El Consejo de Ministros destina 20 millones de euros para triplicar los pagos iniciales y evitar las esperas judiciales: los familiares de los fallecidos recibirán un adelanto y una ayuda adicional en apenas tres meses.
En un intento por mitigar el impacto humano tras la reciente tragedia ferroviaria, el Gobierno ha dado luz verde este martes a un esquema de ayudas pionero en España. El plan busca desvincular el apoyo económico a las víctimas de los largos procesos judiciales, estableciendo un mecanismo de pago único que, según ha confirmado el ministro de Transportes, Óscar Puente, estará disponible en un plazo de 90 días.
La medida afecta directamente a los familiares de las 45 víctimas del accidente de Adamuz y del maquinista fallecido en Gelida, así como a los casi 200 heridos registrados en ambos siniestros. La principal novedad radica en que el Estado no solo adelantará las cuantías correspondientes a los seguros, sino que añadirá una partida extraordinaria «a fondo perdido» y libre de impuestos.
Un pago que multiplica por tres los baremos habituales
El esquema diseñado por el Ministerio de Transportes se divide en dos tramos de 10 millones de euros cada uno:
- Anticipo de Seguros: Se adelantarán las cantidades debidas por el Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV) y el Seguro de Responsabilidad Civil.
- Ayuda Adicional: El Gobierno ingresará una cantidad extra de igual importe a la anterior, de forma exclusiva para estos afectados.
Para entender el alcance, el ministro ha puesto un ejemplo concreto: si la indemnización por fallecimiento según baremos es de 72.000 euros, los familiares recibirán esa cantidad como anticipo de los seguros más otros 72.000 euros adicionales de aportación estatal. En el caso de los heridos, las cuantías oscilarán entre los 2.400 y los 84.000 euros dependiendo de la gravedad, pero siempre manteniendo el derecho a recibir el triple de la base indemnizatoria en un solo pago.
«No vamos a consentir lo que pasó en Angrois»
Con esta decisión, Óscar Puente ha querido marcar una distancia sideral con la gestión de anteriores tragedias ferroviarias, citando expresamente el accidente del Alvia en Santiago de 2013. «No vamos a permitir que las víctimas tengan que esperar años para recibir lo que les corresponde», ha aseverado en rueda de prensa.
Este modelo de protección, aunque nace como una respuesta específica a la crisis de Adamuz y Gelida, podría sentar un precedente legal. El Ejecutivo ya estudia extender el sistema de anticipos (aunque no necesariamente la ayuda adicional) a futuros accidentes en cualquier medio de transporte colectivo, garantizando que la solvencia de las familias no dependa de la resolución de un litigio.
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