Génova señala que la normativa impone fuertes limitaciones a los propietarios privados, pero permite a organismos como Sareb o Casa 47 continuar con desalojos.
Madrid | El Partido Popular ha expresado su rechazo a ciertos aspectos del Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, que establece medidas urgentes en materia de vivienda, destacando una exención que favorece a entidades del sector público. Desde la dirección del PP subrayan que el texto impide y suspende los desahucios de personas vulnerables cuando los propietarios son privados, aunque deja fuera de esta limitación a las empresas y organismos públicos encargados de la gestión de vivienda social.
Desde Génova califican esta diferenciación como «vergonzosa» y acusan al Gobierno de aplicar un claro «doble estándar». Según el análisis realizado por la Vicesecretaría de Economía del PP, el artículo 2.1 del decreto establece que la protección frente a desalojos no se aplicará a «entes públicos territoriales y aquellos otros organismos públicos y empresas o sociedades mercantiles pertenecientes al sector público».
Con esta formulación, entidades estatales como la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y la empresa pública Casa 47 —adscrita al Ministerio de Vivienda— conservarán la facultad legal para promover desahucios sobre sus inmuebles, una prerrogativa que la norma restringe a los propietarios particulares. Fuentes del PP comparan las deficiencias técnicas de esta norma con los problemas que presentó la ley del ‘solo sí es sí’, anticipando una posible «serie de recursos» en los tribunales.
Críticas a la falta de oferta y propuesta alternativa del PP
Más allá del debate legal, el principal partido en oposición critica al Ejecutivo por no incluir acciones efectivas para enfrentar la principal dificultad: la escasez de oferta residencial. El PP señala que, según proyecciones del Banco de España, el mercado necesita más de 750.000 viviendas adicionales para aliviar la presión sobre los precios —una cifra que superará el millón de unidades en 2028— mientras que en 2025 sólo se construyeron algo más de 90.000 viviendas en el conjunto del país.
Frente al enfoque gubernamental de control de precios, la dirección del PP apuesta por una estrategia basada en la liberalización del suelo público, simplificación de trámites administrativos, una nueva Ley del Suelo que incorpore mecanismos antiokupación y reducciones fiscales como bajar el IVA de viviendas nuevas del 10% al 4% para jóvenes. Además, incluyen un compromiso electoral para impulsar la construcción de un millón de viviendas durante la próxima legislatura.
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Madrid | El Partido Popular ha expresado su rechazo a ciertos aspectos del Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, que establece medidas urgentes en materia de vivienda, destacando una exención que favorece a entidades del sector público. Desde la dirección del PP subrayan que el texto impide y suspende los desahucios de personas vulnerables cuando los propietarios son privados, aunque deja fuera de esta limitación a las empresas y organismos públicos encargados de la gestión de vivienda social.
Desde Génova califican esta diferenciación como «vergonzosa» y acusan al Gobierno de aplicar un claro «doble estándar». Según el análisis realizado por la Vicesecretaría de Economía del PP, el artículo 2.1 del decreto establece que la protección frente a desalojos no se aplicará a «entes públicos territoriales y aquellos otros organismos públicos y empresas o sociedades mercantiles pertenecientes al sector público».
Con esta formulación, entidades estatales como la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y la empresa pública Casa 47 —adscrita al Ministerio de Vivienda— conservarán la facultad legal para promover desahucios sobre sus inmuebles, una prerrogativa que la norma restringe a los propietarios particulares. Fuentes del PP comparan las deficiencias técnicas de esta norma con los problemas que presentó la ley del ‘solo sí es sí’, anticipando una posible «serie de recursos» en los tribunales.
Críticas a la falta de oferta y propuesta alternativa del PP
Más allá del debate legal, el principal partido en oposición critica al Ejecutivo por no incluir acciones efectivas para enfrentar la principal dificultad: la escasez de oferta residencial. El PP señala que, según proyecciones del Banco de España, el mercado necesita más de 750.000 viviendas adicionales para aliviar la presión sobre los precios —una cifra que superará el millón de unidades en 2028— mientras que en 2025 sólo se construyeron algo más de 90.000 viviendas en el conjunto del país.
Frente al enfoque gubernamental de control de precios, la dirección del PP apuesta por una estrategia basada en la liberalización del suelo público, simplificación de trámites administrativos, una nueva Ley del Suelo que incorpore mecanismos antiokupación y reducciones fiscales como bajar el IVA de viviendas nuevas del 10% al 4% para jóvenes. Además, incluyen un compromiso electoral para impulsar la construcción de un millón de viviendas durante la próxima legislatura.
Génova señala que la normativa impone fuertes limitaciones a los propietarios privados, pero permite a organismos como Sareb o Casa 47 continuar con desalojos.
Madrid | El Partido Popular ha expresado su rechazo a ciertos aspectos del Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, que establece medidas urgentes en materia de vivienda, destacando una exención que favorece a entidades del sector público. Desde la dirección del PP subrayan que el texto impide y suspende los desahucios de personas vulnerables cuando los propietarios son privados, aunque deja fuera de esta limitación a las empresas y organismos públicos encargados de la gestión de vivienda social.
Desde Génova califican esta diferenciación como «vergonzosa» y acusan al Gobierno de aplicar un claro «doble estándar». Según el análisis realizado por la Vicesecretaría de Economía del PP, el artículo 2.1 del decreto establece que la protección frente a desalojos no se aplicará a «entes públicos territoriales y aquellos otros organismos públicos y empresas o sociedades mercantiles pertenecientes al sector público».
Con esta formulación, entidades estatales como la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y la empresa pública Casa 47 —adscrita al Ministerio de Vivienda— conservarán la facultad legal para promover desahucios sobre sus inmuebles, una prerrogativa que la norma restringe a los propietarios particulares. Fuentes del PP comparan las deficiencias técnicas de esta norma con los problemas que presentó la ley del ‘solo sí es sí’, anticipando una posible «serie de recursos» en los tribunales.
Críticas a la falta de oferta y propuesta alternativa del PP
Más allá del debate legal, el principal partido en oposición critica al Ejecutivo por no incluir acciones efectivas para enfrentar la principal dificultad: la escasez de oferta residencial. El PP señala que, según proyecciones del Banco de España, el mercado necesita más de 750.000 viviendas adicionales para aliviar la presión sobre los precios —una cifra que superará el millón de unidades en 2028— mientras que en 2025 sólo se construyeron algo más de 90.000 viviendas en el conjunto del país.
Frente al enfoque gubernamental de control de precios, la dirección del PP apuesta por una estrategia basada en la liberalización del suelo público, simplificación de trámites administrativos, una nueva Ley del Suelo que incorpore mecanismos antiokupación y reducciones fiscales como bajar el IVA de viviendas nuevas del 10% al 4% para jóvenes. Además, incluyen un compromiso electoral para impulsar la construcción de un millón de viviendas durante la próxima legislatura.
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Desde Génova califican esta diferenciación como «vergonzosa» y acusan al Gobierno de aplicar un claro «doble estándar». Según el análisis realizado por la Vicesecretaría de Economía del PP, el artículo 2.1 del decreto establece que la protección frente a desalojos no se aplicará a «entes públicos territoriales y aquellos otros organismos públicos y empresas o sociedades mercantiles pertenecientes al sector público».
Con esta formulación, entidades estatales como la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y la empresa pública Casa 47 —adscrita al Ministerio de Vivienda— conservarán la facultad legal para promover desahucios sobre sus inmuebles, una prerrogativa que la norma restringe a los propietarios particulares. Fuentes del PP comparan las deficiencias técnicas de esta norma con los problemas que presentó la ley del ‘solo sí es sí’, anticipando una posible «serie de recursos» en los tribunales.
Críticas a la falta de oferta y propuesta alternativa del PP
Más allá del debate legal, el principal partido en oposición critica al Ejecutivo por no incluir acciones efectivas para enfrentar la principal dificultad: la escasez de oferta residencial. El PP señala que, según proyecciones del Banco de España, el mercado necesita más de 750.000 viviendas adicionales para aliviar la presión sobre los precios —una cifra que superará el millón de unidades en 2028— mientras que en 2025 sólo se construyeron algo más de 90.000 viviendas en el conjunto del país.
Frente al enfoque gubernamental de control de precios, la dirección del PP apuesta por una estrategia basada en la liberalización del suelo público, simplificación de trámites administrativos, una nueva Ley del Suelo que incorpore mecanismos antiokupación y reducciones fiscales como bajar el IVA de viviendas nuevas del 10% al 4% para jóvenes. Además, incluyen un compromiso electoral para impulsar la construcción de un millón de viviendas durante la próxima legislatura.
