La formación de Puigdemont está finalizando el denominado ‘Plan 8 millones’ y aumenta las medidas de control en Sant Cugat para restringir los «derechos de alta intensidad» a quienes acrediten un arraigo prolongado.
BARCELONA. – Junts per Catalunya ha optado por involucrarse plenamente en el debate sobre la restricción de las condiciones para que los inmigrantes accedan a ayudas públicas. Bajo el nombre de ‘Plan 8 millones’, el partido está preparando una estrategia migratoria que condiciona este tipo de derechos, como la vivienda protegida, a un mayor nivel de arraigo y vinculación con el territorio.
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El modelo Sant Cugat: Ampliación de 3 a 10 años de empadronamiento
El núcleo principal de esta nueva política se encuentra en Sant Cugat del Vallès, el municipio que gobierna Junts. El Ayuntamiento propone elevar de tres a diez años el tiempo mínimo de empadronamiento —ya sea continuo o discontínuo— para ser elegible para una vivienda social. Esta iniciativa, que Junts intentó implantar en el Parlament de Cataluña sin éxito el pasado octubre, pretende proteger el parque público de viviendas frente a los recientes movimientos migratorios.
A pesar de que la propuesta fue rechazada en la cámara catalana por el bloque de izquierdas (PSC, ERC, Comuns y CUP), Junts ha encontrado puntos en común con el Partido Popular en este asunto. Ambos partidos apuestan por dar prioridad a quienes tengan un vínculo histórico mayor con el municipio, diferenciándose del enfoque de Vox que discrimina estrictamente por nacionalidad. Para Junts, el criterio clave no es el pasaporte, sino el tiempo de residencia y la integración social.
Medidas contra el fraude en el padrón
Además de la propuesta legislativa, Junts ha aplicado medidas ejecutivas en Sant Cugat mediante un riguroso control del censo municipal:
- Bajas masivas: En el último año, el Ayuntamiento ha dado de baja a 4.000 personas del padrón al comprobar que no residían realmente en el municipio.
- Validación presencial: Se ha eliminado la posibilidad de empadronarse únicamente por vía telemática. Ahora es obligatorio acudir en persona al Ayuntamiento en un plazo máximo de tres meses.
- Inspecciones domiciliarias: El incumplimiento de esta obligación presencial activa automáticamente una inspección en el domicilio para detectar casos de sobreocupación o fraudes relativos a la convivencia.
Un desafío político y electoral
Este cambio hacia la «prioridad por arraigo» responde a la presión del Aliança Catalana, que compite con Junts por el voto nacionalista con un discurso más estricto en materia migratoria. Paralelamente, Junts mantiene un enfrentamiento con el Gobierno de Pedro Sánchez para que se transfiera a la Generalitat la competencia en extranjería, un compromiso adquirido hace meses que sigue bloqueado en el Congreso por la negativa de Podemos.
Con la puesta en marcha del ‘Plan 8 millones’, Junts pretende mostrarse como un partido capaz de gestionar el impacto demográfico en el Estado de Bienestar, partiendo de la premisa de que el acceso a los servicios sociales más valorados debe condicionarse a una contribución y permanencia mínima en la sociedad catalana.
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