El departamento bajo la dirección de Pablo Bustinduy ha advertido a dos plataformas digitales tras detectar la comercialización de estancias inferiores a 31 días, incumpliendo el reciente decreto de vivienda y realizando posibles prácticas desleales, centradas especialmente en el mercado madrileño.
Este viernes, el Ministerio de Consumo ha solicitado a dos plataformas en línea la retirada inmediata de 8.318 anuncios de viviendas turísticas que se anuncian como alquileres de temporada, incumpliendo la normativa vigente. La investigación realizada por el departamento encabezado por Pablo Bustinduy ha confirmado que estos anuncios permiten la contratación de estancias inferiores a 31 días, periodo establecido desde el 8 de octubre como la duración mínima legal para los arrendamientos temporales. Cualquier oferta que se encuentre por debajo de este límite se considera legalmente alquiler de uso turístico.
La Dirección General de Consumo afirma que la promoción de estos alojamientos representa una práctica de comunicación comercial desleal por ser engañosa, constituyendo una infracción directa a la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Tras notificar formalmente la irregularidad a ambas plataformas, estas asumen la responsabilidad legal sobre los anuncios ofrecidos, quedando expuestas a posibles sanciones si no eliminan de inmediato los contenidos señalados.
Concentración significativa del fraude en la Comunidad de Madrid
La supervisión realizada por las autoridades de Consumo ha identificado una elevada concentración territorial de las irregularidades detectadas. La gran mayoría de los anuncios ilegales se localizan en la Comunidad de Madrid, donde se han registrado 6.772 publicaciones fraudulentas. De esta cifra regional, la ciudad de Madrid concentra la mayoría con 6.523 pisos turísticos ofertados ilegalmente bajo la modalidad de arrendamiento temporal.
Esta actuación administrativa surge tras la aprobación por segunda vez del real decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, impulsado tras la controversia generada por el desahucio de Maricarmen Abascal y reactivado después de un rechazo parlamentario inicial. La regulación define un marco temporal para el alquiler de temporada entre un mínimo de 31 días y un máximo de doce meses, requiriendo la acreditación documental del motivo de temporalidad. Si se supera este plazo, se encadenan más de dos contratos consecutivos o no se justifica la causa, el contrato se considera un arrendamiento de vivienda habitual. Además, la norma limita el alquiler vacacional en pisos turísticos a un máximo de 30 noches consecutivas.
Trámite parlamentario y antecedentes en sanciones al sector
A diferencia de la tramitación inicial —en la que partidos como PP, Vox, Junts y UPN rechazaron la normativa dejándola temporalmente sin efecto—, se espera que el Ejecutivo logre la ratificación parlamentaria del texto. Ante la disolución de las Cortes Generales por la convocatoria de elecciones generales del 29 de noviembre, la votación corresponde a la Diputación Permanente del Congreso, donde los grupos que respaldan el decreto cuentan con mayoría suficiente para su aprobación.
La acción sobre estas dos plataformas digitales refuerza la línea de actuaciones sancionadoras impulsadas por el Ministerio de Consumo en el sector de alojamiento y vivienda. Recientemente, el departamento multó a Airbnb con 64 millones de euros por comercializar ofertas irregulares, lo que llevó a la retirada de más de 65.000 anuncios de su catálogo. De forma similar, la plataforma Booking eliminó más de 4.000 ofertas tras requerimientos oficiales en una estrategia inspectora que ha incluido sanciones a grandes gestoras inmobiliarias y una multa de 3,6 millones de euros a la empresa Alquiler Seguro por cláusulas abusivas.
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La Dirección General de Consumo afirma que la promoción de estos alojamientos representa una práctica de comunicación comercial desleal por ser engañosa, constituyendo una infracción directa a la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Tras notificar formalmente la irregularidad a ambas plataformas, estas asumen la responsabilidad legal sobre los anuncios ofrecidos, quedando expuestas a posibles sanciones si no eliminan de inmediato los contenidos señalados.
Concentración significativa del fraude en la Comunidad de Madrid
La supervisión realizada por las autoridades de Consumo ha identificado una elevada concentración territorial de las irregularidades detectadas. La gran mayoría de los anuncios ilegales se localizan en la Comunidad de Madrid, donde se han registrado 6.772 publicaciones fraudulentas. De esta cifra regional, la ciudad de Madrid concentra la mayoría con 6.523 pisos turísticos ofertados ilegalmente bajo la modalidad de arrendamiento temporal.
Esta actuación administrativa surge tras la aprobación por segunda vez del real decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, impulsado tras la controversia generada por el desahucio de Maricarmen Abascal y reactivado después de un rechazo parlamentario inicial. La regulación define un marco temporal para el alquiler de temporada entre un mínimo de 31 días y un máximo de doce meses, requiriendo la acreditación documental del motivo de temporalidad. Si se supera este plazo, se encadenan más de dos contratos consecutivos o no se justifica la causa, el contrato se considera un arrendamiento de vivienda habitual. Además, la norma limita el alquiler vacacional en pisos turísticos a un máximo de 30 noches consecutivas.
Trámite parlamentario y antecedentes en sanciones al sector
A diferencia de la tramitación inicial —en la que partidos como PP, Vox, Junts y UPN rechazaron la normativa dejándola temporalmente sin efecto—, se espera que el Ejecutivo logre la ratificación parlamentaria del texto. Ante la disolución de las Cortes Generales por la convocatoria de elecciones generales del 29 de noviembre, la votación corresponde a la Diputación Permanente del Congreso, donde los grupos que respaldan el decreto cuentan con mayoría suficiente para su aprobación.
La acción sobre estas dos plataformas digitales refuerza la línea de actuaciones sancionadoras impulsadas por el Ministerio de Consumo en el sector de alojamiento y vivienda. Recientemente, el departamento multó a Airbnb con 64 millones de euros por comercializar ofertas irregulares, lo que llevó a la retirada de más de 65.000 anuncios de su catálogo. De forma similar, la plataforma Booking eliminó más de 4.000 ofertas tras requerimientos oficiales en una estrategia inspectora que ha incluido sanciones a grandes gestoras inmobiliarias y una multa de 3,6 millones de euros a la empresa Alquiler Seguro por cláusulas abusivas.
El departamento bajo la dirección de Pablo Bustinduy ha advertido a dos plataformas digitales tras detectar la comercialización de estancias inferiores a 31 días, incumpliendo el reciente decreto de vivienda y realizando posibles prácticas desleales, centradas especialmente en el mercado madrileño.
Este viernes, el Ministerio de Consumo ha solicitado a dos plataformas en línea la retirada inmediata de 8.318 anuncios de viviendas turísticas que se anuncian como alquileres de temporada, incumpliendo la normativa vigente. La investigación realizada por el departamento encabezado por Pablo Bustinduy ha confirmado que estos anuncios permiten la contratación de estancias inferiores a 31 días, periodo establecido desde el 8 de octubre como la duración mínima legal para los arrendamientos temporales. Cualquier oferta que se encuentre por debajo de este límite se considera legalmente alquiler de uso turístico.
La Dirección General de Consumo afirma que la promoción de estos alojamientos representa una práctica de comunicación comercial desleal por ser engañosa, constituyendo una infracción directa a la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Tras notificar formalmente la irregularidad a ambas plataformas, estas asumen la responsabilidad legal sobre los anuncios ofrecidos, quedando expuestas a posibles sanciones si no eliminan de inmediato los contenidos señalados.
Concentración significativa del fraude en la Comunidad de Madrid
La supervisión realizada por las autoridades de Consumo ha identificado una elevada concentración territorial de las irregularidades detectadas. La gran mayoría de los anuncios ilegales se localizan en la Comunidad de Madrid, donde se han registrado 6.772 publicaciones fraudulentas. De esta cifra regional, la ciudad de Madrid concentra la mayoría con 6.523 pisos turísticos ofertados ilegalmente bajo la modalidad de arrendamiento temporal.
Esta actuación administrativa surge tras la aprobación por segunda vez del real decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, impulsado tras la controversia generada por el desahucio de Maricarmen Abascal y reactivado después de un rechazo parlamentario inicial. La regulación define un marco temporal para el alquiler de temporada entre un mínimo de 31 días y un máximo de doce meses, requiriendo la acreditación documental del motivo de temporalidad. Si se supera este plazo, se encadenan más de dos contratos consecutivos o no se justifica la causa, el contrato se considera un arrendamiento de vivienda habitual. Además, la norma limita el alquiler vacacional en pisos turísticos a un máximo de 30 noches consecutivas.
Trámite parlamentario y antecedentes en sanciones al sector
A diferencia de la tramitación inicial —en la que partidos como PP, Vox, Junts y UPN rechazaron la normativa dejándola temporalmente sin efecto—, se espera que el Ejecutivo logre la ratificación parlamentaria del texto. Ante la disolución de las Cortes Generales por la convocatoria de elecciones generales del 29 de noviembre, la votación corresponde a la Diputación Permanente del Congreso, donde los grupos que respaldan el decreto cuentan con mayoría suficiente para su aprobación.
La acción sobre estas dos plataformas digitales refuerza la línea de actuaciones sancionadoras impulsadas por el Ministerio de Consumo en el sector de alojamiento y vivienda. Recientemente, el departamento multó a Airbnb con 64 millones de euros por comercializar ofertas irregulares, lo que llevó a la retirada de más de 65.000 anuncios de su catálogo. De forma similar, la plataforma Booking eliminó más de 4.000 ofertas tras requerimientos oficiales en una estrategia inspectora que ha incluido sanciones a grandes gestoras inmobiliarias y una multa de 3,6 millones de euros a la empresa Alquiler Seguro por cláusulas abusivas.
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Este viernes, el Ministerio de Consumo ha solicitado a dos plataformas en línea la retirada inmediata de 8.318 anuncios de viviendas turísticas que se anuncian como alquileres de temporada, incumpliendo la normativa vigente. La investigación realizada por el departamento encabezado por Pablo Bustinduy ha confirmado que estos anuncios permiten la contratación de estancias inferiores a 31 días, periodo establecido desde el 8 de octubre como la duración mínima legal para los arrendamientos temporales. Cualquier oferta que se encuentre por debajo de este límite se considera legalmente alquiler de uso turístico.
La Dirección General de Consumo afirma que la promoción de estos alojamientos representa una práctica de comunicación comercial desleal por ser engañosa, constituyendo una infracción directa a la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Tras notificar formalmente la irregularidad a ambas plataformas, estas asumen la responsabilidad legal sobre los anuncios ofrecidos, quedando expuestas a posibles sanciones si no eliminan de inmediato los contenidos señalados.
Concentración significativa del fraude en la Comunidad de Madrid
La supervisión realizada por las autoridades de Consumo ha identificado una elevada concentración territorial de las irregularidades detectadas. La gran mayoría de los anuncios ilegales se localizan en la Comunidad de Madrid, donde se han registrado 6.772 publicaciones fraudulentas. De esta cifra regional, la ciudad de Madrid concentra la mayoría con 6.523 pisos turísticos ofertados ilegalmente bajo la modalidad de arrendamiento temporal.
Esta actuación administrativa surge tras la aprobación por segunda vez del real decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, impulsado tras la controversia generada por el desahucio de Maricarmen Abascal y reactivado después de un rechazo parlamentario inicial. La regulación define un marco temporal para el alquiler de temporada entre un mínimo de 31 días y un máximo de doce meses, requiriendo la acreditación documental del motivo de temporalidad. Si se supera este plazo, se encadenan más de dos contratos consecutivos o no se justifica la causa, el contrato se considera un arrendamiento de vivienda habitual. Además, la norma limita el alquiler vacacional en pisos turísticos a un máximo de 30 noches consecutivas.
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A diferencia de la tramitación inicial —en la que partidos como PP, Vox, Junts y UPN rechazaron la normativa dejándola temporalmente sin efecto—, se espera que el Ejecutivo logre la ratificación parlamentaria del texto. Ante la disolución de las Cortes Generales por la convocatoria de elecciones generales del 29 de noviembre, la votación corresponde a la Diputación Permanente del Congreso, donde los grupos que respaldan el decreto cuentan con mayoría suficiente para su aprobación.
La acción sobre estas dos plataformas digitales refuerza la línea de actuaciones sancionadoras impulsadas por el Ministerio de Consumo en el sector de alojamiento y vivienda. Recientemente, el departamento multó a Airbnb con 64 millones de euros por comercializar ofertas irregulares, lo que llevó a la retirada de más de 65.000 anuncios de su catálogo. De forma similar, la plataforma Booking eliminó más de 4.000 ofertas tras requerimientos oficiales en una estrategia inspectora que ha incluido sanciones a grandes gestoras inmobiliarias y una multa de 3,6 millones de euros a la empresa Alquiler Seguro por cláusulas abusivas.
