El diputado José Vicente Marí critica el carácter «antidemocrático» del Ejecutivo por emplear el decreto ómnibus y sostiene que la prórroga de la moratoria de desahucios favorece conductas ilegales.
El Partido Popular ha reafirmado su oposición al decreto del «escudo social» durante la sesión en el Congreso de los Diputados. El diputado José Vicente Marí expuso la postura de su partido y centró sus objeciones en la extensión de la moratoria de desahucios, que calificó como un instrumento que protege acciones delictivas.
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Marí señaló que esta medida es el principal motivo para que el PP no apoye el decreto, argumentando que el Gobierno está «favoreciendo a quienes ocupan inmuebles de manera ilegal».
Objeciones al uso excesivo del Real Decreto
Además de criticar el contenido relacionado con la vivienda, el PP ha cuestionado la forma en que el Gobierno de Pedro Sánchez tramita la legislación. Marí calificó de «antidemocrática» la práctica de agrupar diversas medidas en un solo decreto ley, lo que impide a la oposición presentar enmiendas.
- Imposibilidad de enmiendas: El diputado reprochó que se usen decretos cerrados para evitar que las iniciativas se tramiten como proyectos de ley, impidiendo modificaciones. «No permiten presentar enmiendas», afirmó.
- El artículo conflictivo: Marí indicó que si se permitiera un debate parlamentario ordinario, el PP propondría suprimir de inmediato la parte relativa a la prolongación de la moratoria de desahucios, sin afectar el resto de las ayudas sociales.
Un decreto que afecta la propiedad privada
Desde la perspectiva del PP, el Gobierno está utilizando las necesidades de grupos vulnerables como instrumento para implementar políticas que, en su opinión, comprometen la seguridad jurídica de los propietarios. Los populares consideran que el Ejecutivo hace un uso indebido del Real Decreto para evadir el control parlamentario y forzar decisiones sobre asuntos polémicos a nivel social y jurídico.
Con esta posición, el bloque que se opone al decreto, integrado por Vox y Junts, refuerza su rechazo, lo que coloca al Gobierno en una situación delicada para aprobar las ayudas sociales previstas para el año.
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