El Tribunal Supremo advierte con posibles sanciones si no se implementan medidas urgentes para proteger a los menores solicitantes de asilo
El Tribunal Supremo ha instado al Gobierno de España a tomar medidas inmediatas y efectivas que aseguren una atención adecuada a los menores solicitantes de asilo en Canarias. Esta petición responde a la saturación de los centros de acogida y a las carencias detectadas en la protección de estos menores.
En su fallo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo señala al Ejecutivo que, en caso de incumplimiento, podrían aplicarse “medidas coercitivas” para garantizar la ejecución de la orden. El tribunal estima que la situación actual afecta los derechos fundamentales de los menores, amparados tanto por la legislación nacional como por los tratados internacionales ratificados por España.
La resolución surge después de repetidas alertas de organizaciones humanitarias y autoridades locales sobre el colapso del sistema de acogida en el archipiélago, especialmente respecto a los menores no acompañados, cuyo número ha aumentado notablemente en los últimos meses.
El Supremo insta al Gobierno a actuar con prontitud y coordinación para prevenir “daños irreparables” en una población especialmente vulnerable. Aunque no ha habido aún una respuesta oficial, fuentes del Ministerio de Infancia y Juventud indican que se está elaborando un plan para cumplir con el mandato judicial.
Esta decisión incrementa la presión sobre el Ejecutivo en un contexto migratorio cada vez más complejo y reafirma el rol de los tribunales como defensores de los derechos de los menores en situaciones de emergencia humanitaria.
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