El Ministerio de Justicia ha comenzado el procedimiento para analizar la solicitud de indulto total del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien fue condenado en noviembre pasado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por revelar secretos. La petición, presentada por dos particulares, ha motivado que el ministerio solicite un informe al Supremo, conforme ha confirmado el Gobierno.
La condena contra García Ortiz se basa en la divulgación de datos confidenciales sobre el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por su parte, González Amador fue sancionado con una multa y una indemnización que ascienden a 17.200 euros.
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Esta solicitud de indulto se presenta en un contexto marcado por un intenso debate jurídico y mediático. Más de 150 profesionales del derecho, incluidos exmagistrados del Tribunal Supremo como José Antonio Martín Pallín, Perfecto Andrés y Joaquín Giménez, así como el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, firmaron un manifiesto en el que critican la sentencia, calificándola como “preocupante” debido a que consideran que vulnera la presunción de inocencia de García Ortiz.
Por otro lado, Alberto González Amador ha pedido la expulsión de García Ortiz de la carrera judicial y la revocación del decreto emitido el 23 de diciembre por la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que autorizó su reincorporación a la carrera fiscal, actualmente adscrito a la Sección de lo Social del Supremo, tras la aprobación de la Inspección Fiscal.
El Ministerio de Justicia mantiene abierto el proceso, a la espera del informe del Tribunal Supremo, requisito imprescindible antes de que el Gobierno pueda tomar una decisión definitiva sobre el posible indulto del ex fiscal.
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