Barcelona — El expresidente catalán Carles Puigdemont y su equipo legal, liderado por el abogado Gonzalo Boye, han iniciado un nuevo mecanismo de presión contra el Tribunal Supremo debido a la lentitud en la aplicación de la Ley de Amnistía. Esta estrategia se apoya en la doctrina jurídica derivada de un caso emblemático de un profesor austríaco en la justicia comunitaria, con la que anuncian que podrían solicitar la responsabilidad patrimonial del Estado español y compensaciones económicas por los daños sufridos.
El antecedente del ‘caso Francovich’ y la doctrina comunitaria
La táctica jurídica adoptada por la defensa de Puigdemont se basa en los principios establecidos por la jurisprudencia de la Unión Europea respecto al incumplimiento o retraso intencionado en la aplicación del derecho comunitario por parte de los Estados miembros:
- Responsabilidad del Estado: La doctrina aplicada sostiene que el incumplimiento sistemático o la demora injustificada por parte de las autoridades judiciales de un Estado en la implementación de la normativa comunitaria o las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) permite a los afectados reclamar una compensación económica directamente al Estado.
- Advertencia al Tribunal Supremo: De esta forma, la defensa transmite un aviso claro a la Sala de lo Penal del alto tribunal sobre el impacto económico e institucional que podría derivarse de no aplicar o retrasar la medida de gracia.
Iniciativa paralela ante la Comisión Europea
Esta argumentación jurídica refuerza la denuncia que Puigdemont presentó recientemente ante la Comisión Europea, donde acusa a los tribunales españoles de prolongar de manera indebida el proceso de perdón judicial, a pesar del marco legal establecido y los respaldos emitidos desde Luxemburgo.
Con esta maniobra, el entorno del expresidente pretende situar en el ámbito comunitario las posibles repercusiones económicas derivadas de la paralización judicial, aumentando la tensión procesal entre la justicia española y los órganos europeos encargados de resolver estos asuntos.
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El antecedente del ‘caso Francovich’ y la doctrina comunitaria
La táctica jurídica adoptada por la defensa de Puigdemont se basa en los principios establecidos por la jurisprudencia de la Unión Europea respecto al incumplimiento o retraso intencionado en la aplicación del derecho comunitario por parte de los Estados miembros:
- Responsabilidad del Estado: La doctrina aplicada sostiene que el incumplimiento sistemático o la demora injustificada por parte de las autoridades judiciales de un Estado en la implementación de la normativa comunitaria o las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) permite a los afectados reclamar una compensación económica directamente al Estado.
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Iniciativa paralela ante la Comisión Europea
Esta argumentación jurídica refuerza la denuncia que Puigdemont presentó recientemente ante la Comisión Europea, donde acusa a los tribunales españoles de prolongar de manera indebida el proceso de perdón judicial, a pesar del marco legal establecido y los respaldos emitidos desde Luxemburgo.
Con esta maniobra, el entorno del expresidente pretende situar en el ámbito comunitario las posibles repercusiones económicas derivadas de la paralización judicial, aumentando la tensión procesal entre la justicia española y los órganos europeos encargados de resolver estos asuntos.
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El antecedente del ‘caso Francovich’ y la doctrina comunitaria
La táctica jurídica adoptada por la defensa de Puigdemont se basa en los principios establecidos por la jurisprudencia de la Unión Europea respecto al incumplimiento o retraso intencionado en la aplicación del derecho comunitario por parte de los Estados miembros:
- Responsabilidad del Estado: La doctrina aplicada sostiene que el incumplimiento sistemático o la demora injustificada por parte de las autoridades judiciales de un Estado en la implementación de la normativa comunitaria o las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) permite a los afectados reclamar una compensación económica directamente al Estado.
- Advertencia al Tribunal Supremo: De esta forma, la defensa transmite un aviso claro a la Sala de lo Penal del alto tribunal sobre el impacto económico e institucional que podría derivarse de no aplicar o retrasar la medida de gracia.
Iniciativa paralela ante la Comisión Europea
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El antecedente del ‘caso Francovich’ y la doctrina comunitaria
La táctica jurídica adoptada por la defensa de Puigdemont se basa en los principios establecidos por la jurisprudencia de la Unión Europea respecto al incumplimiento o retraso intencionado en la aplicación del derecho comunitario por parte de los Estados miembros:
- Responsabilidad del Estado: La doctrina aplicada sostiene que el incumplimiento sistemático o la demora injustificada por parte de las autoridades judiciales de un Estado en la implementación de la normativa comunitaria o las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) permite a los afectados reclamar una compensación económica directamente al Estado.
- Advertencia al Tribunal Supremo: De esta forma, la defensa transmite un aviso claro a la Sala de lo Penal del alto tribunal sobre el impacto económico e institucional que podría derivarse de no aplicar o retrasar la medida de gracia.
Iniciativa paralela ante la Comisión Europea
Esta argumentación jurídica refuerza la denuncia que Puigdemont presentó recientemente ante la Comisión Europea, donde acusa a los tribunales españoles de prolongar de manera indebida el proceso de perdón judicial, a pesar del marco legal establecido y los respaldos emitidos desde Luxemburgo.
Con esta maniobra, el entorno del expresidente pretende situar en el ámbito comunitario las posibles repercusiones económicas derivadas de la paralización judicial, aumentando la tensión procesal entre la justicia española y los órganos europeos encargados de resolver estos asuntos.
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El antecedente del ‘caso Francovich’ y la doctrina comunitaria
La táctica jurídica adoptada por la defensa de Puigdemont se basa en los principios establecidos por la jurisprudencia de la Unión Europea respecto al incumplimiento o retraso intencionado en la aplicación del derecho comunitario por parte de los Estados miembros:
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- Advertencia al Tribunal Supremo: De esta forma, la defensa transmite un aviso claro a la Sala de lo Penal del alto tribunal sobre el impacto económico e institucional que podría derivarse de no aplicar o retrasar la medida de gracia.
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El antecedente del ‘caso Francovich’ y la doctrina comunitaria
La táctica jurídica adoptada por la defensa de Puigdemont se basa en los principios establecidos por la jurisprudencia de la Unión Europea respecto al incumplimiento o retraso intencionado en la aplicación del derecho comunitario por parte de los Estados miembros:
- Responsabilidad del Estado: La doctrina aplicada sostiene que el incumplimiento sistemático o la demora injustificada por parte de las autoridades judiciales de un Estado en la implementación de la normativa comunitaria o las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) permite a los afectados reclamar una compensación económica directamente al Estado.
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Iniciativa paralela ante la Comisión Europea
Esta argumentación jurídica refuerza la denuncia que Puigdemont presentó recientemente ante la Comisión Europea, donde acusa a los tribunales españoles de prolongar de manera indebida el proceso de perdón judicial, a pesar del marco legal establecido y los respaldos emitidos desde Luxemburgo.
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