El Ejecutivo de Pedro Sánchez llega a la fase final de la legislatura con numerosos proyectos legislativos que aún deben concluirse en el Congreso. Entre ellos se encuentran la reforma de la llamada «ley mordaza», la Ley de Familias, la nueva regulación de la información clasificada, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el blindaje constitucional del aborto y la regulación de los medios de comunicación, todos en distintos procesos de tramitación y con un futuro condicionado por la fragmentación parlamentaria.
El panorama político dificulta sobre todo la aprobación de aquellas propuestas que requieren mayorías significativas. La pérdida de apoyos estables en el Congreso, junto con las divergencias entre los socios parlamentarios, ha convertido varias promesas legislativas en expedientes que acumulan retrasos de meses e incluso años.
Esta situación se observa con claridad en la reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015, conocida como la «ley mordaza». Los intentos de modificarla continúan bloqueados tras varios fracasos en distintas legislaturas. Las discrepancias en temas como las devoluciones en frontera, el uso de pelotas de goma y sanciones específicas siguen dificultando alcanzar un consenso.
La reforma de la ‘ley mordaza’ permanece sin concluir
Modificar la Ley de Seguridad Ciudadana es una de las promesas más antiguas de las administraciones presididas por Pedro Sánchez.
La tentativa de reforma en la legislatura pasada fracasó cuando ERC y EH Bildu rechazaron el texto en la Comisión de Interior. Entre las principales discrepancias estaban la continuidad de ciertos aspectos sobre las devoluciones en caliente y el empleo de material antidisturbios.
En 2024, PSOE, Sumar y EH Bildu lograron un nuevo pacto para reactivar la reforma, al que luego se unieron otros grupos. No obstante, la debilidad de la mayoría parlamentaria y las diferencias internas han vuelto a ralentizar su progreso.
La Ley de Familias sigue acumulando un proceso prolongado
Otra iniciativa pendiente es la Ley de Familias, que fue presentada nuevamente en esta legislatura tras perder vigencia por la convocatoria de las elecciones generales de 2023.
Esta propuesta incluye medidas para ampliar la protección de diversos modelos familiares y está sujeta a un prolongado proceso parlamentario, con múltiples extensiones del plazo para presentar enmiendas. El Congreso mantiene abierto el expediente legislativo de esta norma.
Entre las propuestas figuran una mayor protección para familias monoparentales, modificaciones en ciertas deducciones y ayudas, y un reconocimiento más amplio de diferentes situaciones familiares.
Algunas medidas relacionadas con permisos por nacimiento y cuidados ya han sido aprobadas por otras vías, pero la ley general sigue pendiente.
La nueva ley de información clasificada sigue sin avanzar
El Gobierno busca reemplazar la antigua normativa de secretos oficiales, vigente desde 1968, con una nueva Ley de Información Clasificada.
El proyecto fue presentado en julio de 2025 y continúa en el Congreso, donde el plazo para presentar enmiendas ha sido extendido varias veces y actualmente está prorrogado hasta septiembre de 2026.
La ley establece diferentes niveles de clasificación y regula los plazos durante los que ciertos documentos deben mantenerse protegidos.
El Ejecutivo busca actualizar una legislación previa a la Constitución y alinearla con los estándares de otros países europeos, aunque el proyecto aún no ha superado una parte importante de su trámite parlamentario.
La reforma procesal impulsada por Bolaños enfrenta un proceso complejo
La nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal es una de las reformas más profundas propuestas por el Ministerio de Justicia.
El proyecto plantea que los fiscales dirijan las investigaciones penales, mientras que los jueces asumirían un rol de garantía y supervisión de los derechos fundamentales durante la instrucción.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha señalado las dificultades parlamentarias para aprobar la norma debido a la fragmentación del Congreso.
La reforma ha suscitado debates entre jueces, fiscales, partidos políticos y asociaciones profesionales sobre el nuevo rol del Ministerio Fiscal y los cambios previstos en la acusación popular.
El Gobierno defiende que esta propuesta acerca el sistema procesal español al modelo vigente en buena parte de Europa y recuerda que la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal data de 1882.
El blindaje constitucional del aborto requiere una mayoría compleja
Una de las iniciativas más importantes es la reforma del artículo 43 de la Constitución para incluir explícitamente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
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UNIRME GRATIS AL CANALEl proyecto superó a finales de abril el debate de totalidad tras rechazarse las enmiendas contrarias a la propuesta, lo que permitió continuar su tramitación parlamentaria.
La mayor dificultad será la votación final, ya que como reforma constitucional ordinaria, precisa una mayoría de tres quintos en cada Cámara.
El texto busca añadir en el artículo 43 la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho de las mujeres a abortar mediante prestaciones y servicios adecuados.
Sin el apoyo del principal partido opositor, conseguir los votos necesarios resulta particularmente complicado.
La regulación de los medios continúa su tramitación en el Congreso
En julio de 2025, el Gobierno presentó en el Congreso un proyecto para mejorar la gobernanza democrática en los servicios digitales y regular los medios de comunicación.
Esta norma forma parte de la estrategia gubernamental para incrementar la transparencia en la propiedad y financiación de los medios y reforzar ciertas obligaciones vinculadas al ámbito digital.
Durante 2026 se han realizado comparecencias de expertos y representantes del sector en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital para analizar la propuesta.
El texto incluye, entre otros aspectos, mecanismos para garantizar la transparencia en la estructura de propiedad de las empresas de comunicación y la financiación pública que reciben.
La Ley del Cine avanza, aunque aún debe seguir su proceso
La Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual es una de las iniciativas pendientes que ha logrado avanzar en los últimos meses.
El proyecto superó el debate de totalidad el 18 de junio de 2026 y posteriormente pasó a la fase de informe en la Comisión de Cultura.
El objetivo de la norma es actualizar las ayudas al sector audiovisual, regular ciertos aspectos de la exhibición cinematográfica y adaptar la legislación española a los cambios recientes del sector.
Aunque ha progresado, todavía debe superar varias etapas parlamentarias antes de convertirse en ley definitivamente.
El calendario presiona al Ejecutivo
El principal desafío para estas iniciativas es el tiempo. La legislatura entra en su fase decisiva y el Gobierno debe asegurar apoyos suficientes para aprobar textos que en algunos casos acumulan años de retrasos.
La fragmentación parlamentaria obliga al Ejecutivo a negociar prácticamente cada votación, y algunos proyectos requieren acuerdos amplios.
La Ley de Familias, la reforma de la «ley mordaza», la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, la ley de información clasificada, la regulación de los medios y la reforma constitucional sobre el aborto integran una extensa lista de compromisos cuyo futuro dependerá de la capacidad del Gobierno para reconstruir mayorías antes de que termine la legislatura.
