En noviembre de 2024, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se convirtió en el primer dirigente de un país democrático aliado de Occidente en ser objeto de una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional. Esta medida se basó en su presunta implicación en delitos graves durante el asedio a Gaza, donde se reportaron bombardeos indiscriminados y obstaculización de la ayuda humanitaria, desencadenando una grave escasez de alimentos.
El 20 de mayo de 2024, Karim Kahn, fiscal principal de la Corte Penal Internacional, solicitó órdenes de captura contra Netanyahu y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant. Kahn los señaló como «penalmente responsables de crímenes internacionales», incluyendo el uso del hambre como arma de guerra, ataques deliberados contra civiles y otros crímenes de lesa humanidad.
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Seis meses después de esta solicitud, los jueces internacionales procedieron con la orden, a pesar de las vehementes defensas de Netanyahu. En un discurso ante el Congreso de Estados Unidos, el líder israelí alegó que la Corte intentaba limitar la capacidad de Israel para protegerse, mientras continuaba una guerra en Gaza que ya cumplía diez meses.
Este panorama destaca a Netanyahu como un nacionalista convencido que ha dirigido Israel desde 2009 con la firme creencia de estar defendiendo a su país y a Occidente ante una amenaza islamista. Ehud Barak, ex primer ministro que lo conoce desde los años 60, ha indicado que Netanyahu ve como su misión proteger no solo a Israel, sino también a Europa y al mundo.
No obstante, el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, que incluyó el secuestro de ciudadanos israelíes, puso en entredicho esta narrativa de protección. Zahiro Shahar, representante de las familias de los rehenes, ha calificado la gestión de Netanyahu como criminal y ha pedido el cese inmediato de las hostilidades.
Las críticas hacia Netanyahu aumentaron tras revelarse que, a pesar del conflicto, permitió durante años la transferencia de fondos desde Catar a Hamás, lo que facilitó su fortalecimiento. Esta medida se interpretó como parte de una estrategia para debilitar a la Autoridad Palestina y dividir a la población palestina en lugar de combatir el extremismo.
La respuesta de Netanyahu al ataque de Hamás consistió en una operación militar de gran intensidad en Gaza, caracterizada por bombardeos que causaron una devastación sin precedentes. Durante la ofensiva, se informó que el 70% de las infraestructuras urbanas y casi todas las escuelas quedaron destruidas, con un elevado número de víctimas, principalmente civiles.
Las organizaciones internacionales han señalado que la situación humanitaria en Gaza es crítica, con más del 80% del suministro de agua afectado y una hambruna que amenaza a cientos de miles de personas. La relatora especial de la ONU para los territorios palestinos afirmó que privar a la población de alimentos es un crimen inadmisible, criticando duramente la gestión israelí de la crisis.
Ante estas circunstancias, han surgido dentro de Israel voces que cuestionan la legitimidad y la ética de las acciones de Netanyahu. Mientras el primer ministro sostiene que su enfoque es crucial para la seguridad nacional, las críticas se intensifican, preguntándose cuál es el precio de esta defensa.
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