El Senado comienza esta semana el análisis de diversas propuestas orientadas a endurecer los requisitos para conceder beneficios penitenciarios a presos vinculados a ETA, así como a fortalecer las medidas para prevenir actos de reconocimiento y ensalzamiento de miembros de esta organización terrorista.
La mayoría del Partido Popular en la Cámara Alta facilitará la aprobación de estas iniciativas, que deberán seguir su proceso de tramitación en el Congreso de los Diputados. Los populares pretenden revisar los procedimientos que han permitido ciertos criterios flexibles en la ejecución penal de antiguos integrantes de ETA, buscando asegurar una política penitenciaria que garantice el “máximo rigor” y cumpla con la normativa vigente.
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El PP solicita reformar el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario
Uno de los aspectos centrales de la propuesta es modificar el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite aplicar modelos personalizados de cumplimiento y ha sido empleado en ocasiones para facilitar la salida progresiva bajo regímenes como la semilibertad.
El PP argumenta que este mecanismo requiere una revisión para evitar decisiones penitenciarias que puedan contravenir la intención de la ley y resultar perjudiciales para las víctimas del terrorismo.
Además, la iniciativa plantea fortalecer la supervisión por parte de la Administración General del Estado y del Ministerio Fiscal, otorgándoles mayores facultades para supervisar, apelar y cuestionar las resoluciones penitenciarias que se consideren contrarias a los principios de memoria, dignidad, justicia y reparación.
Los casos de Anboto y Txeroki centran el debate
La propuesta surge en un contexto marcado por la controversia generada tras la concesión de beneficios penitenciarios a antiguos dirigentes de ETA, como Soledad Iparragirre, Anboto —a quien se le revocó la semilibertad— y Garikoitz Aspiazu, Txeroki, sentenciado por su rol dentro de la organización.
Estos episodios han reactivado la discusión política sobre el margen para otorgar beneficios penitenciarios y la función de las entidades supervisores respecto a las decisiones que involucran a presos condenados por terrorismo.
Desde el PP, se insiste en que la política penitenciaria debe mantenerse alejada de procesos de negociación política y preservar siempre la memoria de las víctimas.
Propuesta para crear una Comisión de Interior
Otra medida planteada implica la creación de una Comisión de Interior en el Senado dedicada a revisar los beneficios penitenciarios otorgados a presos de ETA y a estudiar posibles modificaciones normativas.
Esta iniciativa responde al malestar expresado por asociaciones de víctimas que demandan un mayor control sobre las decisiones penitenciarias y una aplicación más rigurosa de los requisitos para acceder a regímenes como la semilibertad o el tercer grado.
El texto impulsado por el PP remarca que las instituciones están obligadas a asegurar que cualquier decisión en esta área respete los principios de reparación, memoria y dignidad de las víctimas del terrorismo.
La eliminación de homenajes a miembros de ETA
El Senado también abordará medidas para impedir actos de homenaje dirigidos a presos y exmiembros de ETA. La iniciativa busca evitar que manifestaciones populares, eventos, pancartas, pintadas u otros actos públicos sirvan para ensalzar a integrantes de la banda terrorista.
UPN ha presentado diversas demandas en este sentido, incluyendo la promoción en el Congreso de iniciativas ya aprobadas para eliminar actos que enaltezcan el terrorismo, impedir que estos homenajes ocurran en espacios públicos y responsabilizar a los organizadores cuando se produzcan.
También se plantea garantizar que no se otorgue financiación pública a actividades que supongan una humillación para las víctimas.
Covite registró 374 actos de apoyo a ETA en 2025
Estas discusiones tienen lugar en un contexto de preocupación por un aumento en los actos de apoyo a presos de ETA. De acuerdo con datos difundidos por Covite, en 2025 se documentaron 374 acciones en favor de ETA, incluyendo manifestaciones para solicitar excarcelaciones, grafitis, pancartas y expresiones explícitas de respaldo a miembros de esta organización terrorista.
Durante 2026, la polémica también ha alcanzado eventos populares como la Korrika, donde se mostraron imágenes de miembros de ETA, según denuncias recogidas por varias fuentes.
Una iniciativa política en defensa de las víctimas
Las propuestas que examinará el Senado forman parte de una estrategia política destinada a fortalecer la protección institucional de las víctimas del terrorismo y a limitar cualquier interpretación flexible sobre los beneficios penitenciarios concedidos a condenados por ETA.
Con la mayoría del PP en el Senado, se prevé que estas medidas sean aprobadas y enviadas al Congreso, donde su tramitación será más compleja. Este debate volverá a centrar la atención en la política penitenciaria, la memoria de las víctimas y los límites legales para prevenir actos de enaltecimiento del terrorismo.
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