El Gobierno tiene previsto presentar el próximo 29 de septiembre en el Consejo de Ministros un nuevo decreto de vivienda. Este conjunto de medidas se impulsa tras el desahucio de Maricarmen y tiene como objetivo proteger el derecho a la vivienda. Aunque el borrador sigue en fase de negociación, se prevé que afecte principalmente a grandes inversores y pisos turísticos, así como a propietarios con una o dos viviendas.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha indicado que el decreto abordará la problemática generada por los fondos buitres. Entre las propuestas figuran la prohibición de la compra especulativa por estos fondos, la regulación del alquiler temporal y la subida del IVA al 21% para pisos turísticos. El pacto entre PSOE y Sumar incluye diez medidas, cuatro de las cuales impactarán directamente en pequeños propietarios.
Una de las medidas más debatidas es la prórroga extraordinaria del alquiler. Según el borrador, los inquilinos con contratos que finalicen antes del 30 de junio de 2028 podrán solicitar una extensión de hasta dos años, manteniendo las condiciones vigentes. Esto significa que los propietarios no podrán recuperar sus viviendas automáticamente al acabar el contrato.
El Ejecutivo también plantea bonificaciones fiscales para los propietarios que reduzcan el precio del alquiler, aunque aún no se han definido las condiciones ni el porcentaje de estas bonificaciones. Se espera que estos detalles se aclaren en el texto final.
Asimismo, se establecerán controles más estrictos sobre el alquiler de habitaciones y pisos turísticos. El objetivo es impedir contratos de corta duración en viviendas que se utilizan como residencia habitual y aumentar el IVA al 21% para pisos turísticos, además de reforzar las restricciones sobre la publicidad en plataformas digitales.
En materia de desahucios, el Gobierno está negociando nuevas medidas para proteger a hogares vulnerables, lo que genera inquietud entre los pequeños propietarios. El PNV ha sugerido que las prórrogas se restrinjan a casos en los que el inquilino esté al corriente en sus pagos y ha pedido acciones específicas para salvaguardar a los pequeños propietarios.
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