La Delegación del Gobierno en Madrid rechaza cualquier motivación racista y sitúa la detención de Mbaye y otras seis personas dentro de una operación contra el robo de vehículos en Usera. Podemos denuncia «violencia policial» y «persecución».
La detención del exdiputado regional de Podemos, Serigne Mbaye, ha generado un choque de opiniones entre el Ministerio del Interior y la formación morada. Mientras el Gobierno sostiene que la actuación policial respondió a un aviso ciudadano sobre un presunto robo, el entorno del activista antirracista habla de «redada racista» y abuso de autoridad.
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El origen: un aviso por intento de robo de vehículo
De acuerdo con la versión oficial de la Delegación del Gobierno, los hechos ocurrieron ayer en el distrito de Usera-Villaverde alrededor de las 19:45 horas.
- La alerta: Una llamada al 091 informó sobre dos individuos que supuestamente estaban intentando robar un automóvil, un delito frecuente en la zona que cuenta con vigilancia específica.
- La intervención: Durante la identificación, uno de los sospechosos se negó a colaborar y trató de escapar. Al ser detenido, solicitó ayuda a los vecinos, lo que provocó un tumulto en la vía pública.
- Resultado: La situación derivó en enfrentamientos que terminaron con siete arrestos (por atentado a la autoridad y lesiones) y cinco policías con heridas leves.
Mbaye y Podemos cuestionan la actuación policial por racismo
Serigne Mbaye, ex portavoz del Sindicato de Manteros y ex diputado en la Asamblea de Madrid, quedó en libertad pasada la medianoche. Tras su liberación, calificó el operativo como una «persecución y violencia policial».
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se sumó a las críticas mediante redes sociales, solicitando el fin de lo que considera un trato discriminatorio: «¡Basta ya de violencia policial!», afirmó tras conocerse la puesta en libertad de Mbaye.
Apoyo a la labor policial
Por su parte, el sindicato Jupol rechazó de forma categórica las acusaciones de racismo. Según el sindicato policial, la intervención fue «legítima y necesaria», y se vio dificultada por la actitud «violenta y desafiante» de los implicados. Añaden que calificar la detención como racista busca «deshumanizar y criminalizar» la labor de los agentes.
Situación del caso: La Delegación del Gobierno mantiene una investigación interna para verificar que la actuación policial fue adecuada, mientras que el informe policial ha sido enviado a la autoridad judicial para que determine si existen indicios de delito en la conducta de los siete detenidos.
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