Este martes se somete a votación en el Congreso de los Diputados el decreto para prorrogar contratos de alquiler, cuya aprobación parece poco probable. La iniciativa, promovida por el Gobierno a través de Sumar, estipula una extensión de dos años para los contratos que finalicen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, además de limitar la actualización anual del alquiler al 2%.
La falta de respaldo en el Parlamento marca esta votación. Junts mantiene su rechazo, y PP y Vox también votarán en contra. A esta negativa se suma la abstención anunciada por el PNV, que argumenta cuestiones “formales y de fondo” y la inseguridad jurídica que genera el texto.
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El PNV optará por la abstención en la votación del decreto de alquileres
La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha confirmado que su grupo se abstendrá. El partido jeltzale considera que, aunque la propuesta vaya en buena dirección, la problemática habitacional requiere pactos más duraderos y soluciones a mediano y largo plazo.
Además, el PNV reclama al Ejecutivo una aclaración respecto a la situación de los inquilinos que ya hayan solicitado prórroga en caso de que el decreto no prospere. Esta inseguridad jurídica fundamenta buena parte de los motivos para su abstención.
Junts confirma su rechazo y deja al Gobierno sin mayoría para aprobar la medida
El principal inconveniente para validar el decreto es la oposición de Junts. La agrupación de Carles Puigdemont ha dejado claro que no apoyará el texto en las condiciones actuales, a pesar de los intentos de Sumar por negociar hasta el último instante.
Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha señalado que todavía existen posibilidades para alcanzar un acuerdo, incluyendo ajustes fiscales. Sin embargo, Junts insiste en que el decreto debe retirarse y ser reemplazado por una proposición que incluya apoyos tanto para los inquilinos como para los pequeños propietarios.
Principales puntos del decreto de prórroga de alquiler
La normativa establece dos elementos esenciales. Por un lado, autoriza la extensión por dos años de contratos que terminen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Por otro, limita al 2% las actualizaciones anuales de la renta durante este período.
El Gobierno pretende evitar incrementos bruscos en los precios y proteger a los inquilinos en un contexto de alta presión en el mercado del alquiler. Sumar defiende que esta medida beneficiará a millones de personas y acusa a los grupos opositores de dejar a los arrendatarios sin protección.
Sumar considera una votación pública por llamamiento
Ante la posible derrota, Sumar está valorando que la votación se realice mediante llamamiento público, donde cada diputado manifieste su posición en voz alta. La formación considera que este asunto es suficientemente importante para dejar constancia clara de los apoyos y rechazos.
Por su parte, Podemos da por prácticamente perdida la votación y pide al Ejecutivo que prepare un “plan B” para recuperar la normativa si el Congreso la rechaza. Su propuesta se basa en buscar alternativas para continuar protegiendo a los inquilinos afectados.
Sánchez defiende la intervención en el mercado de la vivienda
Paralelamente a la votación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado la necesidad de intervenir un mercado inmobiliario que, según él, no funciona adecuadamente. En el Foro de la Innovación Urbana, destacó que muchas familias destinan una parte importante de sus ingresos al pago del alquiler y puso como ejemplo las zonas tensionadas contempladas en la Ley de Vivienda.
Sánchez afirmó que en las áreas donde se aplican medidas de control, como en Barcelona, los precios han comenzado a estabilizarse, mientras que en otras regiones sin esas medidas el problema empeora.
Consecuencias si el Congreso rechaza el decreto
Si la norma no es convalidada, perderá vigencia y las medidas que incluye quedarán sin efecto. Esto impactaría especialmente en los contratos próximos a vencerse durante el periodo mencionado en el texto, al quedaren sin la opción de una prórroga extraordinaria de dos años.
El rechazo al decreto supondría un nuevo revés para el Gobierno en materia de vivienda y evidenciaría las dificultades para reunir el apoyo de la mayoría de investidura en torno a una iniciativa social de gran impacto.
Una votación crucial para la política de vivienda
La votación sobre la prórroga en el alquiler se ha convertido en un test para el Gobierno, Sumar y los grupos que condicionan la mayoría parlamentaria. Con Junts opuesto, PP y Vox en acuerdo de rechazo y el PNV reservado en abstención, la aprobación está prácticamente descartada salvo un cambio de última hora.
El debate sitúa nuevamente la vivienda en el centro del panorama político, confrontando dos posturas recogidas entre quienes defienden una intervención temporal para proteger a los inquilinos y quienes abogan por soluciones estructurales con mayor seguridad jurídica y ayudas también para los propietarios.
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