MADRID – Un reportaje de El Mundo ha hecho público un informe reservado que Junts per Catalunya envió al PSOE mediante los intermediarios de la fundación Henri Dunant en Suiza, luego de la ruptura del acuerdo de investidura en octubre pasado. El informe, entregado en sobres personalmente a Pedro Sánchez por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, acusa al Gobierno de manipular partidistamente al Tribunal Constitucional y a la Fiscalía para retrasar la aplicación de la Ley de Amnistía y dificultar el retorno inmediato de Carles Puigdemont.
Según este documento, la estrategia independentista se resquebrajó al advertir un constante cambio en las fechas propuesto por los negociadores socialistas, principalmente Santos Cerdán y Zapatero. Junts sostiene que el PSOE aseguró que el órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido aprobaría de forma rápida la norma en junio de 2024, apenas un mes después de su ratificación parlamentaria. Sin embargo, esta decisión fue pospuesta hasta finales de junio de 2025, lo que los independentistas interpretan como una maniobra para prolongar la legislatura asegurando sus votos sin cumplir los compromisos acordados.
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Reproches al papel de la Fiscalía y el control institucional
El informe dedica especial atención a la Fiscalía del Tribunal Constitucional, dirigida por Pablo Crespo, calificando su actitud como «pasiva e incluso de impedimento» frente a las medidas cautelares solicitadas por la defensa de Puigdemont, que buscaban la suspensión de la orden de busca y captura emitida por el magistrado Pablo Llarena del Tribunal Supremo.
Desde Waterloo critican que el Ejecutivo no intercediera ante la Fiscalía para modificar esta postura, señalando que Sánchez habría buscado mantener vigente la orden de prisión preventiva para evitar la inestabilidad política que implicaría el regreso de Puigdemont a España. El informe señala además que se consideró investigar a la Audiencia Nacional y al Tribunal de Cuentas, pero se descartó al reconocer que estas instancias no dependen directamente del poder ejecutivo, a diferencia de la Fiscalía y el Tribunal Constitucional.
Los cuatro incumplimientos clave que motivaron la caída de la legislatura
El documento identifica cuatro puntos fundamentales que justificaron la retirada del apoyo parlamentario de Junts al gobierno:
- Ley de Amnistía: La demora sistemática en la aprobación del Constitucional y la ausencia de efectos inmediatos sobre la orden de detención de Puigdemont, bloqueada por el Supremo debido al delito de malversación.
- Competencias en Inmigración: Fracaso en transferir a la Generalitat el control exclusivo de estas competencias, a pesar del compromiso del PSOE de que Podemos no impediría esta medida, cosa que finalmente ocurrió.
- Balanzas Fiscales: Falta de publicación que reconociese formalmente una deuda histórica del Estado con Cataluña, estimada por los independentistas en al menos 20.000 millones de euros.
- Oficialidad del Catalán: Paralización del proceso para declarar el catalán lengua oficial en la Unión Europea.
Futuros escenarios: el TJUE y el plazo de otoño
Las comunicaciones intervenidas por la Policía Judicial al expresidente Zapatero confirman que la última propuesta de negociación planteada en enero consistía en presionar para lograr un nuevo fallo del Constitucional en otoño próximo. Dicha resolución intentaría contradecir al Tribunal Supremo declarando la aplicabilidad de la amnistía al delito de malversación.
El panorama político está pendiente de la sentencia que en días emitirá el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la conformidad de la ley con la normativa comunitaria relativa al terrorismo y fondos europeos. Desde Junts esperan un fallo favorable y contemplan el regreso definitivo de Puigdemont a España tras el verano, estrategia con la que pretenden recuperar fuerza electoral frente al avance de otras formaciones independentistas.
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