La masiva llegada de migrantes a Ceuta a finales de julio ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de modificar la Ley de Extranjería. Ceuta, Melilla y varios grupos de oposición proponen ampliar los casos en los que se puede efectuar el rechazo en frontera y agilizar los procesos de retorno en situaciones de entradas irregulares de gran volumen.
Este asunto ha cobrado relevancia tras el acceso de decenas de miles de personas a Ceuta desde Marruecos durante el 30 y 31 de julio. A casi tres semanas de los hechos, miles permanecen en la ciudad mientras las autoridades gestionan las solicitudes de protección internacional, los expedientes de devolución y otras acciones de forma individualizada.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, lleva semanas demandando una reforma legal que permita actuar con mayor rapidez ante circunstancias excepcionales. De forma paralela, Juan José Imbroda, presidente de Melilla, también ha defendido modificaciones para adaptar la normativa a las entradas por vía marítima.
Tras la crisis, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrió la posibilidad de estudiar modificaciones normativas para mejorar la eficacia en los procedimientos de repatriación.
El Supremo restringió las devoluciones inmediatas para quienes llegan nadando
Gran parte del debate surge a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo fechada el 8 de julio.
El alto tribunal confirmó que la legislación vigente no permite aplicar las llamadas devoluciones en caliente a personas que intentan acceder a Ceuta y Melilla nadando cuando no superan los elementos físicos de contención fronterizos.
La disposición adicional décima de la Ley Orgánica de Extranjería establece que los extranjeros detectados en la línea fronteriza de Ceuta o Melilla pueden ser rechazados si intentan superar los «elementos de contención fronterizos» para entrar irregularmente en España.
La interpretación del Supremo ha evidenciado una diferencia legal entre quienes intentan superar físicamente las vallas fronterizas y los que acceden por otros puntos, especialmente por vía marítima.
Tras esta sentencia, Ceuta y Melilla han solicitado que la ley deje claro que el rechazo en frontera también pueda aplicarse a quienes intenten entrar irregularmente por accesos no autorizados por mar.
El PP ha propuesto una reforma
El Partido Popular ha promovido una iniciativa para modificar la normativa y extender el régimen especial de Ceuta y Melilla a las entradas irregulares por mar.
El partido pide que el mecanismo de rechazo fronterizo no dependa exclusivamente de que la persona haya intentado superar una valla u otro elemento físico. La idea es autorizar una actuación similar cuando se acceda nadando o por zonas no habilitadas.
Vivas también ha solicitado que PSOE y PP alcancen un pacto de Estado en materia migratoria y fronteriza, considerando que la situación de Ceuta y Melilla precisa un marco estable que no dependa de las mayorías parlamentarias.
Vox reclama asimismo medidas más estrictas para la inmigración irregular, aunque otras fuerzas han expresado diversas opiniones respecto al alcance de las devoluciones y las garantías legales.
Miles de expedientes requieren gestión individual
Un problema central que ha puesto en evidencia la crisis es la capacidad administrativa para procesar individualmente la situación de miles de personas en un corto tiempo.
Una vez en territorio español, la devolución o expulsión de una persona está sujeta a procedimientos y garantías establecidas por la legislación nacional y el derecho europeo e internacional.
Además, cualquiera puede solicitar protección internacional si considera que enfrenta persecución o grave riesgo para su vida o integridad en su país.
Por estas razones, una llegada masiva no puede derivar en una expulsión colectiva automática.
El Ministerio del Interior ha reforzado el personal de Extranjería en Ceuta para acelerar la identificación y tramitación de los expedientes, aunque las autoridades locales consideran que estos recursos son insuficientes ante la magnitud de la situación.
Ceuta solicita una respuesta excepcional para circunstancias excepcionales
Vivas defiende que esta llegada masiva ha evidenciado la necesidad de establecer protocolos específicos para episodios que afectan simultáneamente a la frontera, la seguridad, los servicios públicos y la atención humanitaria.
Desde el Gobierno de Ceuta se ha reclamado repetidamente la creación de un mando único estatal que coordine Interior, Defensa, Sanidad, Migraciones y otros departamentos implicados.
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UNIRME GRATIS AL CANALAdemás, el presidente autonómico ha planteado evaluar si el marco legal de Seguridad Nacional proporciona las herramientas adecuadas para responder a una crisis fronteriza de esta envergadura.
No obstante, el Gobierno central ha optado hasta ahora por coordinar los distintos departamentos sin declarar formalmente una situación de interés para la Seguridad Nacional. Este lunes, Pedro Sánchez convocará nuevamente a varios ministros para analizar la evolución de la crisis.
Las garantías legales delimitan cualquier reforma
Cualquier modificación legislativa deberá respetar la Constitución y los compromisos internacionales que España ha asumido.
El Tribunal Constitucional señaló que el régimen especial de rechazo en frontera de Ceuta y Melilla debe interpretarse conforme a las garantías del ordenamiento jurídico, especialmente teniendo en cuenta situaciones de vulnerabilidad y protección internacional.
Por ello, ampliar los supuestos de rechazo en frontera no implica que se puedan ejecutar expulsiones automáticas sin ningún tipo de supervisión.
El debate jurídico se centra en encontrar un mecanismo que permita actuar con rapidez en la frontera sin eliminar el derecho a solicitar asilo ni las garantías frente a devoluciones que puedan poner en riesgo a las personas.
La crisis podría impulsar una reforma
La gran llegada de migrantes a finales de julio ha convertido una discusión jurídica pendiente en un asunto político prioritario.
Ceuta y Melilla exigen actualizar la Ley de Extranjería para una frontera que no se limita a las vallas terrestres, mientras el PP presiona para que el Congreso trate el cambio en el próximo periodo de sesiones.
El Ejecutivo tampoco descarta modificar la legislación, aunque cualquier reforma necesitará apoyos suficientes en el Parlamento y superar el examen de compatibilidad con la Constitución, la normativa europea y la legislación internacional.
Mientras se prolonga este debate, Ceuta intenta recuperar la normalidad con miles de migrantes aún en la ciudad y con las autoridades presionadas para acelerar trámites que, por ley, deben realizarse con garantías individuales.
