid. Durante los primeros días de protesta, la acción llegó a albergar cerca de un millar de tiendas y hasta 4.000 personas, agitando el debate político e impulsando iniciativas legislativas como el bautizado ‘decreto Maricarmen’ en el Consejo de Ministros, cuya posterior caída en el Congreso derivó en la convocatoria de la huelga general por la vivienda para el próximo 11 de noviembre y en la previa disolución de las Cortes para las elecciones generales del 29-N.
Reorganización interna, perfiles sociales y choque de valoraciones
Tras la retirada del Sindicato de Inquilinas el 2 de octubre para enfocarse en los barrios y en la coordinación de la huelga general, el espacio de Sol pasó a ser gestionado por una «organización cívica» conformada por comisiones, divisiones por barrios y asambleas semanales. Con el paso del tiempo, la salida gradual de los jóvenes iniciales ha dado lugar a la incorporación de personas en situación de sinhogarismo, indigencia y migrantes sin techo que pernoctan en el centro del campamento. Para facilitar la convivencia, la organización ha brindado apoyo psicológico y asignado tareas de mantenimiento, limpieza y vigilancia a estos «nuevos inquilinos».
La permanencia del asentamiento ha provocado opiniones diversas entre instituciones y fuerzas policiales. Mientras el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, solicitó un censo señalando un predominio de tiendas vacías —una propuesta catalogada de «ilegal» por los portavoces de la acampada—, el sindicato policial Jupol calificó el campamento como un «atrezzo» ocupado principalmente por personas sin hogar y grupos radicales, criticando las directrices de la Delegación del Gobierno de no intervenir ni identificar a personas dentro del recinto. Por su lado, la organización de la acampada niega rotundamente la presencia de elementos violentos o terroristas y afirma que realizan una labor social diaria para asistir a los sectores más vulnerables del centro madrileño.
El debate sobre la desacampada y las alternativas de futuro
En las comisiones organizadoras, el desgaste acumulado luego de semanas con condiciones meteorológicas adversas y tensiones externas —incluyendo intentos de agresiones por parte de grupos extremistas— ha vuelto a abrir el debate sobre los plazos para desmontar el campamento. Entre las opciones discutidas en la asamblea se contempla mantener las tiendas hasta la huelga del 11-N, prolongar la permanencia hasta las elecciones del 29-N o efectuar una desacampada ordenada mediante un acto social y simbólico para clausurar la iniciativa.
Expertos en sociología coinciden en que es complicado sostener de manera indefinida una movilización de este tipo en un espacio público. De igual modo, la organización no descarta que, tal y como ocurrió en la fase final del 15-M, las tiendas se cedan progresivamente a las personas sin hogar que actualmente ocupan el centro de la Puerta del Sol.
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La denominada Acampada por la Vivienda de la Puerta del Sol se encuentra a punto de igualar este sábado las 28 noches de estancia continuada que registraron los activistas del Movimiento 15-M en el año 2011. La movilización en el centro de la capital alcanza este hito temporal en medio de una profunda transformación organizativa y de un evidente hermetismo, caracterizado por el despliegue de lonas perimetrales sobre las tiendas de campaña orientadas a combatir el frío, la lluvia y resolver episodios de conflicto derivado del cambio de perfil de los acampados.
Las primeras instalaciones del campamento se fijaron la noche del 26 de septiembre como respuesta al desahucio de una vecina en Madrid y tras una convocatoria promovida por el Sindicato de Inquilinas de Madrid. Durante los primeros días de protesta, la acción llegó a albergar cerca de un millar de tiendas y hasta 4.000 personas, agitando el debate político e impulsando iniciativas legislativas como el bautizado ‘decreto Maricarmen’ en el Consejo de Ministros, cuya posterior caída en el Congreso derivó en la convocatoria de la huelga general por la vivienda para el próximo 11 de noviembre y en la previa disolución de las Cortes para las elecciones generales del 29-N.
Reorganización interna, perfiles sociales y choque de valoraciones
Tras la retirada del Sindicato de Inquilinas el 2 de octubre para enfocarse en los barrios y en la coordinación de la huelga general, el espacio de Sol pasó a ser gestionado por una «organización cívica» conformada por comisiones, divisiones por barrios y asambleas semanales. Con el paso del tiempo, la salida gradual de los jóvenes iniciales ha dado lugar a la incorporación de personas en situación de sinhogarismo, indigencia y migrantes sin techo que pernoctan en el centro del campamento. Para facilitar la convivencia, la organización ha brindado apoyo psicológico y asignado tareas de mantenimiento, limpieza y vigilancia a estos «nuevos inquilinos».
La permanencia del asentamiento ha provocado opiniones diversas entre instituciones y fuerzas policiales. Mientras el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, solicitó un censo señalando un predominio de tiendas vacías —una propuesta catalogada de «ilegal» por los portavoces de la acampada—, el sindicato policial Jupol calificó el campamento como un «atrezzo» ocupado principalmente por personas sin hogar y grupos radicales, criticando las directrices de la Delegación del Gobierno de no intervenir ni identificar a personas dentro del recinto. Por su lado, la organización de la acampada niega rotundamente la presencia de elementos violentos o terroristas y afirma que realizan una labor social diaria para asistir a los sectores más vulnerables del centro madrileño.
El debate sobre la desacampada y las alternativas de futuro
En las comisiones organizadoras, el desgaste acumulado luego de semanas con condiciones meteorológicas adversas y tensiones externas —incluyendo intentos de agresiones por parte de grupos extremistas— ha vuelto a abrir el debate sobre los plazos para desmontar el campamento. Entre las opciones discutidas en la asamblea se contempla mantener las tiendas hasta la huelga del 11-N, prolongar la permanencia hasta las elecciones del 29-N o efectuar una desacampada ordenada mediante un acto social y simbólico para clausurar la iniciativa.
Expertos en sociología coinciden en que es complicado sostener de manera indefinida una movilización de este tipo en un espacio público. De igual modo, la organización no descarta que, tal y como ocurrió en la fase final del 15-M, las tiendas se cedan progresivamente a las personas sin hogar que actualmente ocupan el centro de la Puerta del Sol.
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La denominada Acampada por la Vivienda de la Puerta del Sol se encuentra a punto de igualar este sábado las 28 noches de estancia continuada que registraron los activistas del Movimiento 15-M en el año 2011. La movilización en el centro de la capital alcanza este hito temporal en medio de una profunda transformación organizativa y de un evidente hermetismo, caracterizado por el despliegue de lonas perimetrales sobre las tiendas de campaña orientadas a combatir el frío, la lluvia y resolver episodios de conflicto derivado del cambio de perfil de los acampados.
Las primeras instalaciones del campamento se fijaron la noche del 26 de septiembre como respuesta al desahucio de una vecina en Madrid y tras una convocatoria promovida por el Sindicato de Inquilinas de Madrid. Durante los primeros días de protesta, la acción llegó a albergar cerca de un millar de tiendas y hasta 4.000 personas, agitando el debate político e impulsando iniciativas legislativas como el bautizado ‘decreto Maricarmen’ en el Consejo de Ministros, cuya posterior caída en el Congreso derivó en la convocatoria de la huelga general por la vivienda para el próximo 11 de noviembre y en la previa disolución de las Cortes para las elecciones generales del 29-N.
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Tras la retirada del Sindicato de Inquilinas el 2 de octubre para enfocarse en los barrios y en la coordinación de la huelga general, el espacio de Sol pasó a ser gestionado por una «organización cívica» conformada por comisiones, divisiones por barrios y asambleas semanales. Con el paso del tiempo, la salida gradual de los jóvenes iniciales ha dado lugar a la incorporación de personas en situación de sinhogarismo, indigencia y migrantes sin techo que pernoctan en el centro del campamento. Para facilitar la convivencia, la organización ha brindado apoyo psicológico y asignado tareas de mantenimiento, limpieza y vigilancia a estos «nuevos inquilinos».
La permanencia del asentamiento ha provocado opiniones diversas entre instituciones y fuerzas policiales. Mientras el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, solicitó un censo señalando un predominio de tiendas vacías —una propuesta catalogada de «ilegal» por los portavoces de la acampada—, el sindicato policial Jupol calificó el campamento como un «atrezzo» ocupado principalmente por personas sin hogar y grupos radicales, criticando las directrices de la Delegación del Gobierno de no intervenir ni identificar a personas dentro del recinto. Por su lado, la organización de la acampada niega rotundamente la presencia de elementos violentos o terroristas y afirma que realizan una labor social diaria para asistir a los sectores más vulnerables del centro madrileño.
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En las comisiones organizadoras, el desgaste acumulado luego de semanas con condiciones meteorológicas adversas y tensiones externas —incluyendo intentos de agresiones por parte de grupos extremistas— ha vuelto a abrir el debate sobre los plazos para desmontar el campamento. Entre las opciones discutidas en la asamblea se contempla mantener las tiendas hasta la huelga del 11-N, prolongar la permanencia hasta las elecciones del 29-N o efectuar una desacampada ordenada mediante un acto social y simbólico para clausurar la iniciativa.
Expertos en sociología coinciden en que es complicado sostener de manera indefinida una movilización de este tipo en un espacio público. De igual modo, la organización no descarta que, tal y como ocurrió en la fase final del 15-M, las tiendas se cedan progresivamente a las personas sin hogar que actualmente ocupan el centro de la Puerta del Sol.
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Las primeras instalaciones del campamento se fijaron la noche del 26 de septiembre como respuesta al desahucio de una vecina en Madrid y tras una convocatoria promovida por el Sindicato de Inquilinas de Madrid. Durante los primeros días de protesta, la acción llegó a albergar cerca de un millar de tiendas y hasta 4.000 personas, agitando el debate político e impulsando iniciativas legislativas como el bautizado ‘decreto Maricarmen’ en el Consejo de Ministros, cuya posterior caída en el Congreso derivó en la convocatoria de la huelga general por la vivienda para el próximo 11 de noviembre y en la previa disolución de las Cortes para las elecciones generales del 29-N.
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Tras la retirada del Sindicato de Inquilinas el 2 de octubre para enfocarse en los barrios y en la coordinación de la huelga general, el espacio de Sol pasó a ser gestionado por una «organización cívica» conformada por comisiones, divisiones por barrios y asambleas semanales. Con el paso del tiempo, la salida gradual de los jóvenes iniciales ha dado lugar a la incorporación de personas en situación de sinhogarismo, indigencia y migrantes sin techo que pernoctan en el centro del campamento. Para facilitar la convivencia, la organización ha brindado apoyo psicológico y asignado tareas de mantenimiento, limpieza y vigilancia a estos «nuevos inquilinos».
La permanencia del asentamiento ha provocado opiniones diversas entre instituciones y fuerzas policiales. Mientras el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, solicitó un censo señalando un predominio de tiendas vacías —una propuesta catalogada de «ilegal» por los portavoces de la acampada—, el sindicato policial Jupol calificó el campamento como un «atrezzo» ocupado principalmente por personas sin hogar y grupos radicales, criticando las directrices de la Delegación del Gobierno de no intervenir ni identificar a personas dentro del recinto. Por su lado, la organización de la acampada niega rotundamente la presencia de elementos violentos o terroristas y afirma que realizan una labor social diaria para asistir a los sectores más vulnerables del centro madrileño.
El debate sobre la desacampada y las alternativas de futuro
En las comisiones organizadoras, el desgaste acumulado luego de semanas con condiciones meteorológicas adversas y tensiones externas —incluyendo intentos de agresiones por parte de grupos extremistas— ha vuelto a abrir el debate sobre los plazos para desmontar el campamento. Entre las opciones discutidas en la asamblea se contempla mantener las tiendas hasta la huelga del 11-N, prolongar la permanencia hasta las elecciones del 29-N o efectuar una desacampada ordenada mediante un acto social y simbólico para clausurar la iniciativa.
Expertos en sociología coinciden en que es complicado sostener de manera indefinida una movilización de este tipo en un espacio público. De igual modo, la organización no descarta que, tal y como ocurrió en la fase final del 15-M, las tiendas se cedan progresivamente a las personas sin hogar que actualmente ocupan el centro de la Puerta del Sol.
