Las asociaciones ASFASPRO, AUME y UMT llevan muchos años solicitando que la carrera militar sea considerada como profesión de riesgo. ¿Qué significa esta clasificación, qué cuerpos ya la tienen en España y qué implicaciones tendría para los miembros de las Fuerzas Armadas? Aquí las respuestas principales.
El tema ha cobrado relevancia nuevamente luego de que las tres asociaciones militares más importantes solicitaran una reunión urgente al Ministerio de Defensa para avanzar en un proceso que lleva décadas pendiente y que, tras un primer impulso en marzo de 2026, aún no se ha concretado.
Qué es una profesión de riesgo según la Seguridad Social
Se considera profesión de riesgo aquella actividad que, debido a sus condiciones de dificultad, peligro, toxicidad o falta de salubridad, ocasiona un desgaste físico y mental superior al habitual. Al obtener esta clasificación oficial, los miembros de ese colectivo pueden acceder a coeficientes que reducen la edad de jubilación, lo que permite retirarse antes sin que la pensión se vea afectada.
El sistema funciona aplicando un coeficiente que multiplica cada año trabajado en dicha actividad, contabilizándolo como si se hubiera cotizado durante un período mayor. Esto posibilita anticipar la edad de retiro frente a la edad estándar (actualmente 66 años y 6 meses, en camino a 67 en 2027).
Qué colectivos tienen reconocida la profesión de riesgo en España
Actualmente, varios grupos y profesiones cuentan con jubilación anticipada mediante coeficientes reductores o regímenes especiales:
- Mineros del carbón: pueden retirarse entre los 45 y 52 años, aplicando hasta 2 años cotizados por cada año trabajado dentro de las minas.
- Trabajadores del mar (pesca de altura): jubilación aproximada a los 55 años.
- Bomberos: entre los 55 y 58 años, dependiendo del municipio o comunidad autónoma.
- Policías locales: posibilidad de jubilación anticipada voluntaria desde los 60 años.
- Policías autonómicos (Ertzaintza, Mossos d’Esquadra, Policía Foral de Navarra): cuentan con coeficientes similares a los de Policía Nacional.
- Policía Nacional y Guardia Civil: jubilación a partir de los 59 años con un mínimo de 30 años de servicio efectivo.
Y los militares, ¿qué situación tienen?
A pesar de que llevan a cabo tareas que encajan dentro de la definición de riesgo —como el manejo de armas y explosivos, operaciones en zonas de conflicto, ejercicios con fuego real, desactivación de artefactos, paracaidismo, entrenamiento en alta mar y operaciones aéreas—, los militares no están incluidos formalmente en la relación de profesiones de riesgo.
Según cifras del Ministerio de Defensa, entre 2011 y 2022 falleció un militar español en acto de servicio cada 22 días.
Además, la situación presenta complejidad debido a la coexistencia de dos regímenes:
- Militares incorporados antes de 2011: pertenecen al régimen de Clases Pasivas, donde no se aplican directamente coeficientes reductores por profesión de riesgo. Este grupo incluye a miles de efectivos.
- Militares ingresados desde el 1 de enero de 2011: forman parte del Régimen General de la Seguridad Social, donde sí serían aplicables los coeficientes.
Por tanto, esta doble modalidad ocasiona una paradoja: aunque se aprobase la profesión de riesgo mañana, una parte importante de los uniformados quedaría excluida.
¿A qué edad se jubilan actualmente los militares?
La edad para la jubilación obligatoria varía según la categoría militar:
- Tropa y marinería profesional: 58 años.
- Suboficiales y oficiales: entre 61 y 65 años, según la escala.
- Oficiales generales: hasta 68 años para aquellos de mayor rango.
La pensión se calcula proporcionalmente a los años de servicio y, en el régimen de Clases Pasivas, se basa en el haber regulador del empleo, no en la base de cotización como en el Régimen General.
Cambios que supondría el reconocimiento como profesión de riesgo
Si avanza la propuesta presentada por Defensa en el COPERFAS (Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas) en marzo de 2026, las modificaciones serían importantes:
- Coeficientes reductores: se propone un coeficiente de 0,20 por año de servicio, lo que permitiría jubilarse desde los 60 años —o antes si se cuentan suficientes años cotizados— sin afectación en la pensión.
- Equidad: las asociaciones piden que las condiciones sean equiparables a las de Policía Nacional y Guardia Civil.
- Aplicación general: Defensa manifestó en abril de 2026 que esta medida debería aplicarse a todo el personal, «tanto del Régimen de Clases Pasivas como del de Seguridad Social», aunque su implementación normativa será compleja.
Cronología del proceso
Aunque la reivindicación es antigua, los avances más significativos han tenido lugar en 2026:
- 2025: el Senado aprobó una propuesta para incluir a los militares entre los colectivos con coeficientes reductores, pero se quedó paralizada en el Congreso.
- Marzo de 2026: Defensa presentó la propuesta al COPERFAS e inició gestiones ante el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.
- Abril de 2026: Defensa aceptó que el reconocimiento debe abarcar a todos los militares, no solo a los incorporados después de 2011.
- Septiembre de 2026: AUME hizo un llamado público para que Defensa avance en el tema.
- Octubre de 2026: ASFASPRO, AUME y UMT solicitaron una reunión urgente con la ministra de Defensa, denunciando que el asunto lleva más de diez años sin progresos reales en el Consejo de Personal.
Un asunto con relevancia particular en Ceuta
Ceuta es una de las ciudades españolas con mayor proporción de personal militar respecto a su población. Con casi 3.500 efectivos para una población de alrededor de 84.000 habitantes, aproximadamente uno de cada 24 habitantes de Ceuta es militar. Por ello, el reconocimiento como profesión de riesgo tendría un impacto específico en esta ciudad autónoma.
¿Cuándo podría llegar la aprobación?
No existe un calendario definido. Para avanzar, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social debe elaborar y presentar un real decreto al Consejo de Ministros, lo cual requiere un desarrollo normativo que, según las asociaciones, es improbable que se concluya antes de las próximas elecciones generales previstas para 2027.
Mientras tanto, las asociaciones temen que la iniciativa se transforme en una promesa electoral sin avances reales, agravando en lugar de resolver las desigualdades entre regímenes.
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