Las incertidumbres respecto a la tutela judicial efectiva y el principio de no devolución paralizan el borrador presentado por Ángel Víctor Torres, cuestionado por ONG como CEAR.
MADRID.— El Ejecutivo central ha optado por detener temporalmente la aprobación del decreto marco creado para acelerar las expulsiones y reformar el procedimiento de asilo en Ceuta tras la reciente crisis migratoria. El documento, que se esperaba llevar al Consejo de Ministros este martes, ha sido retenido para realizar un análisis jurídico más profundo con los servicios de la Abogacía del Estado ante importantes dudas legales sobre su adecuación constitucional e internacional.
El propio ministro a cargo del mando único en Ceuta, Ángel Víctor Torres, indicó tras la reunión gubernamental que el proyecto no contaba aún con el «visto bueno definitivo». Torres explicó el aplazamiento reconociendo la complejidad del reglamento: «No es sencillo, estamos tratando cuestiones relacionadas con derechos fundamentales, protección y normativas internacionales», apuntando que podrían ser necesarias reformas legislativas de mayor alcance.
Aspectos centrales de la controversia legal
El borrador introduce modificaciones relevantes orientadas a agilizar los retornos y aliviar la saturación administrativa en la ciudad autónoma, destacando:
- Plazo máximo de siete días: Rechazo de las solicitudes de protección internacional presentadas pasados siete días hábiles desde la notificación de una orden de devolución, sanción de expulsión o denegación de entrada.
- Restricciones en recursos y estancia: Disminución de los plazos para apelar resoluciones negativas y supresión del derecho de permanencia en España para personas consideradas un riesgo para la seguridad nacional o el orden público, o que realicen peticiones reiteradas para evitar su expulsión.
- Agilización de trámites administrativos: Eliminación del examen previo de expedientes por parte de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) —donde participa ACNUR—, transfiriendo la competencia directamente a la Dirección General de Protección Internacional.
- Efecto retroactivo: Aplicación del marco normativo a las solicitudes presentadas en Ceuta desde el 30 de julio de 2026 que aún estén pendientes de resolución.
Rechazo destacado por parte de organizaciones humanitarias
Las propuestas han generado críticas significativas de ONG especializadas en la defensa de los derechos humanos. Organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Movimiento por la Paz y el Servicio Jesuita a Migrantes han pedido al Ejecutivo que retire o modifique el borrador.
Desde CEAR, su director general, Mauricio Valiente, calificó el proyecto como un «régimen excepcional al derecho de asilo por lugar y tiempo», señalando que la prioridad del Gobierno parece centrarse en acelerar las expulsiones en lugar de fortalecer la respuesta humanitaria y canalizar a los solicitantes hacia la Península vía el sistema ordinario de protección.
Por ahora, la regulación está paralizada y podría sufrir cambios entre ministerios antes de que el Consejo de Ministros reexamine su tramitación.
Únete al canal de WhatsApp de Más que al día
Recibe las alertas de última hora directamente en tu móvil.
UNIRME GRATIS AL CANALLas incertidumbres respecto a la tutela judicial efectiva y el principio de no devolución paralizan el borrador presentado por Ángel Víctor Torres, cuestionado por ONG como CEAR.
MADRID.— El Ejecutivo central ha optado por detener temporalmente la aprobación del decreto marco creado para acelerar las expulsiones y reformar el procedimiento de asilo en Ceuta tras la reciente crisis migratoria. El documento, que se esperaba llevar al Consejo de Ministros este martes, ha sido retenido para realizar un análisis jurídico más profundo con los servicios de la Abogacía del Estado ante importantes dudas legales sobre su adecuación constitucional e internacional.
El propio ministro a cargo del mando único en Ceuta, Ángel Víctor Torres, indicó tras la reunión gubernamental que el proyecto no contaba aún con el «visto bueno definitivo». Torres explicó el aplazamiento reconociendo la complejidad del reglamento: «No es sencillo, estamos tratando cuestiones relacionadas con derechos fundamentales, protección y normativas internacionales», apuntando que podrían ser necesarias reformas legislativas de mayor alcance.
Aspectos centrales de la controversia legal
El borrador introduce modificaciones relevantes orientadas a agilizar los retornos y aliviar la saturación administrativa en la ciudad autónoma, destacando:
- Plazo máximo de siete días: Rechazo de las solicitudes de protección internacional presentadas pasados siete días hábiles desde la notificación de una orden de devolución, sanción de expulsión o denegación de entrada.
- Restricciones en recursos y estancia: Disminución de los plazos para apelar resoluciones negativas y supresión del derecho de permanencia en España para personas consideradas un riesgo para la seguridad nacional o el orden público, o que realicen peticiones reiteradas para evitar su expulsión.
- Agilización de trámites administrativos: Eliminación del examen previo de expedientes por parte de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) —donde participa ACNUR—, transfiriendo la competencia directamente a la Dirección General de Protección Internacional.
- Efecto retroactivo: Aplicación del marco normativo a las solicitudes presentadas en Ceuta desde el 30 de julio de 2026 que aún estén pendientes de resolución.
Rechazo destacado por parte de organizaciones humanitarias
Las propuestas han generado críticas significativas de ONG especializadas en la defensa de los derechos humanos. Organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Movimiento por la Paz y el Servicio Jesuita a Migrantes han pedido al Ejecutivo que retire o modifique el borrador.
Desde CEAR, su director general, Mauricio Valiente, calificó el proyecto como un «régimen excepcional al derecho de asilo por lugar y tiempo», señalando que la prioridad del Gobierno parece centrarse en acelerar las expulsiones en lugar de fortalecer la respuesta humanitaria y canalizar a los solicitantes hacia la Península vía el sistema ordinario de protección.
Por ahora, la regulación está paralizada y podría sufrir cambios entre ministerios antes de que el Consejo de Ministros reexamine su tramitación.
Te puede interesar
Las incertidumbres respecto a la tutela judicial efectiva y el principio de no devolución paralizan el borrador presentado por Ángel Víctor Torres, cuestionado por ONG como CEAR.
MADRID.— El Ejecutivo central ha optado por detener temporalmente la aprobación del decreto marco creado para acelerar las expulsiones y reformar el procedimiento de asilo en Ceuta tras la reciente crisis migratoria. El documento, que se esperaba llevar al Consejo de Ministros este martes, ha sido retenido para realizar un análisis jurídico más profundo con los servicios de la Abogacía del Estado ante importantes dudas legales sobre su adecuación constitucional e internacional.
El propio ministro a cargo del mando único en Ceuta, Ángel Víctor Torres, indicó tras la reunión gubernamental que el proyecto no contaba aún con el «visto bueno definitivo». Torres explicó el aplazamiento reconociendo la complejidad del reglamento: «No es sencillo, estamos tratando cuestiones relacionadas con derechos fundamentales, protección y normativas internacionales», apuntando que podrían ser necesarias reformas legislativas de mayor alcance.
Aspectos centrales de la controversia legal
El borrador introduce modificaciones relevantes orientadas a agilizar los retornos y aliviar la saturación administrativa en la ciudad autónoma, destacando:
- Plazo máximo de siete días: Rechazo de las solicitudes de protección internacional presentadas pasados siete días hábiles desde la notificación de una orden de devolución, sanción de expulsión o denegación de entrada.
- Restricciones en recursos y estancia: Disminución de los plazos para apelar resoluciones negativas y supresión del derecho de permanencia en España para personas consideradas un riesgo para la seguridad nacional o el orden público, o que realicen peticiones reiteradas para evitar su expulsión.
- Agilización de trámites administrativos: Eliminación del examen previo de expedientes por parte de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) —donde participa ACNUR—, transfiriendo la competencia directamente a la Dirección General de Protección Internacional.
- Efecto retroactivo: Aplicación del marco normativo a las solicitudes presentadas en Ceuta desde el 30 de julio de 2026 que aún estén pendientes de resolución.
Rechazo destacado por parte de organizaciones humanitarias
Las propuestas han generado críticas significativas de ONG especializadas en la defensa de los derechos humanos. Organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Movimiento por la Paz y el Servicio Jesuita a Migrantes han pedido al Ejecutivo que retire o modifique el borrador.
Desde CEAR, su director general, Mauricio Valiente, calificó el proyecto como un «régimen excepcional al derecho de asilo por lugar y tiempo», señalando que la prioridad del Gobierno parece centrarse en acelerar las expulsiones en lugar de fortalecer la respuesta humanitaria y canalizar a los solicitantes hacia la Península vía el sistema ordinario de protección.
Por ahora, la regulación está paralizada y podría sufrir cambios entre ministerios antes de que el Consejo de Ministros reexamine su tramitación.
Únete al canal de WhatsApp de Más que al día
Recibe las alertas de última hora directamente en tu móvil.
UNIRME GRATIS AL CANALLas incertidumbres respecto a la tutela judicial efectiva y el principio de no devolución paralizan el borrador presentado por Ángel Víctor Torres, cuestionado por ONG como CEAR.
MADRID.— El Ejecutivo central ha optado por detener temporalmente la aprobación del decreto marco creado para acelerar las expulsiones y reformar el procedimiento de asilo en Ceuta tras la reciente crisis migratoria. El documento, que se esperaba llevar al Consejo de Ministros este martes, ha sido retenido para realizar un análisis jurídico más profundo con los servicios de la Abogacía del Estado ante importantes dudas legales sobre su adecuación constitucional e internacional.
El propio ministro a cargo del mando único en Ceuta, Ángel Víctor Torres, indicó tras la reunión gubernamental que el proyecto no contaba aún con el «visto bueno definitivo». Torres explicó el aplazamiento reconociendo la complejidad del reglamento: «No es sencillo, estamos tratando cuestiones relacionadas con derechos fundamentales, protección y normativas internacionales», apuntando que podrían ser necesarias reformas legislativas de mayor alcance.
Aspectos centrales de la controversia legal
El borrador introduce modificaciones relevantes orientadas a agilizar los retornos y aliviar la saturación administrativa en la ciudad autónoma, destacando:
- Plazo máximo de siete días: Rechazo de las solicitudes de protección internacional presentadas pasados siete días hábiles desde la notificación de una orden de devolución, sanción de expulsión o denegación de entrada.
- Restricciones en recursos y estancia: Disminución de los plazos para apelar resoluciones negativas y supresión del derecho de permanencia en España para personas consideradas un riesgo para la seguridad nacional o el orden público, o que realicen peticiones reiteradas para evitar su expulsión.
- Agilización de trámites administrativos: Eliminación del examen previo de expedientes por parte de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) —donde participa ACNUR—, transfiriendo la competencia directamente a la Dirección General de Protección Internacional.
- Efecto retroactivo: Aplicación del marco normativo a las solicitudes presentadas en Ceuta desde el 30 de julio de 2026 que aún estén pendientes de resolución.
Rechazo destacado por parte de organizaciones humanitarias
Las propuestas han generado críticas significativas de ONG especializadas en la defensa de los derechos humanos. Organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Movimiento por la Paz y el Servicio Jesuita a Migrantes han pedido al Ejecutivo que retire o modifique el borrador.
Desde CEAR, su director general, Mauricio Valiente, calificó el proyecto como un «régimen excepcional al derecho de asilo por lugar y tiempo», señalando que la prioridad del Gobierno parece centrarse en acelerar las expulsiones en lugar de fortalecer la respuesta humanitaria y canalizar a los solicitantes hacia la Península vía el sistema ordinario de protección.
Por ahora, la regulación está paralizada y podría sufrir cambios entre ministerios antes de que el Consejo de Ministros reexamine su tramitación.
